La Policía Local tiene registrada la presencia de un total de 29 casas abandonadas en la capital grancanaria que han sido ocupadas ilegalmente y que están ocasionando problemas de convivencia con los vecinos. La mayoría de estas casas están en muy mal estado, según manifestó el concejal de Seguridad Ciudadana, Josué Íñiguez, durante una comparencia en el pleno municipal del pasado 22 de diciembre a petición del Partido Popular (PP).
Han sido precisamente los trastornos que causan los okupas a los vecinos, que en algunos casos está relacionada con el trapicheo de drogas -como en la antigua comisaría de la calle Miguel Rosas al lado de Las Canteras-, lo que ha permitido a los agentes conocer la ocupación de estos edificios o viviendas, pese a lo cual las situaciones se eternizan en el tiempo. Íñiguez asegura que en la mayoría de estos casos, la competencia es de la Policía Nacional y añade que se ha creado una mesa conjunta con la fuerza estatal para tratar de solucionar el problema y evitar que vaya a más debido a la crisis económica que sufre el Archipiélago en la actualidad.
Guanarteme, San Lorenzo, Tamaraceite, San Juan o La Isleta son algunos de los barrios en los que proliferan las casas con okupas, tras ser abandonadas por sus dueños, en muchos casos bancos y constructoras.
“Estamos echando una mano a la Policía Nacional para localizar a los propietarios de estas viviendas para que se hagan responsables de las mismas porque de las 29 viviendas” localizadas “18 están en mal estado y algunas de ellas entrañan peligro para los propios ocupantes”. Añade que se “ha dado trámite al servicio de Protección del Paisaje” para que intervenga ante el riesgo de estas casas o edificios abandonados.
El concejal se defiende de las críticas de los vecinos y de la oposición en relación a la pasividad del Ayuntamiento y asegura que son competencia de la Policía Nacional. “La actuación de la Policía Local se ha centrado en dos aspectos: ayudar en la medida de lo posible a localizar a los propietarios que han abandonado los inmuebles e intervenir en la medida de lo posible mediando en los problemas de convivencia que ocasiona entre los vecinos”, subraya.
En cualquiera de los casos, Íñiguez sí quiere dejar claro que el fenómeno de la ocupación de viviendas en la capital dista muy mucho de esa visión alarmista que se ha querido dar de que “una persona se va de vacaciones y a la vuelta se han metido en su casa. En la ciudad no se da esa circunstancia y sólo son ocupadas las casas abandonadas”, una situación que reconoció, genera graves problemas de convivencia. También quiso diferenciar estas ocupaciones denunciadas por el vecindario de otras en las que los okupas rehabilitan la casa abandonada y se integran perfectamente.
El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, se muestra muy crítico y echa en falta una intervención más decidida por parte del Ayuntamiento. “En sólo dos jornadas de trabajo hemos conocido seis puntos de ocupaciones en el barrio de La Isleta, uno de ellos en un supermercado abandonado que los vecinos denominaron el supermercado de la droga. Si nosotros, sin ser profesionales, somos capaces de detectar seis puntos de ocupaciones dudamos mucho de qué tipo de trabajo se está haciendo al respecto”, advierte el edil que recuerda el incendio que tuvo lugar el pasado lunes junto en una casa ocupada junto a las Casas Consistoriales, “cuyos tres okupas tuvieron que ser salvados y nadie sabía que estaban allí”. El concejal señala también los inmuebles públicos ocupados, como un edificio de la calle Buenos Aires, propiedad del Cabildo de Gran Canaria.
INCENDIO EN LA VIEJA COMISARíA
El caso de la vieja comisaría de Miguel Rosas ocupada desde hace más de cinco años por una decena de personas es un ejemplo de la inacción de las administraciones, pese a las quejas del vecindario. El edificio pertenece al banco malo (Sareb), que dice que está pendiente del juez. El Ayuntamiento le dice a los vecinos que es una propiedad privada y que el menudeo de droga es competencia de la Policía Nacional, que ni siquiera actuó el pasado abril cuando los vecinos denunciaron la burla continua del confinamiento. Tampoco el incendio desatado en noviembre pasado consiguió cambiar las cosas, aunque se hablaba de un desalojo inminente y una parte del edificio ha sido inutilizada. “Esto es un desastre”, resumen los vecinos. | T. G.
