Comprometidos con la justicia. Los magistrados de los juzgados de lo Social 3, 7 y 10 de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Arellano Martínez; Ramón José Toubes Torres y Javier Ercilla García, respectivamente, han sido recompensados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le ha otorgado a sus órganos judiciales el premio a la ‘Justicia más eficaz’. Un reconocimiento que han recibido gracias a la labor de estos jueces que buscan disminuir las pendencias y agilizar los procedimientos para dar una respuesta más rápida a las partes, en especial tras la cancelación de cientos de vistas orales durante el Estado de Alarma decretado para contener la propagación del coronavirus.
El premio a la ‘Optimización de recursos e integración de las nuevas tecnologías. Experiencia desde el año 2017’ ha sido entregado a estos tres juzgados por la labor que han venido ejecutando estos tres jueces que optaron por unir fuerzas para establecer un sistema de organización que les permitiese celebrar varios juicios y agilizar sentencias. “Nos pusimos de acuerdo en una serie de criterios comunes que consisten en organizar los señalamientos viéndolos uno a uno por temas, agrupándolos por día, despachos de abogados y estableciendo cuales son susceptibles a que duren más. La intención es que desde el principio todo esté bien colocado para que no haya problemas”, sostiene el titular del Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria desde hace 16 años, Ramón Toubes.
El juez explica que antes de la pandemia estos juzgados celebraban 15 vistas orales por día, pero con la llegada de la crisis sanitaria y las restricciones de aforo para hacerle frente han tenido que reducirlo a diez. “El problema fundamental que tenemos es que debemos señalar muy pocos juicios al día. Entonces para que funcione bien tenemos que juntar los juicios por letrado poniéndole todos el mismo día para disminuir problemas como las suspensiones y, por otro lado, facilitar en la medida de lo posible la implementación de los medios telemáticos. Es decri, hacer los juicios por vídeollamada a través de nuestro sistema que es Webex”, añade a la vez que explica que a veces las vídeoconferencias presentan muchos problemas por la conexión de internet de las partes.
Además de la organización en cuanto a la celebración de los juicios, han implementado un programa que les permite dictar sentencias en periodos cortos de tiempo, según sea el caso, un proyecto tecnológico al que se ha dedicado el titular del Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria desde hace cuatro años, Javier Ercilla. “Es un sistema de automatización de modelos de sentencias que consiste en dictar fallos a los que se declaran en rebeldía u oposiciones formales -cuando la parte demandada no se allana pero no muestra una posición muy difícil para poner una sentencia fácil- y en estos casos hay que poner una sentencia casi de modelo y si el juez tiene que buscarlo, elegirlo y rellenarlo; puede tardar mucho tiempo y cometer errores. Por lo que nosotros lo que hacemos es que en todos los tipos de procedimientos que son más susceptibles a rebeldía u oposiciones formales, ahondamos en unos modelos instaurados entre nosotros tres y establecer alternativas de lo que puede suceder”, indica el juez Javier Ercilla.
“Es decir, si lo que se reclama es una cantidad de dinero, pues utilizamos los fundamentos para esta. Todo eso lo ponemos en un programa informático a través de formularios dinámicos y con eso únicamente el magistrado lo que tiene que hacer es: señalar si es un juicio de oposición formal y rellenar los distintos campos como el nombre, salario, antigüedad, hechos probados, un poco de valor general de la prueba y ya se da a aceptar y se tiene la sentencia terminada en un 80 o 90% . Es decir, en vez de tardar diez minutos que es lo normal, lo dilucida en dos o tres”, enfatiza. De igual forma, comenta que en los “juicios complicados” no utilizan estos modelos sino que se dedican a una cosa más jurídica.
Además, reducen de diez a tres el tiempo utilizado para dictar una sentencia en rebeldía. También, desde el punto de vista organizativo, evitan suspensiones porque miran los procedimientos “desde el principio hasta el final” y cuando llega el día del juicio no se suspenden porque “está todo bien atado”. Mientras que desde el punto de vista tecnológico, resuelven fallos fáciles en tres minutos entonces se dictan más sentencias y se celebran más juicios.
Con esta labor de seleccionar los procedimientos de la misma naturaleza o que lo que pidan sea parecido permite optimizar más el tiempo. “En los casos de prestaciones los acumulamos por tipos a parte de la Mutua y evitar la salida y entrada al juzgado tomando en cuenta las normas por el covid”, sostiene.
Por su parte, la titular del Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Arellano, matiza que “básicamente solo hay que modificar algunas cosas a través de las ventanas que ha creado Javier Ercilla e introducir las diferencias que puede haber entre un procedimiento y otro. Esto nos ha permitido hacer las sentencias más rápidas pero también disminuir la pendencia, sobre todo en los tiempos en los que estamos ahora”, señala. La magistrada también recuerda que con el Estado de Alarma se tuvieron que suspender unos 500 juicios que se suman a la entrada de casos masiva que ha habido de 1.400 procedimientos al año cuando se estipulan 825 -siendo el juzgado en los que más asuntos se atienden en España por encima de Madrid y Almería- por lo que asegura que “la pandemia lo desbordó todo” y es que antes de la crisis sanitaria lograban resolver los asuntos en tres meses o menos. A su vez, Ercilla narra que a pesar de ser los juzgados con más procedimientos están señalando vistas orales para 2021 mientras que en otras provincias como Sevilla están señalando para 2023.
Otro de los mecanismos que han implementado desde septiembre y hasta diciembre de 2021 es el autorefuerzo -horas extras- para poder adelantar los pleitos que se han ido atrasando por la pandemia. Los magistrados reiteran que ellos trabajan incluso los fines de semana porque “una persona enferma no puede estar tres años esperando su prestación ya que las ayudas se acaban y la justicia lenta no es justicia”, sentencia Arellano. Igualmente, Ramón Toubes añade que se “teme una avalancha de despidos” tras la culminación de los ERTEs y más pleitos por las rentas mínimas vitales que se han negado.
Falta de salas y refuerzos
Los jueces indican que por el covid han dejado de celebrar en sus salas polivantes y que sólo tienen acceso a una normal cada dos viernes lo que atrasa el proceso. También celebran vía telemática dos días a la semana pero es una alternativa voluntaria a la que se adhieren las partes. Por tanto, piden a la Administración que les ayuden ya que “no han puesto un euro, todo esto que hacemos es porque tenemos la voluntad y la colaboración de las partes pero no se ve una intención de apoyar para que esto salga adelante”, apunta Toubes a la vez que expresa que tendrían que haberse nombrado otros refuerzos -antes de la pandemia- para los juzgados de lo Social que aún no se han efectuado. Además de la creación del número 11 “por esta avalancha de procedimientos que se espera y que debía haber entrado en funcionamiento en septiembre, cosa que aún no ha pasado”, ratifica Arellano. La magistrada relata que cuando llegó al juzgado hace 15 años se encontró con 1.600 asuntos que estaban sin señalar y “al ver eso se te cae el alma a los pies y no parece que le preocupe a nadie. Se crearon el 7,8,9 y 10 pero han sido insuficientes para asumir la carga de trabajo que, según un estudio, para soportarla se requieren 14 juzgados”, concluye. | M. S.
