La fiscal decana de Asuntos Económicos de la Fiscalía de Las Palmas, Evangelina Ríos, ha solicitado una condena de ocho años de prisión a tres de los seis socios del Instituto Policlínico Cajal S. L. por, presuntamente, haber cometido un delito continuado de apropiación indebida y otro societario también continuado.
La representante del ministerio público ha indicado en su escrito de conclusiones provisionales que el presidente, vicepresidente y secretario del Consejo Administrativo de la entidad, quienes ostentan el 25,88%, 50,59% y 24,71% respectivamente, los cuales se «valieron» de las facultades de su gestión y disposición para tomar decisiones en perjuicio de la mercantil y «en beneficio propio». En 2010 un socio les denunció por, presuntamente, haber cometido un delito societario pero durante el procedimiento las partes llegaron a un acuerdo que significó pagar 200.000 euros para comprar su parte de la sociedad.
Pero este no fue el único pago que recibió y es que a través de una empresa -de la que él era el administrador único- facturó 400.000 euros en concepto de liquidación de servicios profesionales, un extremo que el testigo admitió y alegó que este monto se le había entregado como compensación por los años en los que no estuvo cobrando a la par que el resto de médicos. Sin embargo, también declaró que había recibido un dinero en efectivo aunque no recordaba la cantidad, un hecho desmentido por los acusados ayer en el juicio.
Además, también suscribieron contratos de arrendamiento con dos viviendas colindantes al policlínico de las que una es propiedad de uno de los socios y la otra del hermano de otro de los acusados. Algo que, según los denunciados, se hizo para cumplir con los requerimientos exigidos por el Servicio Canario de Salud -con quien tienen un contrato- en cuanto a las camas y espacio que debían tener y que solo podían expandirse a la edificación colindante. Otro socio denunció que encontró diversas irregularidades en las cuentas. El juicio continúa hoy.
