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Ocho años de actividades irregulares en una finca rústica de Las Majadillas

Urbanismo llevará a Fiscalía el expediente contra los responsables de una parcela protegida donde se venden materiales de obra

Barrio de Las Majadillas.

Barrio de Las Majadillas. LP/DLP

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se plantea elevar a la Fiscalía la documentación que ha logrado recabar durante los últimos años acerca de una finca ubicada en el barrio de Las Majadillas en la que se realizan actividades de venta de material de construcción pese a tratarse de una parcela ubicada en suelo rústico de protección agraria. El concejal capitalino de Urbanismo, Javier Doreste, anunció durante la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible que la ciudad denunciará el caso ante la Justicia si los responsables de la explotación rompen de nuevo el precinto colocado por la Policía Local, hecho que ya ocurrido en otras ocasiones en el pasado.

Doreste explicó la situación de la finca a raíz de una petición en la que el Partido Popular solicitaba la comparecencia de la directora general de Edificación y Actividades. Ante su ausencia -a esa misma hora debía asistir a una reunión inaplazable de coordinación por la pandemia-, el edil se encargó de detallar que las denuncias iniciales sobre la irregularidad de las actividades tuvieron lugar en el año 2013, cuando se colocaron los primeros precintos que impedían el acceso a las instalaciones. A partir de entonces, el servicio municipal inició otros expedientes de clausura y precinto, algunos de los cuales fueron recurridos sin éxito ante la Justicia por los responsables de la finca, según agregó el concejal.

Los precintos colocados por la Policía Local en el acceso a la finca han aparecido rotos en varias ocasiones, según explicó el edil de Urbanismo. Sin embargo, los agentes no han recibido ninguna respuesta cada vez que han llamado a la puerta para interesarse por las actividades que se llevan a cabo en el interior y no han podido acceder al carecer de orden judicial.

La última orden de clausura y precinto de la actividad por parte de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tuvo lugar el pasado 29 de junio. «Si se rompe el precinto otra vez pasaremos el expediente a la Fiscalía», explicó Doreste. Además del acto de desobediencia reiterado por contravenir las órdenes de cierre, el consistorio planteará la posibilidad de que la presencia de esa explotación en un suelo rústico de protección suponga también un delito medioambiental.

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