Intersindical Canaria ha presentado una demanda por conflicto colectivo ante los juzgados de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria para reclamar la fijeza de 854 trabajadores laborales indefinidos del Ayuntamiento de la capital grancanaria y acabar con la situación de abuso de temporalidad que sufre este colectivo pese a tener una antigüedad que oscila entre los once y los 26 años. En similares circunstancias se encuentran otros doce funcionarios interinos, que han superado el límite de abuso de temporalidad, situado en tres años y un día. En la plantilla municipal hay actualmente un total de 153 funcionarios interinos, con una antigüedad entre 26 y dos años.
Los 854 trabajadores laborales representan el 70% de la plantilla municipal y son los que se encargan de llevar a cabo todo el trabajo burocrático y están adscritos a la RPT. La demanda intenta evitar que estos trabajadores corran el riesgo de ser despedidos si no superan un concurso oposición de libre concurrencia y pretenden que los jueces obliguen al Ayuntamiento a reconocer su condición como personal fijo, como ha ocurrido con muchas otras sentencias.
Jessica López, presidenta del comité de empresa, así como representante de IC al igual que José Manuel Rodríguez y Sergio Melián explicaron que el sindicato ha recurrido a los tribunales ante la negativa del Ayuntamiento a convertir en fijos a dicho personal, cuando lo solicitaron el pasado 29 de abril. El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, justificó su negativa escudándose en que está fuera de su marco competencial y en que ello «supondría una clara vulneración del ordenamiento jurídico». La central esperó también hasta que se cerrara el pasado lunes el acuerdo entre el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF sobre la temporalidad, pero al considerar que se había producido una «traición» a los trabajadores, presentaron la demanda ante los tribunales.
IC tenía esperanza de que el acuerdo alcanzado en Madrid incluyera una disposición transitoria en el Estatuto del Empleado Público para que «por lo menos esa fijeza se pueda obtener a través de un concurso de méritos interna»
Dicho acuerdo, sostuvo José Manuel Rodríguez, «es una traición porque no recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que dice bien claro que un concurso oposición no es la forma de sancionar a las administraciones por ese abuso de temporalidad. El Tribunal Europeo deja claro en su sentencia» del 19 de marzo de 2020, «que la forma de sancionar es la declaración de fijeza, porque han sido las administraciones y no el trabajador las que han provocado ese abuso». Según esta sentencia, tampoco es válida la medida de transformar al laboral temporal en indefinido no fijo, porque «el empleado sigue expuesto amortizaciones o ceses por cobertura fija del puesto».
IC tenía esperanza de que el acuerdo alcanzado en Madrid incluyera una disposición transitoria en el Estatuto del Empleado Público para que «por lo menos esa fijeza se pueda obtener a través de un concurso de méritos interna. Eso no ha sido así y nos hemos visto abocados a recurrir a los juzgados por medio de este conflicto colectivo para conseguir esa fijeza que no nos ha dado ni el Gobierno español ni los sindicatos centralistas».
