La asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) remitió ayer una carta al concejal de Urbanismo, Javier Doreste, en la que le pide que promueva de oficio la revisión del vigente Plan General de Ordenación (PGO) en lo relativo al Canódromo y suspenda de manera cautelar tanto la licencia que otorgó a Realia en 2020 como las obras de las dos torres con 120 casas.
En nombre de los vecinos, el letrado que los defiende Yeray Alvarado, reclama al concejal coherencia con sus palabras, tras las declaraciones de ayer de Doreste en el programa El Drago de la Cadena Ser, en el que manifestó: «siempre hemos dicho que era un disparate construir en Ciudad Alta esas dos torres, que no hay equipamiento suficiente para toda esa nueva población que llegaría al barrio, que se dan problemas de movilidad, que era una concentración excesiva de población, aparte de romper el Skyline de Ciudad Alta».
Por ello, los vecinos instan al concejal a que, «conociendo como conoce que las determinaciones del PGO respecto al Canódromo «son contrarias a derecho y al interés general», tal y como ha reconocido publicamente, promueva la revisión de oficio del documento, al amparo del artículo 106.2 de la LPA, que dispone que las administraciones «podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2». Asimismo, le invitan a recurrir la vigente licencia por su lesividad y a suspender cautelarmente «los efectos del planeamiento y la licencia para que mientras se tramita» el recurso, «no pueda consumarse la ejecución de las obras» de las torres, para evitar que el avance de las mismas cause un perjuicio de imposible o difícil reparación.
La asociación Avecalta pidió esta semana al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 que supenda de manera cautelar las obras del Canódromo, tras la reciente setencia dictada que declara la nulidad de las anteriores licencias del Canódromo porque están amparadas en planes nulos, al tiempo que establece también la ilegalidad del PGO de 2005 en lo relativo al Canódromo porque es una mera reproducción del plan general de 2000 y el plan especial del Canódromo de 2003, ambos anulados por el Tribunal Supremo en 2014.
Los residentes de Schamann, que llevan 20 años batallando para impedir la construcción de las torres del Canódromo, esperan que la última sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, que estima un recurso presentado por la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, despeje por fin el camino para la anulación de la última licencia que concedió a Realia el Ayuntamiento el pasado 20 de mayo de 2020. Esta última licencia ha sustituido a la de 2008, cuya caducidad fue declarada por el juez, a petició de los vecinos, porque la empresa mantuvo parada las obras más de siete años y las reanudó en 2019, pese a que nada le impedía reanudarlas tras levantarse la paralización de 2009.
En palabras de María Ángeles Sánchez, presidenta de Avecalta, la lucha contra las torres del Canódromo "representa la lucha contra la especulación sobre el suelo. Cuando iniciamos la lucha no queríamos que los buitres que volaron sobre Guanarteme se trasladaran a nuestra zona si esas torres salían adelante. Ese ha sido el trasfondo principal de nuestra lucha ciudadana aunque hablamos también del paisaje y el medio ambiente. Actuamos en defensa de nuestras viviendas y de nuestro derecho a permanecer en ellas, algo que se pone en riesgo con esa construcción que desata un proceso especulativo en todos los alrededores del Canódromo"
