La concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina anunció ayer la intención de externalizar servicios de recogida de basura en sectores de la Ciudad Alta y la periferia durante los próximos dos años y mientras dure la pandemia, invocando la falta de personal y la «imposibilidad» de contratar. En realidad, la gestión de esta zona de la ciudad que abarca cerca del 30% del servicio se encuentra privatizada ya desde hace más de un año, porque Medina la contrató de urgencia a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en marzo de 2020. Aunque el contrato de emergencia se justificó por el estado de alarma, FCC, que ya gestiona otro 30% del servicio de recogida desde hace años, sigue al frente de las tareas de recogida en barrios como La Paterna, Escaleritas, Lomo los Frailes o La Galera, una situación que los trabajadores han denunciado desde el pasado año al considerarla «ilegal».
Los ediles Ángel Sabroso (PP), David Suárez (CC-UxGC) y Carmen Guerra ahondaron ayer en la comisión de pleno de Organización la ilegalidad de la situación debido al final del estado de alarma. A juicio de Sabroso, «no se puede utilizar una situación de pandemia para normalizar» la contratación de parte del servicio. En palabras de Medina, la contratación directa se justifica por la situación de «emergencia sanitaria», al impedir la infradotada plantilla garantizar la limpieza de la ciudad. Añadió que de las 623 plazas que tiene el servicio -pese a que debería contar con 1.086- sólo están ocupadas 427. Explicó que sólo puede cubrir un número de plazas equivalente a la tasa de reposición, cifrada en siete y que la puesta en marcha de la RPT acaba con la obligación de trabajar los fines de semana, lo que trae consigo la necesidad de contratar más personal. Por ello, anunció su intención de sacar a concurso el servicio que lleva ahora FCC.
