El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 ha ordenado la suspensión cautelar de las obras de las dos torres del Canódromo, tras estimar la petición de la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta), que reclamó la paralización al considerar que la última licencia que le concedió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 15 de mayo de 2020 a la empresa Realia está basada en una ordenación urbanística que fue anulada en 2014 por el Tribunal Supremo y, por tanto, es ilegal. La promoción contempla la construcción de 120 casas, 165 plazas de aparcamientos y 101 trasteros.
El auto se produce tras la sentencia que declaró ilegal el plan de 2005 sobre la edificación
La decisión de la jueza se produce casi tres meses después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 anulara las licencias de 2006 y su prórroga de 2008 concedidas a Realia y, lo más importante, estableciera además la ilegalidad del Plan General de 2005 en lo relativo al Canódromo, porque es una mera reproducción del plan de 2000, que fue anulado por el Tribunal Supremo, al considerar que no se podían construir las 120 casas en una zona como Schamann, con la edificabilidad agotada.
Siguiendo la argumentación de dicha sentencia, el abogado de los vecinos, Yeray Alvarado, planteó en el recurso ahora estimado por la jueza que el Plan General de 2012, que le da cobertura a la última licencia, la de 2020, es también ilegal porque se trata de otra réplica de la ordenación anulada en su día.
La magistrada Sagrario Tovar de la Fe ha accedido a la petición cautelar de los vecinos, al considerar que existe «una apariencia de buen derecho a favor de la recurrente en su reclamación contra la licencia urbanística impugnada».
La batalla vecinal logra parar la construcción por segunda vez, la primera fue en 2009
Añade que «el interés público también aconseja» adoptar la decisión de paralización cautelar, porque se trata de unas determinaciones urbanísticas que ya han sido objeto de un pronunciamiento judicial conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo, atendiendo además la no oposición de la codemandada titular de dicha licencia». Y es que la empresa Realia, tras advertir que la sentencia en la que se basa la petición de suspensión no es firme y la va a recurrir, añade que no se opone, porque «existen razones de peso» para ello, «al ponerse en entredicho, una vez más, la legalidad del instrumento que justifica la inversión comprometida y siendo absolutamente necesario gozar de la absoluta certeza y seguridad jurídica que avale la continuidad y viabilidad del proyecto, sin que la suspensión en el abandono de las obras en ningún caso se debe calificar como abandono de las mismas». El Ayuntamiento, por su parte, no se pronuncia sobre la suspensión y dice que debe primar el «interés general» y el «interés de los promotores de las viviendas».
Los vecinos advierten en su recurso de la necesidad de paralizar una obra que consideran ilegal, porque las casas están a punto de ser comercializadas. Se trata de unas obras, añaden, «que en su día deberán ser demolidas, por lo que su crecimiento y consolidación dificultaría muchísimo la ejecución de una eventual sentencia estimatoria de la demanda, además de aumentar el daño que la Administración debería indemnizar al promotor afectado». Esta es la segunda vez que los vecinos consiguen que un juez paralice las obras del Canódoromo. La primera suspensión tuvo lugar en 2009 . Realia no retomó la construcción hasta 2019, pese a que las podía haber reiniciado bastantes años antes. En estos momentos está levantada la estructura de las dos torres. Los vecinos llevan más de 20 años batallando contra esta actuación urbanística que propició uno de los mayores pelotazos de la historia urbanística de la ciudad.
