Los delitos de abuso y agresión sexual se han incrementado en la provincia de Las Palmas durante el confinamiento. Así lo adelantó el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, durante la presentación del balance de la Fiscalía respecto al año 2020, en la ceremonia de apertura del año judicial 2021-2022.
Los datos en cuanto a los delitos contra la libertad sexual en el computo autonómico «se disminuyen en número» pero «rompen la tendencia ascendente» que se venía observando desde 2015. Las cifras no coinciden por provincias, resaltó del Río, y es que en Las Palmas el número es «casi idéntico, un poco por encima» con respecto al ejercicio anterior. Por contrario, en Santa Cruz de Tenerife sí que disminuye de forma «considerable» y se siguen destacando en ambas jurisdicciones los delitos de abuso y agresión sexual. «Sin duda la influencia de la pandemia ha tenido que ver» con estos números, destacó.
«Aunque hayan bajado las cifras por violencia de género, no son tolerables», matiza el fiscal
Además, el fiscal superior destacó que el confinamiento vivido a lo largo del 2020 supuso una «preocupación añadida» en materia de violencia machista y recordó que en 2020 fueron asesinadas tres mujeres frente a las ocho de 2019, este último «fue un año nefasto para Canarias». Por lo que añadió que, aunque haya habido una disminución de estos delitos respecto al periodo anterior, dichas cifras «no son tolerables en una sociedad democrática».
En general, los procedimientos penales han tenido un «descenso considerable» algo que «llama la atención», según del Río, porque a su juicio la pandemia ha tenido influencia en la disminución de los procedimientos judiciales registrados. En concreto, el número de diligencias previas incoadas en 2020 ascendió a 11.800 frente a las 130.700 de 2019, lo que supuso una reducción del 14%, aunque el fiscal superior admite que aumentó la pendencia.
Por su parte, la criminalidad ha tenido una «reducción generalizada», los delitos contra la vida y la intimidad física han disminuido un punto y son las lesiones las que ocupan el primer puesto entre las denuncias que dan lugar a la incoación de procedimientos penales en las Islas.
En 2020 se registraron 5.400 procedimientos abreviados, casi 1000 menos que en el ejercicio anterior pero aumentó la pendencia. Respecto a las diligencias urgentes, se registraron 13.600 causas, lo que supone una reducción de casi 2000 frente al 2019. En cuanto a los sumarios, se incoaron 122 en 2020 mientras que en 2019 fueron 142. Los procedimientos que también se vieron reducidos fueron los del tribunal del jurado con 45 causas frente a las 62 del año anterior.
Los juicios por delitos leves para Luis del Río, «merecen una mención» especial y es que en 2020 se celebraron más de 22.000. «Aunque la cantidad es inferior a 2019, lo cierto es que siguen siendo demasiados», apuntó. El Ministerio Fiscal, además, realizó 11.600 escritos de acusación en este año frente a los 15.000 de 2019, lo que supone un descenso del 22%. Entre ellos, 7000 fueron de juicios rápidos, 4000 de procedimientos abreviados, 118 sumarios y 25 ante el tribunal del jurado.
Los juicios y las sentencias se han disminuido, en el primero de los casos a 11.000 señalamientos y en el segundo a 14.600 fallos. «Hay que resaltar que dentro del apartado de las sentencias el porcentaje de conformidad con las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones oscila entre el 85 y 87% dependiendo de sí analizamos sentencias de los juzgados de lo penal o de las distintas secciones de las Audiencias Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas», explicó Luis del Río al tiempo que destacó que «varía ligeramente según el ámbito territorial de las dos provincias».
Respecto a las diligencias de investigación, en el 2020 se registraron 598 frente a las 763 de 2019, «aquí también se produce un descenso de algo más del 22%», matizó. En el caso de los procedimientos en los juzgados de Menores, el fiscal desgranó que se produce una reducción en las causas registradas, tanto en diligencias preliminares como en los expedientes de reforma. «Eso sí, hay que reconocer como dato positivo que, sin embargo, la pendencia baja algo, especialmente en las diligencias», señaló.
Los delitos contra el patrimonio «ocuparon un lugar destacado» aunque hayan disminuido un 17%. Los procedimientos de salud pública bajaron en un 10% y los delitos contra las relaciones familiares un 34% en el que fue más frecuente el pago de pensiones.
El fiscal superior también recordó que se vivió una situación «dramática» con el incremento en la llegada de inmigrantes del continente africano que generó una masificación y requirió de la creación «urgente» de alojamientos. «Desgraciadamente siempre fueron insuficientes porque la solución a dicha situación excedía con creces el ámbito autonómico y nacional», concluyó.
