La plantilla del Ayuntamiento capitalino afectada por abuso de temporalidad continúa este miércoles con movilizaciones para que el alcalde Augusto Hidalgo acceda a buscar una fórmula que permita la fijeza a los 854 laborales indefinidos y 140 interinos, que conforman más del 70% del personal.

Los temporales proponen al gobierno municipal que haga suya la salida sugerida por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, quien plantea convertir en «trabajadores fijos a extinguir» a los empleados que han sufrido el abuso de la contratación temporal, una situación que afecta a casi 1.000 trabajadores municipales en la capital y 55.000 en toda Canarias. En concreto, Casas propone crear una categoría de «personal estabilizado» con carácter indefinido, para cumplir la directiva europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

El comité de empresa y la junta de personal, que han convocado al personal a una nueva movilización este miércoles delante de la oficinas municipales de León y Castillo a partir de las diez de la mañana, han lanzado un manifiesto en el que reclaman la estabilidad y fijeza en el empleo público, «como sanción al abuso en la relación temporal de este ayuntamiento. Hay soluciones para que podamos estabilizarnos y declararnos fijos. Solo hace falta voluntad y valentía política y contar con el personal que lleva toda la vida realizando su trabajo de forma eficiente y en fraude de ley». Los trabajadores acusan al gobierno tripartito de escudarse en «las mismas normas que vulnera para evitar compensar al personal que ha sufrido el abuso de la contratación temporal y no ser sancionado por sus prácticas ilegales durante décadas. Alega los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para impedir que estos trabajadores puedan consolidar los puestos» que, en algunos casos, llevan ocupando más de 30 años. El ayuntamiento, denuncian, «pretende llevar a cabo procesos selectivos» que vulneran el objetivo de estabilidad de la directiva, lo cual supondría «un gasto elevado para las arcas públicas que no tiene fundamento ni lógica alguna, pudiendo emplear otras herramientas legales para resolver esta situación. Igualmente», añaden, «la fijeza que se exige no riñe con la oferta pública que se debe publicar anualmente ya que hace falta mucho más personal en esta administración. A juicio del colectivo, convocar oposiciones libres «tendrá repercusiones en la ciudadanía, ya que el despido de cientos de empleados y empleadas públicos, con una formación continuada y dilatada experiencia en puestos estructurales y funciones muy especializadas y necesarias para el buen funcionamiento de los servicios, redundará en perjuicio de la ciudadanía» y «lanzará al desempleo y la exclusión social a trabajadores, en su mayoría, con más de 50 años. Lo que reclamamos no es un regalo, es un derecho».