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Vecinos y ecologistas esperan que se anule la última licencia del Canódromo

Confían en que el juez aplique la misma doctrina que ilegaliza los permisos de 2006 y 2008 v Doreste rectifica y afirma ahora que la obra no se tiene que parar

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Torres del Canódromo

La asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) y la federación Ben Magec Ecologistas en Acción expresaron ayer su satisfacción por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que ha declarado la nulidad de la licencia de 2006 y su prórroga de 2008, que ampararon la construcción de dos torres de 14 plantas de altura y 120 viviendas en la zona conocida como el Canódromo. Ambos colectivos esperan que dicha nulidad, que no afecta a la marcha de la edificación, se extienda a la última licencia concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2020, después de que los tribunales consideraran caducada la prórroga de 2008, tras estimar el recurso de Avecalta, porque Realia, la promotora de las torres, dejó pasar casi siete años con la obra parada, sin que nada le impidiera retomar la edificación, hasta que la reanudó por fin en 2019.

Vecinos y ecologistas esperan que la justicia aplique la misma doctrina que ha llevado al juez a darle la razón a Ben Magec, al considerar que las licencias de 2006 y 2008 se volvieron nulas desde el mismo momento en el que Tribunal Supremo declaró en 2014 la ilegalidad de las principales ordenaciones urbanísticas que le daban cobertura en el Plan General de 2000 y el Plan Especial del Canódromo aprobado en 2003.

Realia sigue adelante con las torres, que ya están levantadas y se comercializan como The Towers

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El Supremo le dio entonces la razón a los vecinos y consideró que el Ayuntamiento permitió la construcción, sin motivación alguna, de 120 viviendas en una zona con la edificabilidad agotada tras cambiar el uso del suelo, lo que propició uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la ciudad. Ben Magec se sumó a la batalla judicial iniciada por los vecinos en 2002, en defensa de la legalidad urbanística, al denunciar las licencias cuando la constructora reinició la actividad en 2019.

Pese al nuevo varapalo judicial, las edificaciones siguen adelante y en el último año se ha levantado la estructura de la segunda torre. Los edificios, que se llamaron inicialmente las Torres del Mar están siendo comercializadas ahora por Realia como The Towers. El cartel informativo de la obra remite a la licencia concedida en 2008.

María Ángeles Sánchez, presidenta de la asociación de vecinos Avecalta, agradeció a Ben Magec por recurrir las licencias de construcción ahora anuladas en una sentencia que «va desmontando todos los artificios que han puesto en marcha tanto la empresa Realia como el Ayuntamiento».

A su juicio, la resolución judicial vuelve a demostrar que «los vecinos que iniciamos la batalla hace 20 años contra esta actuación ilegal no somos unos locos que protestamos por protestar. Nosotros éramos y somos conscientes de que era y es un espacio en el que no se podía edificar en absoluto y, por tanto, la operación tenía todas las características de un pelotazo urbanístico que va contra los ciudadanos y el interés general. El juzgado nos vuelve a dar la razón en toda nuestra lucha aunque hay gente que tiene los anteojos puestos y no lo quiere ver». Sánchez se mostró muy crítica con la política urbanística del Ayuntamiento que, a su juicio, es «la misma» desde la época de José Manuel Soria porque «aunque cambian los alcaldes, los responsables técnicos siguen siendo los mismos».

Por su parte, Antonio Hernández, abogado de Ben Magec, consideró que «lo lógico» es que la última licencia que ha concedido el Ayuntamiento a Realia en 2020 «decaiga» también porque se ampara en cambios urbanísticos anulados: los que figuran en el Plan General de 2000, el Plan Especial del Canódromo de 2003, así como el PGO de 2005, que es una simple adaptación a la Ley del Territorio, una circunstancia que se puede aplicar también al PGO de 2012, en el que se ha amparado ahora el Ayuntamiento para conceder la última licencia a Realia.

Ben Magec critica que la política urbanística es la misma desde hace 20 años en la ciudad

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«Esta sentencia», subrayó Hernández, «pone en tela de discusión la política urbanística de Las Palmas de Gran Canaria de los últimos 20 años, que ha sido la misma pese a que han gobernado distintos partidos, lo que refleja que las decisiones técnicas no han sido las adecuadas».

En similares términos se pronunció Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec, quien resaltó la gravedad que entraña el hecho de seguir amparando la edificación de dos torres en «una zona como Schamann, el barrio más masificado de Canarias, cuya edificación está colmatada, según establece una sentencia del Supremo».

El edil de Urbanismo Javier Doreste rectificó ayer y afirmó que la anulación de las licencias no supone la paralización de la obra. Sostuvo que la obra tiene la cobertura de la última licencia, que es «perfectamente legal» porque se basa en el PGO de 2012 que «legalizó» el Canódromo con la «modificación del PP».

Cronología


2002

La asociación de vecinos Avecalta presenta la primera denuncia en los tribunales contra el Plan Especial del Canódromo. Ese mismo año, el PP aprueba un convenio urbanístico con Urbacan, por el que la ciudad recibe los terrenos del actual parque y a cambio la ciudad le cede tres parcelas, entre ellas una en la esquina del Canódromo, valoradas en 5,5 millones. Menos de un mes después, Urbacan vende las parcelas a Realia por 14,5 millones, obteniendo una plusvalía de 9 millones que perdió la ciudad.

2009

El TSJC ordena la paralización de las obras del Canódromo, tras emitir un auto en el que anula la prórroga de la licencia de 2006, concedida en 2008 por Jerónimo Saavedra. El Ayuntamiento precinta la obra. Ya se había levantado la torre sur.

2011

El Tribunal Supremo le da la razón al Ayuntamiento y a Realia y anula la sentencia del TSJC que había anulado el Plan Especial al detectar desviación de poder.

2013

El Juzgado de Instrucción número 3 archiva la causa penal contra el exalcalde Juan José Cardona al considerar el magistrado que "no ha quedado acreditado" que alguien se beneficiase con la operación urbanística.

2014

El Tribunal Supremo anula las principales normas urbanísticas que dieron cobertura legal al Canódromo.

2018

El Tribunal Supremo rechaza un recurso de Avecalta contra la sentencia del TSJC que legalizó la incorporación del Canódromo a l PGO de 2012.

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