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Tribunales

La Fiscalía acusa al dueño de una clínica dental de ejercer sin título

La acusación pública pide una multa de 7.200 euros al investigado que, según la denunciante, le diagnosticó y ejecutó un tratamiento “inocuo”

El dueño de una clínica acusado de ejercer sin título

El dueño de una clínica acusado de ejercer sin título LP / DLP

La Fiscalía Provincial de Las Palmas acusa al dueño de un clínica dental situada en la capital por, presuntamente, ejercer pese a no tener la titulación homologada en el país por lo que le piden una multa de 7.200 euros.

La fiscal Teseida García ha matizado en su escrito de conclusiones que el investigado entre los años 2011 y 2015 era titular de la clínica dental La Luz, sita en la calle Batalla de Teruel de la capital en la que supuestamente “ejercía las funciones de odontólogo – estomatólogo” a pesar de que no tenía el título homologado en España para el ejercicio de esta profesión y "a sabiendas de que era necesario para ejercer esa profesión".

Sin embargo, el acusado de origen dominicano manifestó este martes en el juicio celebrado en su contra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que tenía dentistas colegiados en su negocio mientras que él sólo se dedicaba a las funciones administrativas, así como que es un catedrático universitario que ha impartido clases en la capital y que tampoco se anunció en ningún momento como odontólogo aunque en su país natal sacó la carrera de estomatología que no ha logrado homologar por problemas administrativos. Asimismo reseñó que estaba ligado al Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas por lo que, pese a no estar habilitado para ejercer, era conocido en el gremio. 

Fue una cliente la que le denunció por una presunta mala praxis y es que la joven aseguró que acudió en 2011 a la clínica del encausado por recomendación de la familia de su pareja. En ese momento la afectada presentaba un problema de bruxismo por lo que, al ser atendida por el investigado, este no sólo la diagnostico sino que le envió un tratamiento que consistió, según la perjudicada, en utilizar una férula de descarga. Posteriormente, le indicó que debido a las molestias que presentaba en la boca producto del apiñamiento de sus dientes debía utilizar ortodoncia y que con este método todo se “solucionaría rápido”. Igualmente, matizó que en la clínica se exhibían diferentes diplomas y titulaciones del acusado aunque observó que ninguna de ellas era universitaria pero sí de España. Sostuvo además que si le refirió en varias ocasiones que era estomatólogo. La mujer tampoco observó a ningún otro dentista ni empleado en el local y es que aseguró que fue el propio investigado el que le recibió, le diagnosticó y le ejecutó el tratamiento. Esto lo recuerda debido a que le sacó un diente de leche con la mano y cuando ella le pidió que le colocase un implante para ocupar el espacio que le quedó, el procesado se negó y ella le insistió en que lo hablara con sus colegas para conseguir una solución.

En noviembre de 2014 la afectada al no ver resultados positivos tomó la decisión de acudir a otro médico y pedir una segunda opinión. Ahí le dijeron que el tratamiento que tenía estaba “obsoleto” y que era “totalmente inocuo” por lo que decidió acudir al Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas a preguntar cómo podía proceder pero ahí le dijeron que el investigado no figuraba ni como odontólogo ni como médico en los registros de España. Fue en ese momento cuando inició la investigación en contra del procesado.

La perjudicada acudió a la consulta de nuevo a reclamar por el mal trabajo y el encausado resolvió devolverle 3710 euros que fue lo que le costó el tratamiento y a la vez que le pidió que no tomase acciones en su contra.

En el juicio, al que no acudieron testigos los supuestos empleados), depusieron especialistas en el área que matizaron que no habían trabajado con él directamente sino que les derivaba pacientes. 

Por tanto la fiscal calificó los hechos como un delito de intrusismo con atenuante de reparación del daño y pidió una condena consistente en una multa de 7.200 euros mientras que la acusación particular requirió cuatro años de cárcel por estafa y nueve meses de prisión por intrusismo, así como una indemnización a la perjudicada de 30.000 euros por daños morales. El letrado de la acusación popular solicitó nueve meses de prisión por intrusismo y la defensa la libre absolución con la atenuante de dilaciones indebidas. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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