El exdirector de la Autoridad Portuaria Salvador Capella señaló ayer que los propietarios del Poong Lim 11 ocultaron datos del barco al Puerto. En la segunda sesión del juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria contra de Ezequiel R.S. y Ana María L.L., dueños de la empresa también investigada por los hechos Charter Marítimo Archipiélago Canario SL por, presuntamente, “omitir las normas de seguridad y prevención de riesgos que pudiese generar” el buque actuando en “flagrante negligencia y con evidente menosprecio hacia el ecosistema marino de la zona en la que se encontraba la nave”, declaró el que fuese director de la Autoridad Portuaria en ese momento y aseguró que siempre habían tenido un “desencuentro importante” entre los datos que pedían del pecio a los acusados y los que recibían.
“Les solicitamos datos del estado del barco y cuando los recibíamos era tarde o estaba incompleto”, manifestó Salvador Capella. El testigo contó ante la jueza que se percataron del hundimiento del barco dos días después tras el aviso del centro de control que, además, lo comunicó a los dueños de la embarcación. Es por esto que, sostuvo, se inició un expediente sancionador contra la sociedad, ya que “no aportaban datos claros y no actuaban con contundencia” para frenar la contaminación.
Asimismo, Capella indicó que la empresa acusada tenía adjudicada en ese momento y de manera exclusiva la vigilancia de los buques abandonados, entre ellos el siniestrado. La labor de la sociedad, explicó el exdirector de la Autoridad Portuaria, consistía en impedir y/o minimizar las fugas de combustible, el hundimiento de barcos, así como extraer y limpiar las embarcaciones para evitar la contaminación de las aguas portuarias.
“No actuaban con contundencia para frenar la contaminación”, afirma el testigo
Capella reseñó también que los acusados compraron el barco en mayo de 2014 e hicieron la solicitud de desguace ante la Autoridad Portuaria, pero que desconoce por qué no se llevó a cabo el desarme del Poong Lim 11, pero destacó que al ser adquirido por esta empresa dejó de estar en el contrato de vigilancia de embarcaciones abandonadas.
La zona más afectada según el testigo fue la playa de Las Alcaravaneras, al ser zona de baño, por lo que tuvo que cerrarse un tiempo hasta eliminar los residuos oleosos. Igualmente especificó que le llamaba la atención “la continuidad de días” en las que estuvieron saliendo residuos del buque. “Un vertido que dure un mes nunca ha sido normal. En este caso iban saliendo poco a poco”, reveló, a la vez que aseguró que no tuvo constancia de que otra embarcación tuviese pérdida de combustible. “Se intuía que el vertido salía del barco, porque desde el pantalán de Cory Naciente, donde estaba situado el pecio, se veían salir burbujas”, aseveró.
Según los peritos hay un 70% de probabilidad de que los residuos salieran del pecio
Por su parte, el inspector de la empresa contratada por los acusados para examinar las aguas cinco días después del hundimiento relató que cuando acudieron ya había una barrera de contención y que emanaban “pequeños” residuos oleosos. “Las manchas en la superficie eran evidentes, no apreciamos un punto claro de pérdida, aunque es cierto que lo hicimos el 25 de enero”, apostilló. “Diariamente extraíamos residuos con agua, tuvimos que volver al cabo de una semana y durante todo el mes de febrero sacábamos sólidos y líquidos. Algunas veces salía oleosa y otras con suciedad”, destacó.
El fiscal solicita un año y 11 meses de prisión y multa de 3.150 euros para cada uno de los acusados, así como tres millones de euros para la empresa acusada Charter Marítimo Archipiélago Canario SL. El juicio continúa hoy.
Más fuel del que debía tener
El portavoz de Ardentia Marine SL, - empresa a la que se le adjudicó el rescate- destacó que inició las actuaciones siete meses después del hundimiento y que en el almacén había más fuel del que debería tener. “Nunca habíamos encontrado tanta cantidad de este combustible en un buque de estas dimensiones”, apuntó, a la vez que explicó que tardaron una semana en taponar los agujeros de entre diez y 15 centímetros que tenía el pecio. “Los barcos en estas circunstancias se dejan en lo mínimo, la media es de cinco a diez mil litros, todo lo que pasa de ahí es un riesgo para el medio ambiente”. También añadió que se recolectaron 125 toneladas de este hidrocarburo dentro del barco. Mientras que los peritos comentaron que la probabilidad de que el residuo que contaminó las aguas proviniera del pecio era del 70%. | M. S.
