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El Puerto de Las Palmas inicia los trámites para vender al Club Náutico parte del suelo que ocupa

El consejo de administración aborda el viernes la declaración de innecesariedad de los terrenos contiguos a la sede

Zona de piscina y solarium del Club Náutico de Gran Canaria.

Zona de piscina y solarium del Club Náutico de Gran Canaria.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas abordará este viernes el comienzo del trámite administrativo para que el Real Club Náutico de Gran Canaria pueda adquirir en propiedad una parte de la concesión de suelo público que ocupa en Las Alcaravaneras. El primer paso de este proceso tiene lugar con la declaración de innecesariedad para la actividad portuaria de una superficie de unos 13.000 metros cuadrados en la que se encuentran la piscina o las canchas del club. Este requisito es obligatorio antes de poder continuar adelante con la enajenación del suelo y su venta, una operación en la que no están incluidas la marina y su lámina de agua, que sí tienen uso portuario. 

El expediente tendrá que ser elevado ahora a Madrid, al tratarse de bienes del dominio público

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Una vez aprobada la declaración de innecesariedad por parte del órgano de dirección de los Puertos de Las Palmas, el expediente tendrá que ser elevado a Madrid, al tratarse de bienes que en la actualidad forman parte del dominio público portuario. Durante todo este procedimiento, reglado por la Ley de Puertos, la Dirección General de la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica debe valorar las características físicas del terreno. El pasado mayo, tras reunirse con la directiva del Club Náutico, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ya avanzó que Costas ha emitido un informe en sintonía con la propuesta.

La desafectación solo supone el arranque de los trámites que deberá completar la sociedad deportiva para hacerse con la propiedad del suelo donde también se encuentran el solarium y una esquina del edificio de la sede. Cuando el Ministerio le dé luz verde, la parcela pasará a formar parte del patrimonio de la Autoridad Portuaria, que a partir de ese momento podrá decidir sobre su futuro. La ley estipula que estos bienes pueden ser permutados, cedidos de manera gratuita para fines de utilidad pública e interés social o, como ocurrirá en el caso del club, enajenados.

Tasación independiente

La clave de la adquisición de los terrenos radica en el volumen del desembolso que deberá efectuar el Náutico para lograr la propiedad. La cantidad deberá ser estipulada a través de una tasación independiente que también servirá para dilucidar quién tiene la última palabra acerca de la venta. En el caso de que el valor venal de la parcela alcance los tres millones de euros, la decisión recaerá en Puertos del Estado. Si sobrepasara los 18 millones de euros, la venta tendría que ser objeto de deliberación por parte del Consejo de Ministros. La última valoración de los terrenos portuarios -una fórmula establecida por la Autoridad Portuaria a partir de diversos factores para calcular la tasa de ocupación que deben abonar los concesionarios de suelo público- establece en 132,32 euros el precio del metro cuadrado en la zona donde se encuentra la parcela.   

La venta de la parcela es la fórmula escogida por la Autoridad Portuaria para dar salida a la situación del Náutico, cuya concesión caduca en 2028. La posibilidad de renovarla fue rechazada por el consejo de administración en su reunión de abril. Ibarra explicó entonces que la ley obligaba a casi triplicar el alquiler que debería pagar el club en caso de renovación. «Si nosotros multiplicáramos las tasas que está pagando el Club Náutico por tres, le dejaríamos en una situación financiera muy complicada», advirtió.

La clave de la compra radica en el cálculo de cantidad que deberá pagar la entidad deportiva

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El suelo que ocupa la sede del Náutico tiene varios tipos de propiedad. La institución es dueña de la zona más cercana a la calle León y Castillo desde finales de la década de 1950. A ella se le incorporaron sucesivas concesiones con el paso de los años, primero en los terrenos inmediatamente colindantes y posteriormente con la construcción de la zona de operaciones y la marina, costeados por la entidad con sus propios fondos. La declaración de innecesariedad solo afecta a la parte del suelo público más alejada del agua, la que rodea al edificio. El resto continuará formando parte del dominio público gestionado por la Autoridad Portuaria y podrá ser concesionado de nuevo al club, aunque por un precio más ajustado al reducirse la superficie adjudicada. 

La propuesta de compra trata de evitar que el Club Náutico de Gran Canaria corra el mismo destino que otras instituciones similares en el resto de España. La caducidad de sus concesiones ha generado controversias en lugares como Baleares, con informes jurídicos y sentencias judiciales desfavorables. La Abogacía del Estado ha rechazado renovar la concesión al de Palma -asegura que no es tal concesión, sino una encomienda de gestión de servicios públicos- y en Ibiza, el TSJ ha rechazado la ampliación que había solicitado el Náutico de la isla.

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