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La parálisis de la ley impide destinar más dinero a las familias vulnerables

Candil denuncia que el Gobierno canario sólo aporta a la capital 5,1 millones para políticas sociales pese a que debería dar 14 millones

De izquierda a derecha, los concejales David Suárez y Francis Candil y la diputada Cristina Valido. | | LP/DLP

De izquierda a derecha, los concejales David Suárez y Francis Candil y la diputada Cristina Valido. | | LP/DLP

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria percibe menos dinero del que le corresponde para atender a las familias más vulnerables debido al incumplimiento de la ley canaria de servicios Sociales, que obliga al Gobierno canario a financiar el 40% de lo que gasta el municipio en la atención a las personas sin recursos. El Ayuntamiento capitalino destina este año 35 millones la atención social, de los cuales la Comunidad Autónoma sólo financia 5,1 millones cuando debería aportar como mínimo 14 millones. El retraso en el desarrollo del reglamento de la Ley de Servicios Sociales, aprobada hace dos años, impide a la capital grancanaria y al resto de municipios del Archipiélago contar con más dinero y más personal para atender de una manera más adecuada a las familias en circunstancias tan duras como las provocadas por la pandemia.

Así lo denunciaron ayer el portavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil y la exconsejera de Servicios Sociales y actual diputada de CC en el Parlamento canario, Cristina Valido. Ambos urgieron al Ejecutivo regional a desarrollar de manera inmediata la ley aprobada hace casi dos años para ayudar a los municipios canarios a atender la emergencia social, lo que se traduciría en una dotación de más fondos y más personal. La formación calcula que el municipio necesita el doble del personal que atiende en estos momentos los servicios sociales y tres veces más trabajadores sociales para la atención comunitaria.

Candil advirtió que los servicios sociales están desbordados por una situación en la que “hay en torno a 50.000 parados. Las ONG hablan de incrementos en la demanda de ayudas de hasta un 72%. Todo ello provoca que se tarde hasta tres y cuatro meses en dar hora para hacer una primera valoración, por la falta de personal. Hay 204 personas trabajando en los servicios, una cantidad que seguramente habría que duplicar” y que podría hacerse si estuviera desarrollada la ley, porque se trata de un mecanismo que “permitiría incrementar el número de personal y de recursos económicos, lo que redundaría en más ayudas de emergencia y más prestaciones”.

CC-UxGC reclama más beligerancia a Hidalgo y que exija los fondos que le corresponden

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“El Ayuntamiento”, sostuvo, “debería recibir del Gobierno canario 14 millones como mínimo, pero este sólo aporta 5,1 millones a través de un plan concertado, una cantidad tan escasa que le vamos a pedir al alcalde” Augusto Hidalgo “que sea más beligerante en la defensa de la ciudad y exija al Gobierno que cumpla la ley”.

Cristina Valido lamentó que los responsables del Ejecutivo regional “se hayan olvidado, una vez que han llegado al poder, de la ley que nos exigieron aplicar y que fue aprobada de manera unánime”. Añadió que el desarrollo de esta es fundamental, porque además de garantizar financiación y personal adecuado a los municipios en las políticas sociales, “establece convenios cuatrianuales que aportan estabilidad”.

“En este momento de emergencia social no tenemos adecuadamente dotados los servicios sociales comunitarios ni en personal ni en recursos. Estamos fracasando a la hora de afrontar esta crisis y las familias no pueden más, los ayuntamientos tampoco ni las ONG, que le están salvando la cara a las administración pública porque atiende a las familias a las que no llega el Ayuntamiento y deberían estar dotadas adecuadamente”. Estas entidades del tercer sector, subrayó, “no pueden estar dependiendo de si sacan una convocatoria o no. Hay que desarrollar el plan estratégico de servicios sociales, el catálogo de prestaciones y servicios y la concertación social. El representante de Yrichen nos decía que no podían llegar todos los años a noviembre con la pastilla debajo de la lengua a ver si llegaba la subvención o tenían que cerrar. El Gobierno no cumple la ley y no paga lo que tiene que pagar y al final a quien perjudica es a la ciudadanía”.

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