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Tribunales

El juez archiva la causa contra Ralons y Seguridad Integral Canaria por estafa

Las empresas tenían contratado un producto financiero con una entidad bancaria y tras finalizar los servicios para el Gobierno de Canarias fueron acusados de estafar al banco

Imagen de archivo de la empresa Ralons Servicios S. L. La Provincia

El juez ha archivado la causa contra las empresas Ralons Servicios S. L. y Seguridad Integral Canaria S. A. por un supuesto delito continuado de estafa cometido a una entidad bancaria a través de un producto financiero. En este mismo procedimiento figuraban como acusados Miguel Ángel Ramírez, Héctor de Armas, Manuel Hernández y Carlos Matas. por el mismo delito que las empresas que representan, y otro de falsedad en documento mercantil.

El magistrado Florencio Luis Barrera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha decretado el sobreseimiento provisional ya que ni la Fiscalía Provincial de Las Palmas, ni el banco supuestamente perjudicado formularon acusación contra los que eran investigados. Además, el auto, al que ha tenido acceso LA PROVINCIA / DLP, revela que el ministerio público y la entidad bancaria fueron quienes solicitaron el archivo provisional de la causa.

En concreto, el caso se abre en contra de los cuatro investigados y las dos empresas que representan después de que finalizase un contrato de seguridad y limpieza que tenían con el Gobierno de Canarias. Para cubrir los gastos de estos servicios utilizaban un producto financiero denominado 'factoring' -que tenían contratado con la entidad financiera supuestamente perjudicada-, el cual consistía en un adelanto del presupuesto mensual que era devuelto por los empresario tras pasar los 90 días que tardaba la administración regional en pagarles.

La Fiscalía y la entidad bancaria no formulan acusación y piden el archivo del procedimiento

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La denuncia llega después de que Ralons Servicios S. L. y Seguridad Integral Canaria S. A. dejaran de prestar sus servicios al Gobierno de Canarias. Por este motivo el juez dio traslado al Gobierno canario para que se personase en la causa puesto que pudo verse afectado por el cese del servicio ya que la entidad financiera había adelantado entorno a un millón de euros a las empresas investigadas para la prestación de los mismos.

Sin embargo, el dinero anticipado por la prestación de servicios de limpieza y seguridad que no se ejecutaron fue devuelto al banco tras concluir el contrato. Por ello la entidad financiera no formuló acusación contra dichas empresas y sus representantes legales.

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