La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado cuatro años de cárcel contra la representante de la agencia de viajes Sigma Travel por un delito continuado de estafa tras cobrar billetes de avión a sus clientes que nunca llegó a emitir entre los años 2012 y 2014. La fiscal, que ha instado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra Noelia Dolores Robaina Robaina, pide también su inhabilitación para el ejercicio profesional en el campo de la actividad turística. La apoderada de la agencia también estafó a varios clientes cobrándoles por habitaciones de hotel que no fueron contratadas. La mayoría de los vuelos con los que defraudó a sus clientes tenían como destino Colombia, Bolivia y Cuba, aunque también vendió billetes para Nueva York.
Los hechos denunciados por la Fiscalía, que pide además a la encausada que indemnice con 12.517 euros a los clientes a los que estafó, se remontan al año 2012. La estafa se destapó cuando varios afectados denunciaron que la agencia situada en aquel momento en la calle Luis Morote número 27, se negaba a reintegrarles el dinero de vuelos supuestamente cancelados. La acusada tiene antecedentes penales. En 2017 fue acusada de un delito de estafa por el Juzgado de lo Penal número 2, que le impuso una pena de un año y diez meses de prisión por hechos cometidos en 2013.
La mayoría de los vuelos contratados tenían como destino Colombia, Bolivia y Cuba
Según el escrito de acusación que ha remitido la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el único propósito que movía a la responsable de la agencia de viajes era «obtener un lucro injusto a costa de las personas que contrataban su servicio para adquirir billetes de avión o alquiler de habitaciones en hoteles, sin que nunca hubiera tenido otra intención que cobrar dinero por los mismos, sin llegar a formalizar la compra con las compañías aéreas o los hoteles, haciéndose con el dinero entregado sin ofrecer nada a cambio».
Y todo ello ocurría, añade en su escrito, «con el consiguiente perjuicio para las personas que contrataban sus servicios en la creencia» de que sus billetes habían sido emitidos, tras pagar por ellos a la agencia.
La fiscal contabiliza hasta ocho clientes estafados, que se quedaron colgados junto a familiares o amigos, tras abonar cantidades que oscilan entre un máximo de 4.420 euros y un mínimo de 320 euros.
El primer fraude detectado se produjo el 2 de noviembre de 2012, cuando la acusada, siempre según el relato de la Fiscalía, cobró a dos clientes 1.758 euros por tres pasajes de avión desde Gran Canaria a Cuba para un vuelo del 30 de junio de 2013 que nunca llegó a emitir. «A los compradores no les ha sido devuelta cantidad económica alguna y reclaman por el perjuicio económico», indica.
En junio de 2013, volvió a cobrar a otro cliente 320 euros en concepto de reserva para un vuelo de Gran Canaria a Nueva York, que tampoco contrató. Durante el mismo mes del citado año cobró otros 1.000 euros a otro comprador por un billete de ida y vuelta desde Gran Canaria a Cali, en Colombia. «La acusada sólo compró el billete de ida, descubriendo» el cliente, a la vuelta, que «carecía de billete porque nunca había sido emitido».
El mismo modus operandi utilizó con los compradores de una reserva de varias noches en el hotel Riu Gran Canaria, a los que cobró 1.540 euros y que se encontraron cuando llegaron al alojamiento que la estafadora no había contratado nada.
La imputada tiene antecedentes penales y fue condenada en 2017 por otro fraude
Noelia Robaina llegó a estafar 4.420 euros a un solo cliente, el más perjudicado de todos, que compró en 2013 cuatro billetes de avión desde Gran Canaria a Medellín, que nunca pudieron utilizar y por cuya devolución aún están esperando.
La agencia fue denunciada en 2013 por un grupo de clientes, tras comprobar que los pasajes de sus vuelos no habían sido contratados. Tras acudir al negocio a pedir explicaciones, al considerar en un primer momento que sus vuelos habían sido cancelados, se encontraron con la agencia cerrada a cal y canto. Algunos de los afectados se quedaron bloqueados en Sudamérica sin poder volver a la isla porque la estafadora sólo emitió los billetes de ida. El propietario del local arrendado la acusó en aquel momento de adeudarle más de un año de alquiler, la comunidad y los recibos del agua.
