Las playas de la capital grancanaria ya tienen aprobados los planes de seguridad y salvamento que exige la normativa regional para las playas y zonas de baño y ahora sólo falta que el nuevo contrato de vigilancia, que está previsto que se adjudique en unas semanas, incremente los medios y recursos de seguridad contemplados en dichos planes, tal y como establece el decreto regional de 2018 que acaba de ratificar el TSJC. En concreto, son cinco las playas que cuentan con sus respectivos planes de seguridad: Las Canteras, Las Alcaravaneras, La Laja y sus piscinas, El Confital y La Puntilla (San Cristóbal). Según el informe que publicó el Diputado del Común en noviembre de 2020, sólo 29 municipios de Canarias cuentan con planes de seguridad y salvamento y otros 35 lo estaban tramitando en ese momento.
En la capital grancanaria, está previsto que el presupuesto del servicio se incremente en algo más del doble, al pasar de 1,43 millones que cuesta ahora a 3,1 millones, una cantidad que se distribuye en cuatro años. La inversión anual en la vigilancia de playas pasará de 357.500 euros a 840.000 euros. Más del 60% de ese esfuerzo económico va dirigido a los profesionales que vigilan y salvan vidas.
Según se puede comprobar en el pliego del concurso, que fue convocado el pasado mes de mayo y se encuentra en este momento en su fase final, el número de socorristas se duplica en playas como Las Canteras y la vigilancia aumentará, al menos en temporada alta, en La Laja, Las Alcaravaneras, El Confital y La Puntilla (San Cristóbal).
Fuentes de la Concejalía de Ciudad de Mar, que dirige José Eduardo Ramírez, aseguraron que el consistorio capitalino «ya ha aprobado los planes de seguridad que exige el Gobierno para las playas» y añadieron que «fue de los primeros ayuntamientos en hacerlo. El nuevo concurso que contempla todos los cambios», para incrementar la protección de los bañistas, «se adjudicará en pocas semanas». El actual contrato lleva varios años vencido y una de las razones en la demora de la licitación del nuevo se ha debido precisamente a la necesidad de adaptar el nuevo pliego a los planes de seguridad y salvamento, cuya obligatoriedad se estableció en 2018.
Así, una vez se adjudique el nuevo contrato se aumentarán los medios y recursos destinados a proteger a los bañistas, con un servicio que cubrirá un mayor número de horas de vigilancia y también de playas.
El decreto obliga a que todos los socorristas sean profesionales y a clasificar las playas según sus niveles de riesgo.
