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El nuevo derecho a decidir

Ayer entró en vigor la Ley 8/2021 que otorga a las personas con discapacidad el poder de elegir

A la derecha, el fiscal Miguel Ángel Hernández en el acto de celebración por la Ley 8/2021 en la Ciudad de la Justicia. | | M. S. J.

La discriminación ha dado un paso atrás con la nueva reforma que reconoce a las personas con discapacidad intelectual su derecho a determinar aspectos vitales en su vida como casarse o votar. 

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ya tienen el derecho a elegir sobre su vida. Lo que antaño no se contemplaba, hoy es una realidad que ha llenado de ilusión a quienes por años se enfrentaron a «sentencias injustas» en las que «figuraban como demandados» y le otorgaban a un tercero el derecho a decidir. «En ocasiones ni se enteraban de lo que decía el documento judicial», lamentó ayer la coordinadora de la Fundación Tutelar Canaria Adepsi, Vanesa Cubas, durante un acto de reivindicación celebrado ayer en la Ciudad de la Justicia organizado también por la Fundación Canaria de Apoyos Tutelares Funcaprosu y que contó con la presencia del fiscal de la Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad y Provisión de Apoyos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Hernández González, así como con profesionales y voluntarios.

Ayer, entró en vigor la reforma legislativa sobre el ejercicio jurídico de personas con discapacidad aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso en la que se reemplaza la incapacidad judicial por la libre decisión informada de los aspectos de su vida diaria. «La Ley 8/2021 supone un cambio de filosofía en lo relativo a la protección de las personas con discapacidad y sitúa a la voluntad de estos como el eje nuclear en torno al cual debe orbitar todo el procedimiento judicial», señaló el fiscal de la Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad y Provisión de Apoyos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, al tiempo que destacó que eso supone pasar del concepto de protección al de «respetar su voluntad» y subraya que a pesar de ser novedoso desde el punto de vista legislativo, «no lo es tanto» para el Ministerio Fiscal puesto que alegó que «en todo momento hemos priorizado» este aspecto.

El régimen de tutela desaparece y únicamente se «les prestará apoyo en aquellos aspectos en los que lo necesiten». «Se delimita de una forma mucho más precisa el ámbito de capacidad en el que van a poder realizar sus actividades», apuntó el representante del Ministerio Fiscal. Con esto ganan derechos como elegir quién será su representante judicial y «podrán tomar una serie de decisiones que se intentarán respetar en la medida de lo posible, tendrán que valorarse y evaluarse sus solicitudes dando prioridad a su voluntad y prestándole el apoyo que necesiten», reiteró Hernández. Asimismo, destacó que la Fiscalía de Las Palmas «no instaba a la incapacitación total de una persona si no era preciso. Si, por ejemplo, únicamente era necesario un apoyo desde el punto de vista médico o económico, era ahí en donde se trataba de incidir», explicó el fiscal, por lo que aseveró que a ellos no les va a «coger de sorpresa esta reforma ya que siempre se les ha respetado su voluntad».

«Salimos a la calle con un talante festivo pero a la vez reivindicativo porque toda reforma legal que no vaya acompañada de los mecanismos necesarios para ponerla en práctica y que sea efectiva se queda en el papel», apostilló Cubas, al tiempo que solicitó formación para todos los operadores jurídicos sobre la reforma y que se pongan todos los recursos económicos, técnicos y humanos para hacerla cumplir. Víctor Cebaqueba se mostró contento porque «por fin» podrá cumplir con su sueño que es «trabajar y tener derecho sobre mi propia vida como la gente normal, así como votar». «Cuando mi madre se muera, podré ser tutelado por Adepsi», concluyó.

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