El concejal de Urbanismo Javier Doreste anunció ayer que el Ayuntamiento recurrirá la paralización cautelar de las obras del Canódromo, que ha decretado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numero 6 de Las Palmas de Gran Canaria, para «no abrir la vía a una indemnización monstruosa» a Realia, la promotora de las dos torres de 15 y 17 plantas y 120 casas que se construían hasta ayer en Schamann. María Ángeles Sánchez, la presidenta de la asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta), expresó, por su parte, su convencimiento de que la magistrada anulará finalmente la última licencia que le dio en 2020 el Ayuntamiento a Realia, porque está basada en una normativa urbanística que fue anulada por el Tribunal Supremo en 2014.
En cuanto a la indemnización millonaria a la que se expone el Ayuntamiento si el Juzgado declara nula la licencia, el abogado de los vecinos, Yeray Alvarado, consideró que Doreste perdió la oportunidad de dar marcha atrás sin coste para el Ayuntamiento, cuando la justicia declaró la caducidad del permiso. «Ahí pudo aprovechar para no indemnizar a Realia y revisar de oficio el Plan General, en base a la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nula la ordenación del Canódromo» en 2014. «Pero decidió tirar para adelante con todo y le dio una nueva licencia en 2020», añadió el letrado.
Los vecinos critican al Ayuntamiento por haber dado un nuevo permiso en lugar de revisar el PGO
El auto que paraliza las obras del Canódromo de manera cautelar, hasta que la jueza dicte sentencia sobre el recurso presentado por los vecinos contra la licencia de 2020, se produce casi tres meses después de que otro juzgado de lo Contencioso, el número cinco, estimara un recurso de Ben Magec y anulara las licencias de construcción del Canódromo de 2006 y su prórroga de 2008. Dicha sentencia anuló también toda la ordenación urbanística del Plan General de 2005 relacionada con la construcción de las torres, al considerar que era una mera reproducción de lo establecido en el anulado PGO de 2000 y el plan especial de 2003. Precisamente, esa es la argumentación que han utilizado los vecinos para pedir la anulación de la última licencia, al estar basada también en esa misma normativa que fue anulada por el Supremo en su día y que se volvió a reproducir tal cual, primero en el PGO de 2012 y en el documento de 2020. Alvarado señala que esa reproducción de la normativa anulada por el Supremo en todos los planes generales posteriores produce un «efecto Matrioska». Todos los planes generales posteriores a 2000 «tienen la misma nulidad dentro; están contaminados. El Supremo anuló el PGO de 2000 y el plan especial de 2003 porque el Ayuntamiento no justificó el cambio de uso de equipamiento a residencial, máxime en una zona donde la edificabilidad estaba agotada. Esa falta de motivación se replica en 2005 y en 2012 y en 2020. Es una nulidad encadenada».
Por su parte, Javier Doreste, volvió a justificar la concesión de la licencia de 2020 a Realia porque la misma tiene la cobertura del «Plan General de 2012, en el que Cardona legalizó de alguna forma la obra del Canódromo. Los vecinos tenían que haber recurrido ese plan y no lo hicieron y el tiempo de recurrirlo ha pasado ya. El Ayuntamiento lo que tiene que hacer es cumplir con el planeamiento y atenerse a lo que digan los jueces. Si dicen que no, será que no y se abrirá una vía terrible de indemnización a los propietarios. La ciudad se expone a una indemnización brutal». Realia pidió en 2008 una indemnización de 24 millones. Preguntado por qué no revisó de oficio el planeamiento sobre el Canódromo, como le solicitaron los vecinos, explicó que esa decisión «no la toma el político, lo deciden los técnicos. Si los técnicos ven que hay un motivo suficiente para hacer una revisión de oficio, se hace. Hace mucho tiempo que decidimos que las licencias se daban bajo criterios técnicos», dijo.
