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Tribunales

Piden hasta ocho años de cárcel a cuatro personas por falsificar moneda en Las Palmas

Fiscalía asegura que la prueba es "contundente" | La defensa de los acusados solicita declarar la nulidad del procedimiento por vulnerar derechos fundamentales y quedar viciada la prueba incriminatoria

Juan José S.A., Óscar Javier M.R., Juan Carmelo H.J. y Claudio Daniel B.L., ante el tribunal de la Audiencia Provincial.

Juan José S.A., Óscar Javier M.R., Juan Carmelo H.J. y Claudio Daniel B.L., ante el tribunal de la Audiencia Provincial.

Fiscalía solicitó este miércoles, ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, entre seis y ocho años de cárcel a cuatro personas por haber cometido un presunto delito de falsificación de moneda, en unos hechos acaecidos entre 2015 y 2016 en una vivienda del barrio capitalino de Las Majadillas. Según el Ministerio Público, «hay pocas ocasiones en las que se encuentra una prueba tan inculpatoria» en este tipo de delitos, y además estableció que la estricta pena puede tener un «carácter disuasorio» en otros casos similares. Según el escrito de acusación, los acusados habrían falsificado billetes de 50 euros por valor de 12.400 euros, si bien la defensa argumentó que los realmente preparados para introducir en el mercado eran una veintena por valor de poco más de mil euros. 

Las defensas de los cuatro acusados -Juan José S. A., Óscar Javier M. R., Juan Carmelo H. J. y Claudio Daniel B. L.- solicitaron, en cambio, que se declarara la nulidad de todo el procedimiento, al entender que se vulneraron varios derechos fundamentales, entre ellos el de secreto de las comunicaciones y el de disponer de un juez predeterminado por la ley y a la tutela judicial efectiva. En opinión de los abogados, este caso surge a raíz de otra instrucción relacionada con un tráfico contra la salud pública, de la que Fiscalía ha sacado una relación que para ellos no existe, y aseguraron que no existía un acto de incoación entre ambas. Por todo ello, requirieron la absolución de los procesados.

No consta que el grupo lograra meter en el mercado ninguno de sus billetes

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Los hechos comenzaron a finales de 2015 cuando se intervino el teléfono de Daniel B. L por un «hallazgo casual» de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) en el marco de otra actuación en contra de un tal Raúl, alias El Chino, por un delito contra la salud pública al tener sospechas sobre un posible caso de tráfico de drogas. En una conversación de Daniel B. L con Juan José S. A., los agentes descubrieron, según el escrito de la Fiscalía, que ambos estaban «confabulando» para adquirir los medios y materiales necesarios para la fabricación de billetes de 50 euros falsos para posteriormente introducirlos en el tráfico mercantil ordinario. Para conseguir este objetivo, contactaron, supuestamente, con Óscar M. R., quien actuó como intermediario entre los dos primeros y Carmelo H. J para obtener una máquina de estampación de camisetas a la que efectuó una serie de modificaciones para confeccionar el dinero fraudulento.

Según las investigaciones policiales, no consta que el grupo lograra meter en el mercado ninguno de sus billetes, antes que en septiembre de 2016 miembros de la Udyco entraran al domicilio de Daniel B. L en la calle Horizonte de Las Majadillas y le encontraran con Juan José S. A en pleno proceso de elaboración de ese dinero fraudulento en la cocina y se incautaron de dos guillotinas, 113 folios impresos con billetes de 50 euros, varios botes de tintas de distintos colores, una impresora, diversos pendrives, ordenadores y teléfonos móviles, 1.550 euros en efectivo de curso legal y restos de billetes que habían salido mal.

El fiscal defendió las actuaciones realizadas por los agentes policiales y las pruebas que se han llevado ante el tribunal e insistió en que las defensas, mediante las declaraciones de nulidad presentadas, «han buscado trasladar la idea que se ha producido una vulneración de derechos tal que deben quedar impunes este tipo de conductas». Sin embargo, los abogados de los encausados afirmaron que toda la instrucción «ha sido un absoluto desastre». El juicio quedó visto para sentencia.

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