Rosa Rodríguez Bahamonde (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) es profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), acaba de publicar un artículo titulado: ‘Una lectura jurídica del caso Antonio David: ¿Hay presunción de inocencia en España?’ en el que critica que se le vulneren los derechos a las personas que están o no dentro de un procedimiento judicial, en especial, el caso de Rocío Carrasco por el que entiende que la prensa e incluso trabajadores públicos han condenado aunque no exista sentencia de un tribunal. Aquí desgrana sus argumentos.
¿Qué es la presunción de inocencia?
Es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución, así como de otros tratados y normas internacionales. Significa que debemos de tener por inocente al que no ha sido condenado por una sentencia en un proceso con todas las garantías.
Y la sentencia tendría que ser firme...
Tendría que serlo porque si todavía es recurrible existe la posibilidad de que haya un cambio en la resolución.
¿Cuándo se vulnera?
Lo que he planteado es que existe una dimensión puramente procesal interna de la presunción de inocencia que tiene que aplicarse durante todo el proceso hasta que obtengamos la sentencia. Por lo que todas las personas involucradas en el proceso y en, particular los jueces y magistrados, tienen que respetar esa presunción. Pero luego, basándome en sentencias del Tribunal Superior Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, hay una dimensión extraprocesal que obliga a personas que no están dentro del proceso penal como los servidores públicos -cualquier persona con una responsabilidad pública- a respetarla, además, según sentencias del Tribunal Europeo tienen que ser exquisitas con este tema, así como la sociedad y los medios de comunicación.
¿Por qué?
Porque nosotros ajenos a un proceso, como sociedad, no sabemos si esa persona es o no culpable hasta que no se dicte sentencia de ese procedimiento.
¿Y los medios de comunicación?
Porque les afecta la obligación de respetar la presunción pero, además, estos tienen una responsabilidad de informar por una parte y de crear opinión pública por otra y es por eso que, debido a su papel dentro de una democracia, tienen que ser especialmente cuidadoso con el tratamiento que hacen de las noticias y los procesos judiciales.
¿Y qué ve vulnerado en el caso de Antonio David Flores?
Es que no hay ni siquiera un proceso judicial abierto, por lo cual entiendo que es peor el atentado a la presunción de inocencia porque cuando existe el proceso penal en curso se tiene que ser respetuoso y cuando no lo hay ese respeto tiene que estar más blindado aún.
¿En el documental?
Ese fue el origen pero yo no me meto tanto con eso. Yo no quería entrar en ese tema porque es muy delicado y lo que ella hace, en su libertad, es dar una versión de su vida que le puede traer consecuencias. En eso no me meto porque ella puede hacer lo que le parezca y si considera que ha sufrido ese trato por parte de él y que la forma más adecuada era acudir a un medio de comunicación, es su decisión y yo ahí no me meto, sino con lo que pasó después.
¿El trato que dieron los medios a esa información?
Un juicio en toda regla con una condena directa a una persona a la que ni se le escuchó, ni apareció por ahí y por supuesto, sin un proceso con todas las garantías como exige el artículo 24 de la Constitución. Los que lo condenaron eran periodistas o personas que trabajan en el medio y que no necesariamente lo son, como los opinadores. Pero es que, además, intervinieron la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como diputadas en las redes sociales y es lo que más me chocó.
¿Por ser representantes públicos?
Los responsables públicos tienen que tener cuidado con lo que hacen al maltratar la presunción de inocencia de otra persona y eso es lo que a mí más me preocupa, más allá de la declaración de la víctima que yo no entro ahí, sino lo que pasa después.
¿Por qué?
Porque esto significa que cualquier persona puede ir a un programa de televisión y contar lo que le parezca oportuno, las barbaridades que quiera y, al día siguiente o inmediatamente, una ministra, responsables públicos de todo tipo, periodistas, entre otros, condenan y ya está. Esto no es así, no es lo que quiere la Constitución.
Para eso están los jueces...
Claro, es que el poder Ejecutivo (Irene Montero en este caso) entra en las funciones del poder Judicial y hay una división de poderes que no se ha respetado tampoco. Una ministra debe tener el resorte para decir que, por más que le parezca que este testimonio sea real, tiene que valorar que es una representante pública y no puede condenar a esta persona. Sus manifestaciones nos hacen ver al resto de la sociedad que él no es inocente y eso es peligroso.
Además, haciendo uso de las redes sociales...
Reaccionar en redes sociales es muy fácil y somos poco conscientes de la trascendencia que puede tener y, cuando estás ocupando un cargo de responsabilidad, no puedes poner en esos medios todo lo que se te ocurra porque lo que digas puede tener una relevancia. Ellos deben tener especial cuidado en lo que manifiestan por eso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no hizo declaraciones en este sentido, ya que no procedía que se metiera en esa ocasión y tampoco el Consejo General del Poder Judicial porque no es el momento oportuno para hacerlo.
¿Y con procedimientos en instrucción?
Es complicado dar información en ese momento porque es la parte inicial del proceso y las cosas no están claras precisamente porque la instrucción es para esclarecer las circunstancias en las que se ha cometido un delito y las personas que han participado en él. Y hay que tener cuidado con la información que trasciende porque podemos equivocarnos.
Sin embargo hay que informar a la sociedad
La información sobre detenciones, juicios e incluso la instrucción es interesante que los medios la trasladen a la población para que conozcan como se realiza la labor en juzgados y tribunales, pero también es necesario hacerlo dentro de unos límites que sean respetuosos con los derechos fundamentales.
¿Qué deberíamos tomar en cuenta los periodistas entonces, en qué fallamos?
Con la terminología que se utiliza, se atribuyen unos hechos a una persona de forma expresa o aparente, con las imágenes que se difunden como las de un investigado esposado; se debe hacer todo de forma objetiva, sin entrar en valoraciones. Pero además, se debe diferenciar la información de la opinión. Es que caer en prensa sensacionalista es muy fácil y conseguir audiencia porque presentas a alguien como culpable de un crimen escabroso o un caso como el de Rocío Carrasco y Antonio David Flores por ser figuras mediáticas que siempre han vendido y venderán pase lo que pase en sus vidas, aprovechándose de esto porque da audiencia y presencia.
