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La regulación del alquiler vacacional en el municipio acaba en los tribunales

El juez admite a trámite una demanda del sector, que acusa al Ayuntamiento de prohibir la actividad de manera encubierta | Afirma que es imposible de cumplir

Viviendas vacacionales al lado del paseo de Las Canteras, en la zona de La Puntilla

Viviendas vacacionales al lado del paseo de Las Canteras, en la zona de La Puntilla

La regulación del alquiler vacacional en la capital grancanaria ha llegado a los tribunales. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite una demanda de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), en la que reclama la anulación de la nueva normativa aprobada en julio del pasado año, al considerar que en la práctica “supone una prohibición encubierta de la actividad”. La regulación, que consiste en asimilar la vivienda vacacional a las explotaciones turísticas y aplicarles la misma normativa, supone en la práctica la desaparición del 95% de los pisos turísticos, según el sector.

El presidente de la Ascav y letrado de la asociación, Javier Valentín, ha informado de que la sala emitió el pasado 15 de febrero una notificación en la que admite a trámite la demanda y “ahora le dará traslado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como parte demandada para que conteste en un plazo de 20 días”.

La asociación sustenta su demanda en un informe pericial en el que se demuestra, asegura Valentín, que “hay una limitación injustificada de la vivienda vacacional, con una falta de motivación absoluta y unos requisitos de imposible cumplimiento”. Ello supone en realidad, a juicio de los demandantes, “una práctica de prohibición encubierta de la actividad” del alquiler turístico en Las Palmas de Gran Canaria.

La regulación recurrida por Ascav fue aprobada de manera definitiva en el pleno del 31 de julio de 2020 sólo con los votos del gobierno tripartirto y el rechazo de la oposición, dentro de la modificación de las normas de ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO).

La nueva norma aboca a la desaparición del 95% de los pisos turísticos

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En esta normativa se establece que las viviendas vacacionales son una actividad turística, lo que permite aplicarles una serie de normas contenidas en la ordenanza de la edificación, entre ellas, que deberán tener una entrada, escaleras y ascensores diferenciados en los edificios residenciales y que la explotación se deberá llevar en plantas inferiores a las viviendas residenciales. A juicio del sector, esta normativa implica la desaparición del 95% de las viviendas de alquiler vacacional de la capital.

El colectivo espera que el juez les de la razón y se basa para ello en una sentencia de agosto pasado, en la que un juzgado anuló una orden de cierre de un piso turístico en el barrio de Arenales. En concreto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis de Las Palmas declaró nulo el cese de la actividad, una orden de cierre que se basó en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Edificación, que establece que los locales que se destinen a uso turístico tienen que estar situados por debajo de la planta residencial. Al respecto, el juez considera que la cesión del uso de la vivienda no la convierte en un local y resalta la “incompetencia” del Ayuntamiento para tomar esta decisión.

“Nosotros insistimos”, subraya Valentín, “en que las viviendas vacacionales no son ningún local, son una vivienda y no se les puede aplicar una norma que limita los derechos. Tenemos esperanza en que el TSJC dicte una sentencia en la que estime nuestra denuncia porque realmente consideramos que se trata de una limitación injustificada y sin motivación. Lo que pedimos es que se anule la limitación de la vivienda vacacional”.

La regulación fue aprobada después de que los técnicos de Urbanismo, que dirige el concejal Javier Doreste, rechazaran más de 300 alegaciones presentadas por el sector, basándose para ello, entre otras razones, en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Edificación.

La Ascav critica que la medida sólo perjudica a los pequeños propietarios

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Los gestores de pisos turísticos incluyen en su argumentación el informe desfavorable que realizó la secretaria general del pleno del Ayuntamiento, Ana María Echeandía, quien advirtió, en relación con la desestimación de las alegaciones por parte de los técnicos, que la misma “no es ajustada a derecho”, porque “las condiciones de posición y acceso independiente respecto al uso residencial contravienen” el Reglamento de Vivienda Vacacional de la Comunidad Autónoma de Canarias, puesto que lo hace inaplicable”. A juicio de Echeandía, se incurre en una “nulidad de pleno derecho por vulnerar una disposición de rango superior”. En el punto quinto de su informe, Echeandía considera además que “el artículo 16 de la Ordenanza de Edificación no se refiere a viviendas sino a locales”. A juicio de Valentín, “lo único que verdaderamente se permite en esta regulación es que sólo puedan continuar con el negocio aquellos grandes propietarios que dispongan de un edificio destinado por completo al alquiler vacacional. Nos llama muchísimo la atención que un grupo de gobierno, que se supone que es de izquierda, plantee una regulación que beneficia a los grandes tenedores de viviendas y de patrimonio en perjuicio de los pequeños propietarios, porque lo único que hace es limitar esta actividad al ciudadano de a pie y máxime en los tiempos que corren, en los que Las Palmas de Gran Canaria se está situando como una ciudad estratégica para los nómadas digitales, los millennials y un teletrabajador no se queda en un hotel, se queda en una vivienda vacacional porque se va a estar meses”.

A juicio de la asociación, este tipo de “normativa lo que hace es ahuyentar este tipo de turistas, algo muy negativo en los tiempos que vivimos”. Como el resto de actividades turísticas, el alquiler vacacional atraviesa por muy malos momentos, ya que las reservas han caído en picado desde que se declaró la pandemia en marzo del pasado año. En la capital hay registrados según el Instituto Nacional de Industria 2.250 pisos turísticos que ofertan 8.030 plazas.

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