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Servicios Sociales tiene pendiente dar 1.960 ayudas del IBI social de 2016 y 2017

Carmen Luz Vargas asegura que se darán las prestaciones a las familias antes de que finalice el año actual

Augusto Hidalgo durante una presentación sobre la inversión social realizada en el municipio LP/DLP

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene pendiente de abonar, a día de hoy, 1.960 solicitudes del llamado IBI Social pendientes de los años 2016 y 2017. Así lo indicó ayer, en una comparecencia en la comisión de pleno de Políticas de Igualdad, la concejala, Carmen Luz Vargas, a petición del grupo popular en el Consistorio, en la que aseguró que estas prestaciones se abonarán a las familias beneficiarias antes de que finalice el año actual, para evitar modificaciones de crédito en los presupuestos del 2022.

La edila de Servicios Sociales admitió que existen expedientes pendientes: 1.509 de 2016 y otros 451 del 2017. El primero de esos años se recibieron un total de 6.000 solicitudes, de las que fueron aprobadas 5.200, mientras que en el segundo, tan solo se tramitaron 2.738. En 2020, se ha reiniciado el expediente de estas ayudas, por lo que si de terminar el ejercicio no se han resuelto, tendrían que volver a comenzar con el presupuesto de 2022 al tener que vincularlo con una partida económica que tenga crédito. 

Por ello, Carmen Luz Vargas aseguró que estas ayudas se entregarán antes de que finalice este año a las familias beneficiarias, al tiempo que abogó por un cambio en las ordenanzas en el que se encuentran trabajando para encontrar una forma de solucionar estos trámites de forma más ágil. Igualmente, mostró la intención del Consistorio por sacar una nueva convocatoria de esta prestación, que desde ese año 2017 no ha vuelto a presentarse.

Por su parte, la portavoz municipal del PP, Pepa Luzardo, calificó ayer de «tomadura de pelo insultante» que en 2021 el Tripartito no haya publicado la convocatoria de subvenciones para afrontar el pago del IBI Social. «El IBI Social que el PSOE anunció que llegaría a 30.000 familias y para el que destinarían 1.700.000 euros cada año ha sido una estafa social sin precedentes», lamentó la concejala popular, quien denunció lo que considera «propaganda política» en el discurso social del Ayuntamiento sin que se materialice en la práctica.

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