Las particulares características de los ambientes marinos afectan a cualquier infraestructura situada en entornos costeros. La humedad y la sal se alían para desgastar el acero y el hormigón, por lo que el mantenimiento de las instalaciones expuestas a estas condiciones resulta imprescindible para mejorar su vida útil y evitar colapsos o accidentes fatales. El Puerto de Las Palmas, que cuenta con casi 18 kilómetros de línea de atraque y otros equipamientos sensibles, está a punto de poner en marcha un sistema de gestión de la conservación que incluirá un plan de mantenimiento para revisar de manera periódica todos esos recursos y actuar donde sea necesario.
La Autoridad Portuaria mantiene abierto hasta comienzos de febrero el plazo de licitación para una asistencia técnica con la que espera dar forma a las primeras etapas de este sistema. La empresa adjudicataria tendrá un año para localizar todas las infraestructuras del Puerto de La Luz y del de Arinaga, realizar un inventario y acometer una inspección que permita definir su estado actual, antes de poner en marcha el plan. Entre los elementos que deberán ser revisados no solo se encuentran las líneas de atraque y los diques en su parte emergida y en la sumergida: también los viales de tráfico, las defensas y los amarres, las zonas de operaciones, las galerías de servicios, los pantalanes y los espaldones.
El proceso arranca con un inventario de todos los muelles y equipos en La Luz y Arinaga
La obtención de datos en esta primera fase, que cuenta con un presupuesto de 75.000 euros, será minuciosa. El inventario, como paso inicial, deberá recoger con detalle la localización de cada elemento, su tipología, las características técnicas y geométricas y el historial de revisiones y actuaciones a las que haya sido sometido, entre otros aspectos. Esta etapa de recopilación resulta crucial para evaluar con posterioridad “los recursos humanos y materiales necesarios realmente para el correcto mantenimiento”, según se indica en la memoria justificativa del contrato.
El segundo cometido de la empresa adjudicataria será la inspección de todos esos componentes. El objetivo, de acuerdo con la Autoridad Portuaria, radica en “tener un conocimiento real del estado de conservación que tienen las infraestructuras” que componen La Luz y Arinaga. Cada elemento será sometido a un reconocimiento y categorizado por su estado -bueno, malo o a sustituir- y por su uso -sin restricciones, con ellas o fuera de servicio- de acuerdo a unos parámetros que también deberán ser definidos a través de esta asistencia técnica. El posterior sistema de inspecciones que acabará incluido en el plan anual de conservación del Puerto de Las Palmas también deberá quedar definido a través este contrato.
Tras el inventario y las inspecciones, aún quedarán por desarrollar dos fases para que el plan de gestión de la conservación pueda cumplir el objetivo para el que está siendo puesto en marcha. Por un lado, la Autoridad Portuaria quiere que se establezca un orden de prioridad en las actuaciones que le permita discernir aquellos puntos que requieran una atención de carácter inmediato. A continuación llegará por fin la fase de realización de los trabajos, con un registro de incidencias, órdenes de trabajo y partes que permita ir adaptando el plan a las necesidades específicas de cada nuevo ejercicio.
Las inspecciones determinarán el estado real de conservación de las infraestructuras
La implantación de planes de conservación de las infraestructuras es un proyecto que Puertos del Estado comenzó a impulsar hace dos años, durante la presidencia de la canaria Ornella Chacón. El organismo quería introducir como objetivo de los planes de empresa de las autoridades portuarias la elaboración de estos sistemas de gestión para garantizar condiciones óptimas de las instalaciones durante toda su vida útil tras un largo periodo de grandes obras marítimas que hicieron crecer los puertos de la red estatal. En este sentido, el recinto de la capital grancanaria ha aumentado su línea de atraque un 60% en los últimos 20 años.
El desarrollo de estos planes se vio acelerado tras varios sucesos que demostraron la necesidad de mejorar el mantenimiento de las grandes infraestructuras para prevenir accidentes. El 12 de agosto de 2018, más de 400 personas resultaron heridas en la localidad gallega de Vigo después de que se desplomara parte de un paseo en la zona de interacción puerto-ciudad. Dos días después, el colapso de un puente en la ciudad italiana de Génova que carecía de un mantenimiento adecuado causó más de 40 muertos.
