El Juzgado ha emitido una orden de desahucio para una vecina de La Isleta de 90 años que vivía junto a su hijo, que padece de una enfermedad mental, en un piso de alquiler. El Ayuntamiento emitió en febrero de este año un informe donde ponía de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentra la familia, que cuenta con dos prestaciones mínimas.
La abogada del Sindicato de Inquilinos de Canarias Isabel Saavedra ha denunciado que solicitaron al Juzgado la suspensión del desahucio, ya que “la ley establece que si no hay una solución habitacional no se pueden ejecutar”, pero hasta ayer el tribunal no les había dado respuesta al lanzamiento, que debe ejecutarse hoy. Asimismo, destaca que en noviembre de 2019 se presentó el desahucio por lo que el ente judicial requirió al Consistorio el informe de vulnerabilidad que se emitió el pasado mes de febrero y en el que consta la falta de recursos de la familia. Pese a eso, el procedimiento no se frenó y no fue hasta el domingo, según añade la letrada, hasta se le consiguió una solución habitacional temporal.
La anciana vive con su hijo que tiene una enfermedad mental y cobra la prestación mínima
“El Ayuntamiento les entregó primero una única ayuda de 700 euros para que se buscasen un piso en alquiler, pero al no ser personas que cuenten con una nómina, no les alquilan”, sostiene Saavedra, a la vez que asegura que se esperaron tres días antes para buscar una vivienda donde alojar a Maravilla Fernández y a su hijo. “Lo insólito es que es un piso que se paga por día de estancia hasta que el Gobierno de Canarias le asigne una vivienda. Lo ideal es que hubiesen buscando desde un principio una solución y no esperar hasta el último momento”, resalta, al tiempo que destaca que “es mentira la campaña anti-desahucio que llevan desde el Gobierno central”.
Por su parte, Maravilla Fernández asegura que pagaba el alquiler de la vivienda en la que residía, pero que no cuenta con recibos para demostrarlo, ya que “nunca” se los entregaron. Mientras que desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento manifiestan que le han entregado una ayuda de manera anticipada y que para el sábado ya contaban con la solución habitacional temporal, adelantándose a la decisión judicial, ya que le corresponde al Gobierno de Canarias -al que no se le ha informado respecto a este caso- ofrecer una definitiva. Además, de la ayuda de emergencia de 800 euros otorgada a la familia y un piso de alquiler temporal, el Consistorio asegura que ha hecho todo lo que está en sus manos, incluyendo encargarse de la mudanza que se llevó a cabo ayer por la tarde.
