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Los vecinos piden al juez que paralice las obras del Canódromo

Advierten que el plan general de 2012 no puede dar cobertura a la licencia porque es ilegal, al ser una réplica de otra ordenación nula

Vista de las torres del Canódromo en la calle Obispo Romo, esquina con Henry Dunant. | | JUAN CASTRO

Vista de las torres del Canódromo en la calle Obispo Romo, esquina con Henry Dunant. | | JUAN CASTRO

La asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) ha pedido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 que suspenda de manera cautelar las obras de las torres del Canódromo. Los vecinos recurrieron el pasado año ante ese juzgado la última licencia de construcción que le concedió el Ayuntamiento a Realia el 15 de mayo de 2020 y también recurrieron de manera indirecta el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012, que da cobertura al permiso, y la modificación de 2020 de ese PGO, que estaba en tramitación cuando se concedió la licencia.

El abogado de los vecinos Yeray Alvarado basa esta demanda cautelar en la reciente sentencia que declaró la nulidad de las anteriores licencias del Canódromo, la de 2006 y su prórroga de 2008, porque tenían la cobertura de una ordenación urbanística que había sido declarada nula por el Tribunal Supremo tanto en el Plan General de 2000 como en el Plan Especial del Canódromo de 2003. El magistrado Ángel Teba consideró también ilegal el PGO de 2005. en lo relativo al Canódromo, al tratarse de una mera reproducción del plan primigenio de 2000, anulado por dar vía libre a las dos torres de 120 casas, en una zona con la edificabilidad agotada.

Los vecinos argumentan ahora, como planteó la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción con respecto al PGO de 2005 en el recurso ganado en los tribunales, que los planes de 2012 y la modificación de 2020 «asumen la misma ilegalidad» al replicar ordenaciones declaradas nulas.

Yeray Alvarado calificó como «muy buena noticia» la sentencia que le da la razón al recurso que presentó Ben Magec cuando Realia reinició las obras en 2019, porque «aunque anula una licencia que ya no estaba siendo utilizada, es muy importante porque declara la nulidad también del plan de 2005, por ser una réplica del de 2000. Al replicar ese plan nulo, replica la nulidad».

A juicio del letrado, el PGO de 2012 tiene que correr «la misma suerte necesariamente. Primero, porque la tesis que plantea Ben Magec es correcta y segundo, porque el juzgado ya se ha dado cuenta. Hasta ahora el Ayuntamiento ha estado diciendo que el PGO de 2005 nunca se impugnó y era firme», un argumento que acaba de desbaratar el reciente fallo judicial.

Como suele decir María Ángeles Sánchez, presidenta de la asociación Avecalta, en el Canódromo «se ha dado el único caso de una licencia que camina por sí sola , ya que el Supremo anuló en 2014 el planeamiento de la zona», el del año 2000, en el que el exalcalde José Manuel Soria incluyó a escondidas los edificios en la fase final, después del periodo informativo.

Desde entonces, todos los alcaldes que han pasado por el Ayuntamiento se han limitado a respaldar la operación urbanística, pese a estar basada en una ordenación ilegal, una situación que a Alvarado le produce una «mezcla de pena y vergüenza». «Me da vergüenza porque han pasado cinco alcaldes, pertenecientes a diferentes grupos políticos, y ninguno ha sido capaz de decir que la licencia que se le ha dado a esta gente en Schamann va en contra de los intereses generales porque en la zona no caben más viviendas. Ninguno de ellos ha sido capaz de declarar la lesividad de la licencia y negociar» con Realia la posibilidad de darle la misma edificabilidad en otro lado. «Se han mantenido en una huida hacia adelante. Si en lugar de dar la última licencia hubieran declarado la lesividad, el daño económico habría sido menor», dijo. Interpreta las prisas de Realia por construir porque cuanto más avance, la indemnización que pida será mayor.

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