El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declarará la emergencia social en la ciudad en los próximos meses según la evolución de la crisis sanitaria y económica originada por la pandemia de la Covid-19. Así lo acordó este viernes el grupo de gobierno tripartito -PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias- en base a una enmienda a una moción presentada por parte del Partido Popular (PP), en la cual su portavoz, Pepa Luzardo, solicitó la puesta en marcha de inmediato este instrumento en el municipio. Toda la oposición votó en contra, pues apoyaron la propuesta de los populares tal y como la habían presentado.
La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, señaló que tomarán esta decisión en base a “la evolución de los indicadores”, refiriéndose así a los cambios que pueda sufrir la tasa de paro en la ciudad o un aumento de los solicitantes de la PCI (prestación canaria de inserción), especialmente una vez culmine la prórroga de los ERTE -previsiblemente el 31 de enero-. “Hasta el momento hemos dado respuesta a la situación, a través de la urgencia y la emergencia”, añadió. Aunque Luzardo rebatió dichas afirmaciones al indicar que “no están siendo eficaces”, pues, entre otros motivos, “están dando cita previa con los trabajadores sociales para marzo”. También en referencia a una moción del PP, el tripartito aprobó una enmienda mediante la cual se compromete a revisar las exenciones fiscales a pymes y autónomos de cara a 2021 por el cobro de tasas de licencia de apertura, terrazas o basura para paliar las consecuencias de la crisis económica.
Vargas detalló las prestaciones que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en los últimos meses a modo de escudo social contra los efectos nocivos de la pandemia en la economía. Entre estas, destacó los 2,6 millones de euros en concepto de bonos canjeables por comida y productos de higiene básica o los repartos de menús a familias vulnerables a través de Cáritas. Además, señaló que han contratado en este área a 20 trabajadores. “Hemos hecho más acciones que otros municipios que sí han declarado la emergencia”, subrayó la concejala.
La portavoz de los populares insistió en la sesión plenaria en la falta de personal de los Servicios Sociales municipales; esta aseguró que los trabajadores de este área le han trasladado que están “desbordados”. Es más, especificó que las personas contratadas solo están a tiempo parcial. Luzardo también solicitó que los bonos fueran sustituidos por otros tipo monedero para “no estigmatizar con tarjetas de pobres a quienes las utilizan” y poder así usarlas en distintos establecimientos.
El Ayuntamiento se abre a prolongar las exenciones fiscales a pymes durante 2021
Por otro lado, el portavoz de UxGC-CC, Francis Candil, señaló que, “lejos de generar alarmismo”, ve necesario utilizar esta herramienta -la declaración de la emergencia social- para dar una “respuesta más rápida” a quienes peor lo están pasando. Lidia Cáceres, líder de Ciudadanos, argumentó en la misma línea.
La concejala no adscrita Beatriz Correas puso a disposición de Vargas un estudio realizado por estudiantes universitarios para agilizar las prestaciones. Mientras, la otra edil sin afiliación política, Carmen Guerra, comenzó su intervención con la mítica frase “Houston, tenemos un problema”, para después recalcar que no se iba a “quedar con el lamento de la señora Luzardo” y denunciar que son muchas las personas que han tenido que acudir a las cáritas parroquiales ante la imposibilidad de obtener una cita inmediata.
Luzardo también añadió la necesidad de dotar de ayudas a las asociaciones vecinales de barrio. Es más, expuso el caso de una que se vio obligada a renunciar una semana a repartir fruta y verdura al no tener dinero para el transporte. Bajo esta premisa, el presidente de la Asociación Guaxayra -en las ramblas de Jinámar-, Basilio Hernández, iba a participar en el pleno, pero no pudo hacerlo por problemas médicos.
Los populares también presentaron una moción con el objetivo de establecer un plan de ayudas a pymes y autónomos por un valor de cinco millones de euros para paliar los efectos nocivos de la pandemia en sus bolsillos. La concejala de Economía y Hacienda, además de preguntarse por “la justificación” de dicha cantidad, sugirió en su lugar estudiar prorrogar las exenciones fiscales a las empresas de tasas municipales como la de licencia de apertura o el uso de la vía pública con terrazas, “es una enmienda lo suficientemente abierta”, añadió.
Otros acuerdos del Pleno Municipal
Urbanismo. Traslado de la gasolinera de Escaleritas para crear un bulevar:
El tripartito aprobó ayer pagar a Cepsa la cantidad de 818.279 euros por el traslado de su gasolinera en la avenida de Escaleritas hasta la rotonda del puente de La Feria, es decir, a unos 160 metros. Esta operación urbanística permitirá desviar la actual calzada, crear un bulevar junto a la urbanización Sansofé y, además, la idea también será crear un polideportivo con piscina en estos terrenos. Esta actuación fue duramente criticada por parte de la oposición. El edil del PP Ángel Sabroso señaló que “este no es el momento” para desembolsar tal cantidad de dinero. Lidia Cáceres (Cs), por su parte, incidió en la falta de comunicación con la oposición a cerca de las negociaciones entre el Consistorio y la petrolera.
Servicios sociales. Plan Municipal de la Infancia y Adolescencia:
El pleno aprobó ayer el Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia de la capital grancanaria de cara al periodo 2021-2024 con la idea de garantizar los derechos de los menores, según explicó la concejala Carmen Luz Vargas. Entre sus objetivos destaca promover proyectos de sensibilización con el cuidado del medio ambiente, involucrarles a diseñar espacios como parques y jardines, garantizarles el acceso al deporte o acercarles a espacios culturales. Además de velar por aquellos en situación de vulnerabilidad.
Hacienda. Pago a proveedores:
El pleno aprobó con los votos del grupo de gobierno el pago de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por un valor de 665.000 euros a la empresa Reyes Almeida. Cifra en concepto de la reparación de un muro en peligro de derrumbe entre los paseos de San Antonio y de Chil en 2017. La oposición votó a favor de la propuesta de pago aunque en algunos casos de manera crítica, dado el retraso con el que se ha producido.
Servicios Sociales. Red amigable con las personas mayores:
El pleno aprobó elevar al Consejo del Mayor la inclusión de la capital grancanaria en la Red de la Organización Mundial de la Salud de Ciudades Amigables de las Personas Mayores. El portavoz de UxGc-CC, Francis Candil, defensor de la moción, destacó que sería el primer municipio de la Isla en adherirse, además del carácter positivo de la iniciativa.
Seguridad. Adecuación servicio extinción de incendios:
El pleno aprobó una moción del edil David Suárez (UxGC-CC) para adecuar el servicio de extinción de incendios de la capital; tareas que según el edil de Seguridad, Josué Íñiguez, “muchas ya están en marcha”.
