Los servicios sociales de la Ciudad Alta están teniendo que afrontar con menos trabajadores que nunca una verdadera avalancha de solicitudes de ayudas, debido a la crisis económica y social derivada de la pandemia, lo que está colapsando la atención. Más de 1.500 personas se encuentran en estos momentos en listas de espera por una ayuda, dado que la plantilla del centro municipal de Servicios Sociales de Ciudad Alta, ya de por sí insuficiente desde hace años, sólo dispone ahora de poco más de la mitad de sus efectivos porque, pese a la que está cayendo, no se cubren ni bajas ni jubilaciones.
Todo ello está provocando que se esté dando cita previa para septiembre a las personas que acuden en busca de ayuda para que su situación sea valorada por los trabajadores sociales. El colapso es de tal calibre que, salvo casos muy urgentes, una persona llega a tardar hasta siete meses en recibir la ayuda. «Estamos hablando de que una persona que pide cita en febrero posiblemente hasta septiembre no pueda cobrarla, por la falta de personal. Es una situación que no se puede permitir porque estamos hablando de ayudas para comer. No estamos hablando de ayudas para comprarse unos zapatos», subrayó Carmelo Lobato, trabajador social de Ciudad Alta.
Los servicios sociales de los otros distritos de la ciudad sufren los mismos problemas de falta de personal para atender la avalancha de peticiones de ayuda, pero en Ciudad Alta la situación es extrema debido a su gran volumen de población, similar al de Telde.
Según Lobato, el pasado 30 de abril había registrados 709 expedientes de ayudas de emergencia social o prestaciones económicas de especial necesidad, entre otras, pendientes de tramitar.
Penélope Rubio, representante de UGT en el comité de empresa, exigió la cobertura de las bajas de larga duración, las jubilaciones y las vacantes que hay en el servicio, de forma inmediata y permanente. «Los datos de Ciudad Alta son alarmantes y tenemos que actuar. No podemos permitir que haya esta lista de espera para atender telefonicamente al ciudadano. No podemos llegar porque no tenemos los recursos humanos suficientes. Pedimos que las vacantes se cubran de manera urgente y de forma permanente, porque estamos hablando de ciudadanos que necesitan las ayudas urgentemente», exigió Rubio.
La falta de personal colapsa el servicio
2020
51.628 personas
- El Servicio de Información, Orientación y Valoración de Ciudad Alta atendió en 2020 a un total de 51.628 personas. La valoración de estas personas derivó en 2.835 prestaciones, 1.700 tarjetas de Hiperdino y 1.400 derivaciones a otros servicios (ONG, parroquias, bancos de alimentos, etc.).
2021
14.186 personas
- Sólo durante el primer cuatrimestre de 2021 se han atendido a un total de 14.186 personas. Según la proyección realizada por los profesionales, durante este año se atenderán más de 60.000 personas, lo que representa un 28% más, ya que se espera que las empresas conviertan en ERE los ERTE, cuando estos finalicen, lo que incrementará aún más el paro.
Personal
130 personas
- La plantilla del personal de Servicios Sociales del municipio sólo dispone de 130 plazas ocupadas, de las cuales sólo 68 son trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios, que soportan una ratio de 5.606 personas por trabajador, muy lejos, recuerda Carmelo Lobato, de las 3.000 personas por trabajador social que recogen leyes de servicios sociales. La actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla una plantilla de servicios sociales de 185 personas, pero 55 están vacantes, lo que supone un 30% sin cubrir.
Bajas
14%
- En abril pasado había 18 trabajadores de baja (14% de la plantilla), mientras que el 40% del personal ha solicitado el traslado a otros servicios. A todo ello hay que añadir la finalización de los contratos temporales del IMEF, que provocará un mayor colapso en el servicio. Si se suman las bajas y las vacantes, hay al menos 73 plazas sin cubrir en un momento en el que los servicios deberían estar plenamente dotados para atender a la población que más lo necesita. «En los momentos de crisis», parafraseó Lobato a Lucía Martínez Virto, «las políticas sociales toman un papel determinante», para no agrandar las brechas sociales. A juicio de la experta de la Universidad Pública de Navara, "el momento de emergencia social no entiende de clases sociales, pero, en sus costes y recuperación, las brechas sociales serán determinantes. En los momentos de crisis, las políticas sociales toman un papel determinante. No se trata sólo de contener sus efectos, sino de invertir en una salida fuerte y resistente que supere la fragilidad de una sociedad desigual".
Los trabajadores recordaron que los servicios sociales de la capital sufren un déficit de personal desde hace 20 años, una situación que ahora se agrava más debido al empobrecimiento de la población por la pandemia. Según los datos que manejan, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tiene 185 plazas, de las que 55 están vacantes.
El comité de empresa sostiene que aunque se cubrieran las vacantes, el número de trabajadores sería insuficiente para prestar una atención en condiciones, por lo que plantean una revisión urgente de la RPT para adecuar las plazas a las necesidades de los servicios sociales comunitarios. Para ello demandan un protocolo de actuación que permita saber las necesidades de cada distrito y acabar de una vez con la falta de personal.
Por parte del gobierno municipal, Rubio señaló que de momento sólo han recibido promesas, pero «ningún compromiso firmado», para cubrir las jubilaciones y las bajas de larga duración. También han dicho que «estudiarán» la ampliación de la plantilla.
Por su parte, Dolores Reyes, coordinadora del centro de Servicios Sociales de Ciudad Alta, calificó de «insuficiente» la contratación de 30 personas en julio para tramitar la PCI. Lobato lo calificó de «parche, teniendo en cuenta la situación de emergencia económica y social en la que nos encontramos».
