Tomás Luis Martín Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) es el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria desde 2003 y será el encargado de dirigir el proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, para el cual goza de gran experiencia.
Comprometido con la infancia. Así se le puede definir al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de las Palmas de Gran Canaria, Tomás Luis Martín Rodriguez, y es que se ha enfocado en hacer de los edificios judiciales un lugar más ameno para los más pequeños víctimas de violencia familiar o sexual, sin embargo, el reto es lograr que los menores no tengan que acudir a los juzgados y evitar a toda costa la victimización secundaria.
Todo empezó en 2015 con la toma de posesión de Óscar González Prieto como juez decano de los jueces capitalinos y es que le propuso a Martín ser su delegado en materia penal. “Detectamos que teníamos un problema en cómo abordábamos a las víctimas menores que habían sufrido delitos en muchas ocasiones, muy graves, y él me abre todas las posibilidades para mejorar lo que considerábamos que no estábamos haciendo del todo bien”, narra el magistrado. Es en ese momento en el que empiezan a trabajar con “pequeñas cosas” como el proceso de recepción y acompañamiento que forma parte del protocolo Vía libre a la infancia donde encontraron la ayuda de la Policía Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que tienen en el juzgado. “Una labor que pensamos iban a asumir con cierta pasividad. Sin embargo, lo hicieron no sólo de una manera entusiasta sino que empezaron a profesionalizarse. Es decir, formarse en cuánto al lenguaje a utilizar, cómo tenían que hacerlo y todo sin vestir uniformes oficiales”, explica.
De esta manera se pudo lograr que los menores no tuviesen que pasar por un control de seguridad y tras esto surgió el desarrollo de la sala Gesell con la mejora de los medios técnicos como equipos de grabación de imagen y sonido, “una de las mejores en España”. “Todo esto ha ido creciendo, los proyectos se han ido acompañando el uno del otro y el punto de partida fue realmente por cuestionarnos si los niños y niñas realmente tienen que acudir a los juzgados o si lo podíamos evitar”. Por eso, señala el juez, “surge la idea de la Casa de la Infancia y que después, ya de modo técnico, el Gobierno de Canarias -que es el motor que mueve todo esto- lo transformó en el área de Infancia y Adolescencia del Instituto de Medicina Legal (IML) (la primera de Europa que está en construcción) lo que permitirá que no acudan menores a los juzgados”.
La sala Gesell, cuenta el magistrado, está ideada desde hace más de 100 años y respondía a un modo de investigación pasado “pero nosotros ya estamos evolucionando en ese aspecto y las tenemos de manera telemática donde yo estoy desde mi juzgado y mi personal de auxilio está controlando las cámaras que están en el IML que es donde está el niño o niña con los especialistas para que nosotros podamos practicar las pruebas”. Lo ideal para Tomás Martín es utilizar todas las herramientas tecnológicas que permitan disminuir el “proceso de victimización: la personación en el juzgado, la confrontación visual con el acusado, la comparecencia al acto del juicio -aunque en ocasiones es inevitable porque el procedimiento lo exige- , entre otras”. Con la creación del área de Infancia y Adolescencia se plantearon en dónde podrían conseguir información respecto a cómo tenía que ser la sala de espera de “un menor, vulnerable, una persona con discapacidad o alteración funcional pero no encontramos nada porque no está estudiado” por lo que es enlazando los proyectos existentes que surge la arquitectura de la víctima (que significa detectar profesionales que han trabajado en determinados espacios que son muy delicados en los que se puede encontrar un niño o una niña como por ejemplo la sala de oncología de un hospital). “Es decir, personal que elabore el plan funcional que el Gobierno de Canarias ha decidido incluir en su pliego general de contratación, lo que significa que cualquier actuación que se haga en un juzgado tendrá que atender a esos mínimos de: cómo es el espacio, dónde estarán colocados los muebles, de qué color serán las paredes, así como otros aspectos”.
Para el magistrado es un gran avance ver que ha llegado al Congreso de los Diputados el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia y “que prevemos saldrá adelante porque es una demanda de todos los organismos internacionales a los que pertenecemos”. El juzgado, que ha sido impulsado por la Junta de Jueces de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria y avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, también está previsto en el anteproyecto de Ley, es por ello que en la capital se ha tomado la iniciativa de lanzar la prueba piloto este año, “aunque no se pongan en marcha definitivamente sino hasta dentro de unos tres años ya que una vez que entre en vigor la ley, en el plazo de un año deberá modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear los juzgados especializados en el que está el de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia”.
Apuesta por reducir los plazos y que los menores declaren cuando estén preparados
Sin embargo, para ese momento ya el organismo judicial dirigido por Martín que abarcará los municipios de la capital grancanaria, Santa Brígida y La Vega de San Mateo; tendrá dos años de experiencia en la materia ya que una vez puesto en marcha podrá funcionar en un plazo máximo de 24 meses. “Esto va a permitir que no nazcan desde cero sino con trayectoria, porque el trabajo que se va a hacer es multidisciplinar ya que integra a profesionales del IML, las unidades especiales de la policía local; autonómica, Guardia Civil, servicios sociales de los Ayuntamientos, la Dirección General de protección a la Infancia y la Familia”. El órgano judicial estará especializado víctimas de abuso y/o agresión sexual, pornografía infantil, el ‘sexting’, ‘grooming’ y maltrato intrafamiliar a menores de 18 años. También contará con un fiscal especializado que cuenta con experiencia en la realización de pruebas preconstituidas -importantes para evitar la victimización secundaria de los menores- y, cuando se necesite que el niño o niña preste declaración en acto de juicio, se realizará vía telemática desde una sala habilitada para evitar la confrontación visual con el investigado. “Mi criterio es que si en el momento de la instrucción la víctima es menor de edad, hay que preconstituir”, matiza el juez aunque el proyecto de ley establece que es obligatoria cuando son menores de 14 años.
“Se crea el primer Juzgado para luchar de una forma moderna contra este tipo de violencia”, apunta el magistrado que fue quien redactó y presentó este proyecto “con el apoyo de mis compañeros y el decano”. “Hay dos pretensiones obsesivas para mí: primero es el acortamiento de los plazos, que se tramiten lo más rápido posible y que toda actuación que se haga con una víctima menor de edad se realice atendiendo criterios terapéuticos y no a necesidades del juzgado. Cuando el psicólogo me diga que la víctima está preparada para declarar es cuando se hará”. “Yo sueño con que un día me llame un especialista de psicología o psiquiatría y me diga que el modo en el que se ejecutó el procedimiento, contribuyó a mejorar el bienestar y futuro de las víctimas y, en ese momento, yo diré que ésta sí fue la meta y que mi vida profesional valió la pena”, concluye.
