El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano dependiente del Parlamento de Canarias, ha ordenado al alcalde Augusto Hidalgo que facilite al Partido Popular (PP) toda la información sobre la compra el pasado mes de octubre de Sercanarias por parte de Emalsa, la empresa mixta del agua en la que el Ayuntamiento participa con un 34%. Saur tiene el otro 66%.
Sercanarias -propiedad de Saur y Valoriza hasta que esta última le transmitió a la primera su participación en Sercanarias y Emalsa- se encargaba del saneamiento de la ciudad y otros servicios que Emalsa le adjudicaba a dedo, contratos que fueron investigados por la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido cárcel para 15 ejecutivos de la empresa del agua por causar un perjuicio económico a esta de 23,4 millones de euros, un proceso penal que está pendiente de que se celebre el juicio en la Audiencia Provincial y en el que está personado el Ayuntamiento como acusación. Tras la compra, Sercanarias ha pasado a llamarse Emalsa Operaciones Sociedad Anónima.
La portavoz del PP, Pepa Luzardo, informó ayer de que llevará al gobierno municipal a los tribunales si incumple la orden del órgano del Parlamento regional y continúa negándose a entregarle la información.
En concreto, Luzardo solicitó información sobre si la adquisición de Sercanarias fue aprobada por los cuatro consejeros que representan al Ayuntamiento en el consejo de administración de Emalsa (el alcalde Augusto Hidalgo y los concejales Inmaculada Medina, Javier Doreste y Pedro Quevedo) y cuales fueron los documentos, informes y valoraciones que avalaron esa decisión.
También ha preguntado las condiciones en las que se produjo dicha adquisición y en qué consiste el «derecho de indemnización de Sercanarias a Emalsa, en caso de que surja cualquier reclamación de terceros en el futuro por hechos anteriores a la integración efectiva en Emalsa», que fue publicitado en la noticia de esa adquisición. Hidalgo se escudó para no dar la información en la confidencialidad de los datos que afectan a terceros. Según el Comisionado, el PP tiene derecho a acceder a los datos, al ser una empresa con participación pública, con el compromiso del PP de no difundir la información confidencial.
Pepa Luzardo denunció la “opacidad” en la gestión municipal y la “vulneración de sus derechos fundamentales” por parte del grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) al negarse “de forma reiterada” a entregar información solicitada en ejercicio de sus funciones como principal fuerza de la oposición. Según el concejal popular Ángel Sabroso, con la última sobre la compra de Sercanarias son ya 20 las resoluciones favorables que ha obtenido el PP del Comisionado de Transparencia.
