Victoria Ortega (Palencia, 1958) presentó este jueves la Guía Práctica para la abogacía sobre asistencia jurídica en llegadas marítimas de inmigrantes en el Colegio de Abogados de Las Palmas y conversó con La PROVINCIA / DLP sobre la justicia gratuita y demás aspectos que afectan a la Abogacía Española
El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado la Guía Práctica para la abogacía sobre asistencia jurídica en llegadas marítimas de inmigrantes, por qué deciden impulsar esta publicación?
Los diversos textos legales que tratan el tema de inmigración, respecto a refugio y asilo, les imponen a la abogacía la labor de hace runa entrevista personal a quienes acceden al territorio nacional y de efectuar la asistencia jurídica. Esta asesoría se pretende que esté apoyada por una formación de excelencia porque, lógicamente, es una materia especializada y esta guía lo que pretende es colaborar con esta especialización que se está impartiendo por los colegios de la Abogacía y por parte del Consejo, dentro de ella se tratan de aspectos que suelen ser más frecuentes en la atención jurídica a los migrantes.
¿Quiénes la promovieron?
Partió de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo y de la Fundación de la Abogacía Española, que tiene todo un conjunto de miembros de toda España, concretamente sus autores son los abogados Fran Morenilla Belizón, Noemí Alarcón Velasco y José Luis Rodríguez Candela junto a otros coautores que han colaborado con ellos.
¿Cómo calificaría la gestión migratoria de la Isla?
El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu, ha expuesto ya que es mejorable y yo me quedo con sus palabras. Somos todos consientes de que es un tema muy complejo para las autoridades tanto locales, como nacionales porque están implicados muchos factores como el tratamiento de las fronteras, la relación con el resto de los países, la defensa de los derechos de seres humanos y un conjunto de cosas que plantean una situación complicada. Pero, en lo que la podamos mejorar, aquí estaremos desde la Abogacía del Estado y cuentan con nuestro compromiso en ese sentido.
Es la primera mujer que ostenta el cargo de presidente del Consejo General de la Abogacía, en el que además ha resultado reelegida, ¿Cómo ha llevado este mérito durante estos cinco años?
Lo he llevado con muchísima ilusión desde que accedí al cargo. Tengo muchos proyectos que poco a poco hemos podido llevar a cabo y hablo en plural porque es una labor de un equipo muy grande. Hemos tenido un tiempo muy complicado con el resto de la sociedad mundial en estos momentos de pandemia, pero de verdad que lo desempeño con mucha ilusión y con una responsabilidad tremenda.
«Si algo hemos aprendido con la pandemia es que tenemos que avanzar en la era digital”
¿Cuáles son esos proyectos y objetivos que ya ha podido cumplir en su mandato?
Hemos avanzado en muchos aspectos, uno de ellos es en materia de formación para los abogados. Ahora tenemos como reto progresar aún más en la prueba de acceso a la Abogacía y la posibilidad de especialización para los letrados, se ha evolucionado también en cuanto a la justicia gratuita de una manera muy notable tanto en las formas de prestación como en la parte del territorio común y el abono a las subvenciones que se vienen aplicando. Asimismo, hemos trabajado en materia de derechos humanos desde la fundación incluyendo ámbitos como la salud, por razones obvias.
¿Y dentro de la Abogacía?
Al igual que en el ámbito normativo, hemos estado dando ideas de cómo podían regularse determinados aspectos que nos parecía que eran fundamentales. Tenemos el Estatuto General de la Abogacía después de tantos años (ríe), de igual forma, tenemos un Código Deontológico nuevo y casi finalizada la Ley Orgánica del Derecho de Defensa por la que también veníamos reclamando desde hace mucho tiempo. En la parte tecnológica hemos avanzado en este tiempo.
¿A consecuencia de la crisis sanitaria?
Sí, si algo hemos podido sacar de esta pandemia ha sido la necesidad de adaptarnos a una era digital que nos ha permitido seguir trabajando.
Usted ha reclamado una reforma integral de la Ley de Justicia Gratuita, ¿en qué aspectos y por qué?
Necesita mejoras en varios aspectos. La Ley que data de 1996 era magnifica para su momento pero la sociedad ha cambiado y hay que adaptarla. Hay personas en circunstancias de vulnerabilidad grande que no están recogidas en la justicia gratuita, además hay que agilizar trámites, establecer una retribución medianamente digna con frecuencia de pago y una cierta homogeneidad en todo el territorio nacional para que no se creen estas diferencias. Hay que modificar muchos aspectos y en eso estamos.
¿Qué objetivos perseguirá ahora?
Los tenemos planteados por focos, queremos avanzar en las especializaciones de los letrados y en el máster de acceso a la Abogacía -el cual habilita para la práctica jurídica- del que ya salió la convocatoria para la próxima prueba y la queremos hacer más racional. Tenemos que finalizar los textos que tenemos pendientes como el de la Ley del Derecho de Defensa. Tenemos un gran reto en la parte tecnológica y la necesidad de manejar nichos de trabajo nuevos que surgen por la propia modificación legislativa. Por ejemplo, los medios alternativos de solución de controversias, esto exige una formación por parte del abogado. A su vez, vamos a trabajar en el ámbito internacional porque somos una abogacía europeísta y tenemos que seguir trabajando dentro de Europa por los derechos fundamentales.
