El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la causa penal abierta contra seis directivos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Puertos del Estado, así como contra la empresa Odiel Towage y su administrador, del grupo Fairplay, por presuntas conductas delictivas en la licencia del servicio portuario de remolque otorgada a esta última en el Puerto de Las Palmas. En un auto fechado el pasado lunes, el magistrado Alberto Puebla Contreras dicta el sobreseimiento provisional del procedimiento, iniciado el año pasado tras la admisión a trámite de una querella presentada por Remolcadores y Barcazas de Las Palmas (Rebapa) en la que la empresa participada por la corporación marítima Boluda les acusaba de los delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos públicos y malversación de caudales públicos.
El instructor no aprecia indicios de delito en la tramitación del expediente tras las diligencias previas y hace constar “la falta de precisión en la descripción” de las conductas delictivas que la querella atribuía al administrador único de Odiel, Walter Collet, y a seis directivos portuarios. Tres de ellos, de Puertos del Estado (PE), como su presidente hasta julio de 2018, José Llorca; su director de explotación desde esa fecha hasta finales de 2020, Leandro Melgar; y el jefe de la Asesoría Jurídica, José Antonio Morillo-Velarde. Los otros tres, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), como su director hasta comienzos de 2020, Salvador Capella; la jefa de la Asesoría Jurídica, María Bosch, y quien en las fechas de los hechos estaba al cargo del Área de Explotación, Rosario Saa.
El magistrado archiva la causa tras conocer las explicaciones de los querellados
El auto, avanzado este miércoles por la publicación Puertos y Navieras y al que ha tenido acceso este periódico, expone a lo largo de 24 páginas los argumentos esgrimidos por Rebapa, así como los escritos remitidos al juzgado por los querellados, antes de declarar el sobreseimiento provisional del procedimiento. La empresa consideraba en su querella que los directivos paralizaron deliberadamente y de común acuerdo la tramitación de los pliegos de prescripciones particulares del servicio portuario de remolque y ocultaron un informe vinculante de la Dirección General de Marina Mercante sobre seguridad marítima que debía haberse incorporado al expediente. Al no incluirlo en el mismo, argumentaba la filial de Boluda, se puso en peligro la seguridad marítima portuaria, se otorgó la licencia de remolque a Odiel Towage sin reunir las condiciones adecuadas y se causó un perjuicio económico al Estado, ya que se devolvió una fianza a la filial de Fairplay que a su juicio debería haber sido adjudicada a la Autoridad Portuaria.
Sin indicios
Los querellados adjuntaron documentación y cronologías a los escritos de respuesta para así acreditar la legalidad de sus conductas durante la tramitación de la licencia de Odiel Towage y del pliego de prescripciones particulares del remolque. Las explicaciones constituyen, de acuerdo con el juzgado, motivos suficientes para proceder al sobreseimiento del procedimiento. “No existe indicio alguno de que se haya cometido alguno de los delitos mencionados por la acusación”, recalca.
El auto pone fin al procedimiento sin que se practiquen las diligencias de investigación que había solicitado Rebapa. A raíz de informaciones publicadas, la empresa había solicitado que se investigara si existía alguna relación entre Odiel Towage y los querellados -sobre todo, el entorno personal de uno de ellos- que explicara la conducta que les atribuía en la querella. El juez rechaza la petición y la considera “carente de objeto determinado y preciso”, lo que “implicaría la realización de una investigación prospectiva y genérica prohibida por el ordenamiento”.
Algunos de los altos cargos se reservan acciones para defender su derecho al honor
Además de la imprecisión en la descripción de los delitos señalada por el magistrado, el auto pone de manifiesto la ausencia de “un hilo conductor que permita entender por qué se dirige contra algunos responsables máximos de los organismos y técnicos, y se deja fuera a otras personas” que han tomado las decisiones o adoptado los acuerdos. En concreto, se pregunta por qué la querella no incluía a la Abogacía General del Estado si esta había avalado los informes jurídicos de PE y la APLP cuestionados por Boluda, o a los órganos -el Consejo de Administración- que aprobaron finalmente la licencia de Odiel Towage.
"Aviso a navegantes"
Esa misma cuestión formaba parte de los escritos remitidos al juzgado por los querellados, según recoge el auto. Todos describieron la querella como un “aviso a navegantes” que “obedece a fines espurios”, esto es, a una advertencia “a aquellos que no se ajusten a las indicaciones o intereses de la entidad querellante”. Algunos de ellos la interpretan, de hecho, como “la reacción del grupo monopolístico ante la entrada de un competidor en el puerto de Las Palmas”, mientras otros anuncian que se reservan “las acciones que hagan falta para defender su honor”.
En el escrito, el magistrado señala que la generalización de los hechos de la querella justificó en parte su admisión a trámite, ya que “por la forma en la que se redacta, podía pensarse que hubiera un concierto” entre los querellados, pero constata que a pesar de esa apariencia inicial, no se ofrecen elementos o pruebas contra ellos. Los hechos, concluye, “no se presentan como verosímiles en tanto que carecen de cualquier apoyo probatorio”. La resolución adoptada por el juzgado aún no es firme y contra ella se puede interponer recurso.
Un sector en pugna
El auto cierra otro capítulo de la pugna empresarial que se inició hace más de dos años en torno al servicio de remolque con el Puerto de Las Palmas como escenario. Durante este tiempo, la empresa de origen alemán Fairplay estableció una filial en Gran Canaria para solicitar una licencia, a la vez que la Autoridad Portuaria de Las Palmas elaboraba los nuevos pliegos del servicio. Odiel Towage comenzó a operar en el recinto de la capital grancanaria en marzo del año pasado, justo al comienzo del estado de alarma, pero cesó sus actividades a comienzos de noviembre, al no tramitar a tiempo su adaptación a los nuevos pliegos aprobados el pasado mayo por el Consejo de Administración de los Puertos de Las Palmas. Este otro documento también ha sido objeto de varios recursos contencioso-administrativos.
