Los altos precios del alquiler han provocado la mayor parte de los 2.890 desahucios que se ejecutaron en Las Palmas de Gran Canaria en los últimos seis años. La reducción de la oferta del alquiler tradicional, debido a la aparición de los pisos turísticos, ha sido la causa principal que ha elevado el coste de los arrendamientos hasta un 40% en la última década. Desde 2015, la Concejalía de Urbanismo y Vivienda ha logrado paralizar el desahucio de 517 familias y concede ayudas al pago del alquiler, cuya cuantía roza este año el millón y medio de euros, pero reconoce que hay que poner en marcha otras políticas para facilitar el acceso a la vivienda, como el control de los precios del alquiler y de los pisos turísticos y la construcción de casas sociales y de protección oficial.
La evolución de los desahucios en el municipio es una de las cuestiones que se analizan en el Diagnóstico Municipal sobre las Características Socioeconómicas y Demográficas de los Hogares y Viviendas de Las Palmas de Gran Canaria, que hace hincapié en el importante papel que juega en el aumento de la exclusión social la dificultad para acceder a una vivienda a un coste asequible, debido a la nula oferta de casas sociales, los bajos sueldos, el desempleo y los altos alquileres. El informe constata también el fenómeno de gentrificación -expulsión de los vecinos tradicionales- y turistificación en Vegueta y, sobre todo, en Guanarteme, que lidera el número de viviendas vacacionales del municipio.
Uno de los peores efectos de la imposibilidad de acceder a una vivienda son los desahucios que, en el periodo estudiado alcanzó su récord en 2013 con 672 lanzamientos y ha ido bajando lentamente, con alguna oscilación, hasta alcanzar su mínimo en 2020, con 276. En los últimos seis años, la causa de la expulsión de la vivienda en el 78% de los casos se debe al impago del alquiler, por la imposibilidad de asumir los altos precios, o porque los dueños dieron por finalizado el contrato.
Un informe realizado por los trabajadores sociales del Ayuntamiento pone en evidencia los principales obstáculos que sufren las familias que acuden a pedir ayuda: «la escasez de viviendas disponibles en alquiler y la renta establecida, siendo muy elevada en la mayoría de los casos, además de las garantías de pago exigidas», que «son similares a las de las hipotecas». Está siendo «muy complicado para las familias afectadas», advierten, «encontrar una vivienda a la que trasladarse».
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Javier Doreste, señala que el estudio evidencia que «los desahucios ya no se producen por impago del alquiler, y eso es lo más grave, sino por la subida de la renta o extinción del contrato. Una familia o un jubilado puede haber estado pagando toda su vida religiosamente el alquiler y cuando acaba su contrato el propietario lo echa porque quiere dedicar la vivienda a alquiler turístico. Y ese es el drama que está viviendo la ciudad por el alquiler vacacional. Por eso, el Gobierno canario tiene que modificar la ley y darnos instrumentos para que podamos controlar los pisos turísticos».
Según el concejal, el consistorio no frena más desahucios porque la gente «no acude a pedir ayuda o lo hace cuando es demasiado tarde». Considera fundamental para facilitar el acceso a la vivienda, «modificar la ley del alquiler, dándole más competencias a los ayuntamientos y más medios para limitar el precio de los alquileres. También hay que limitar el número de pisos turísticos en determinadas zonas», como se hace, por ejemplo, con las camas hoteleras en Vegueta y Triana. «Se puede zonificar la ciudad y en algunos sitios como el Risco de San Nicolás puede ser beneficioso el alquiler vacacional» para regenerar las viviendas y mejorar la economía de sus habitantes.
En su opinión, es especialmente preocupante el fenómeno de expulsión de los vecinos de toda la vida, vía turistificación de barrios tradicionales como Guanarteme o Vegueta, donde ya hay casi un 18% de viviendas dedicadas al alquiler vacacional».
Este proceso de turistificación, sostiene, se está reforzando en La Isleta, donde el Ayuntamiento ha concedido en los últimos tiempos 33 licencias para ampliaciones y reformas que, en la mayoría de los casos, son para destinar los inmuebles al alquiler vacacional.
Otra medida que plantea para reducir los desahucios es la modificación de la ley regional para permitir a los ayuntamientos ejercer el derecho de tanteo y retracto cuando un grupo inversor quiere comprar un edificio donde hay inquilinos en situación de vulnerabilidad, como ocurre en Valencia y Cataluña.
Doreste reconoce que otra potente herramienta para permitir el acceso a un hogar es la construcción de casas sociales y de viviendas de protección oficial. En el municipio hace doce años que no se construye una vivienda de este tipo, pese a que hay una lista de espera de 3.717 personas. Al respecto señala que el Gobierno canario tiene previsto construir un total de 400 viviendas, algunas de las cuales cuentan ya con proyecto y se prevé que las primeras empiecen en 2022.
