El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha calificado de “artificial” la polémica suscitada en relación a las resoluciones adoptadas por el TSJC con las medidas para frenar la pandemia de coronavirus.
Los magistrados a los que ha correspondido el conocimiento de tales asuntos han actuado "con plena independencia, como corresponde al Poder Judicial, para eso vivimos en un Estado de Derecho", resaltó Lorenzo Bragado en su discurso de apertura del año judicial que Canarias, y "han resuelto las peticiones de ratificación deducidas por el Gobierno de Canarias y sus decisiones han sido revisadas por el Tribunal Supremo".
"Esto es lo que realizan a diario los órganos de lo contencioso-administrativo", continuó el magistrado, que añadió que "por supuesto, esas decisiones son susceptibles de análisis y crítica". Subrayó que no ha recibido "queja alguna ni solicitud de amparo por parte de ningún juez o magistrado" ni tampoco ha percibido en las manifestaciones públicas de los responsables del Gobierno de Canarias que "se hayan sobrepasado los límites de la legítima crítica de las resoluciones judiciales". En ese sentido, destacó que "pertenece a la esencia de la democracia poder discrepar con argumentos de una resolución judicial, porque el Derecho no es una ciencia exacta y no olvidemos que los jueces han tenido que valorar cuestiones tan delicadas como qué es la esencia de un derecho fundamental o realizar el juicio de proporcionalidad entre los bienes jurídicos en conflicto".
"No he recibido queja alguna ni solicitud de amparo por parte de ningún juez o magistrado ni he percibido en las manifestaciones públicas de los responsables del Gobierno de Canarias que se hayan sobrepasado en sus críticas"
El TSJC suspendió el pasado mes de julio de manera provisional la obligatoriedad de presentar el certificado covid digital para acceder al interior de la restauración, gimnasios y recintos culturales. También tumbaron la limitación de horario de las actividades no esenciales entre las 0 y las 6 horas de la mañana y aumentaron el aforo interior de los gimnasios hasta el 55%, en las islas en nivel de alerta 4 frente a la covid-19.
Asimismo, en otro auto del pasado agosto ratificó su negativa a que se exija el certificado Covid para entrar en los establecimientos de hostelería, al entender que supone "segregar" a los ciudadanos que no se hayan vacunado.
Menos casos por despidos y de violencia de género
Por otro lado, Lorenzo Bragado, ha señalado que Canarias sigue con la tasa de litigios más elevada de España. Según los datos relativos al primer trimestre de este año (entre enero y marzo), en relación al mismo periodo de 2021, se ha incrementado la entrada de asuntos un 16% y en la misma proporción la tasa de litigiosidad. El mayor incremento se registra en las jurisdicciones Social, Civil y de lo Contencioso-Administrativo y menos en la Penal, detalló el magistrado.
Los concursos de acreedores crecieron un 52%; los de personas físicas, un 91%; las ejecuciones hipotecarias, un 73%; los lanzamientos, un 27%, los procesos en materia de cláusulas suelo, un 133%; y los desahucios un 17%. Solo se redujeron los procesos por despido, un 12%; los ERE, un 85%; y los de de violencia sobre la mujer (VSM)en un 5%.
La estadística del primer trimestre de este año pone de manifiesto, en opinión de Lorenzo Bragado, que "la vuelta a la llamada 'nueva normalidad' ha hecho que afloren numerosos asuntos que simplemente estaban pendientes de presentación y también que se empiecen a vislumbrar las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia, lo que afecta, principalmente, a los juzgados de lo Social y lo Mercantil". Añadió que a la espera de conocer la evolución en lo que queda de año, "el panorama que se dibuja es realmente preocupante porque ya partíamos de una situación más que mejorable".
El mayor incremento de asuntos en el primer trimestre de este año se registró en las jurisdicciones Social, Civil y de lo Contencioso-Administrativo
Según los datos de la última memoria, los 207 órganos judiciales de Canarias registraron en 2020, con respecto a 2019, en números redondos, un 10% menos de asuntos. Este descenso afectó a los cuatro órdenes jurisdiccionales, pero más al Social y al Penal, precisó el presidente del alto tribunal canario. Pese a la disminución de la entrada, sin embargo, los asuntos pendientes aumentaron un 12% y se redujo el número de los resueltos casi en un 14%. Canarias, además, volvió a ser el año pasado –como ya lo viene siendo en los últimos– la comunidad autónoma con la más alta tasa de litigiosidad: 154 pleitos por cada 1.000 habitantes, casi 38 más que la media nacional
Lorenzo Bragado justificó el descenso del número de asuntos en 2020 por la pandemia y el aumento de la pendencia, al haber disminuido la tasa de resolución por la paralización de la actividad judicial durante casi seis meses.
El presidente del TSJC inauguró este viernes el año judicial 2021-22 en una ceremonia solemne a la que han asistido autoridades civiles y militares. El acto se celebró en la sala de vistas principal del Palacio de Justicia de la capital grancanaria, sede oficial del TSJC.
A la ceremonia acudieron, entre otros, los miembros de la Sala de Gobierno del TSJC; el vocal del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta; el fiscal superior de Canarias, Luis del Río; el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo F. Pestana; el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria Antonio Morales o el consejero de Administración Pública, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.
Objetivos para el nuevo año judicial
Continuar con la labor de seguimiento de todos los órganos y partidos judiciales, con especial énfasis en los más colapsados y en las jurisdicciones más afectadas por la pandemia es uno de los retos del nuevo año judicial que comienza en el Archipiélago, avanzó Lorenzo Bragado.
Por otro lado, pretende impulsar la solución a los problemas de infraestructuras. En ese sentido, destacó “los avances sustanciales del proyecto de ciudad de la Justicia para Santa Cruz de Tenerife y el firme compromiso del Gobierno de Canarias en tal sentido, expresado por su presidente y por el consejero de Justicia”.
Contribuir a la implantación definitiva del expediente judicial electrónico y una vez se disponga de los refuerzos de personal que se han solicitado, se promoverá la elaboración de una agenda estratégica, definiendo ejes y programas de actuación a fin de racionalizar y mejorar la gestión del TSJC en sus aspectos gubernativos, son otros de los objetivos.
Por otro lado, se potenciarán los medios alternativos –mejor adecuados– de solución de conflictos (arbitraje, mediación, conciliación) para disminuir la elevada tasa de litigiosidad y tener “una sociedad más segura y menos tensionada”.
Se elaborará el plan de inspección en coordinación con el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y se aboga por la renovación de los convenios de colaboración con el Gobierno de Canarias y otras instituciones. Una de las ideas en ese sentido es la de retomar el objetivo de crear en Canarias una sede permanente de formación y estudios en materia de inmigración y derechos humanos, que podría proyectar su actividad de colaboración con las cortes supremas de Marruecos, Mauritania y de otros países integrantes de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, como ya se planteó en el año 2010.
Por último, el TSJC tratará de retomar el programa Educando en Justicia en cuanto la pandemia lo permita.
El acto se celebró con el aforo restringido en cumplimiento de las medidas contra la pandemia. Puede ver el discurso a través del canal oficial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la plataforma Youtube.
