El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró ayer que llevará al propietario de la planta de tratamiento de lodos a la Fiscalía por «romper el precinto» que pesa sobre la instalación desde finales de 2017.
Añadió que varios agentes de la Policía Local visitaron la planta para levantar acta de la vulneración de la orden de cierre y «ahora se iniciará» un nuevo «procedimiento de precinto».
Los vecinos de Tenoya denunciaron, por su parte, que los trabajadores siguen accediendo al biodigestor, y acusaron a Doreste de mentir sobre el precinto, al tiempo que exigieron que se clausure de verdad y se proceda a desmantelar el procesador de lodos de depuradoras para acabar de una vez con la amenaza que pesa sobre los vecinos.
Los vecinos denuncian que sigue la presencia de trabajadores en las instalaciones
El biodigestor de Tenoya es una planta de biogás diseñada para tratar lodos procedentes de depuradoras y restos de cultivos agrícolas. En concreto, en la planta se prevé procesar 69 toneladas diarias de estos residuos, que se introducen en un tanque cerrado hermeticamente, donde la materia orgánica es degradada por la acción de microorganismos en un ambiente carente de oxigeno, originando metano y dióxido de carbono, entre otros gases, que se destinan a producir energía o se queman. La planta está a pocos metros de las viviendas y según un informe de Sanidad, en estos procesos «no se puede capturar todo el gas que se produce», por lo que «una parte se escapa a la atmósfera».
La planta ha sido desautorizada por el Gobierno canario. El Cabildo de Gran Canaria le retiró la calificación territorial inicialmente otorgada tras comprobar que la actividad que iba a realizar la empresa Valoración Ecológica de Residuos y Energía S. L. era de muchísima más envergadura que la que aseguró cuando pidió el permiso: obtención de aguas depuradas para su distribución. Y por tanto, no vinculada al uso agrario.
«Una planta de esas características», subrayó el portavoz de los vecinos, Lorenzo Santana, «no puede estar cerca de las viviendas».
Fuentes de la Concejalía de Urbanismo informaron ayer de que tras la visita realizada al biodigestor de la finca La Montañeta se ha realizado un informe que se ha remitido a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en el que «se advierte de la existencia de una infracción urbanística en suelo rústico». Según estas fuentes, es la agencia «la que tiene la competencia para resolver» y tramitar las sanciones.
Por su parte, Javier Doreste sostuvo que la «planta sigue paralizada por el Ayuntamiento y se le ha denegado al dueño la nueva licencia que pidió. También ha pedido una licencia para un reformado y se les va a denegar porque se trata de una actividad clasificada, que está a menos de 200 metros de las viviendas». «Han roto el precinto y vamos a volver a precintar la planta y habrá que ir a la Fiscalía porque cuando se rompe un precinto municipal es desacato a la autoridad y lo vamos a denunciar».
Preguntado por qué no se ha desmantelado la planta, pese a haber transcurrido cuatro años desde la paralización de los trabajos, Doreste indicó que esa es una tarea que «corresponde al propietario si el juez así lo ordena. Lo podemos hacer por ejecución subsidiaria, pero eso es un procedimiento largo». «La ley», añadió, «dice que el que tiene que restablecer la legalidad es el que causó el delito y en este caso, corresponde al que hizo la obra. En última instancia, sólo si se niega, se acude a la ejecución subsidiaria y se le pasa» la factura. «Yo no puedo dar la orden de desmantelamiento porque estaría prevaricando con dinero público».
Urbanismo afirma que es la Agencia de Protección la que tiene que sancionar a la empresa
Por su parte, Lorenzo Santana aseguró que, «pese a lo que se dijo, la planta nunca se precintó». Calificó de «falacias» las declaraciones de Doreste e insistió en que sobre las dos de la tarde de ayer «habían dos trabajadores trabajando en el interior de la planta, los mismos que hace una semana le dijeron a la Policía Nacional que estaban con los preparativos para iniciar la actividad en la planta y que la empresa tenía permiso para ello».
«Ellos nunca han precintado. No les quedó más remedio que cerrar la planta cuando el Gobierno canario la desautorizó porque no tenía cabida en suelo rústico. La ley dice que cuando una obra es ilegal, el primer paso es precintar y luego se remite el expediente al juzgado y una vez tenga el dictamen del juez, se imponen las sanciones», sostuvo Santana, quien volvió a criticar la negativa de Urbanismo a facilitarles el expediente de la planta, pese a que tiene una orden del juez que le obliga a ello.
Por otro lado, Francis Candil y David Suárez, concejales de Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), pidieron al gobierno municipal que precinte la planta y «actúe con rapidez para paralizar la apertura del biodigestor y buscar una reubicación» a la actividad. Candil, que ayer se reunió con los vecinos para conocer su preocupación, califica de “errática” la política del consistorio en el tratamiento de residuos.
Denuncian a la empresa por robar maquinaria
La Guardia Civil de Talavera de la Reina (Toledo) recibió el pasado 24 de agosto una denuncia de una responsable de la empresa Técnica en Gestión de Biogás, en la que acusaba al propietario del biodigestor de Tenoya (Valoración Ecológica de Residuos y Energías S.L.) de llevarse la maquinaria que la primera instaló, pese a que aún no la había pagado en su totalidad. Según el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico, el dueño del biodigestor acordó hacer efectivo el último pago de 104.000 euros cuando la planta, que se terminó en 2017, se pusiera en marcha. La denunciante acudió a la Guardia Civil cuando unos vecinos del lugar le avisaron de que estaban sacando maquinaria de la planta. Tras esta denuncia, se personaron en la planta agentes de la Policía Nacional, a quienes los trabajadores aseguraron que estaban limpiando y poniendo a punto la planta para su puesta en funcionamiento y que tenían los permisos para ello. Fue en este momento cuando la alarma se apoderó de los vecinos, al enterarse de la versión de los trabajadores. | T.G.S
