La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por el diésel frente a los coches ecológicos. La concejalía de Seguridad y Emergencias ha sacado a licitación pública el contrato de arrendamiento y mantenimiento de una veintena de vehículos para el cuerpo por un valor de 2.581.227 euros por un periodo inicial de dos años y dos prórrogas de un año cada una, cuatro en total. Los coches con motor de combustión de gasoil han sido tradicionalmente los más contaminantes del mercado. De hecho, hay varias marcas que ya han anunciado que en 2025 dejarán de fabricarlos y comercializarlos. Este concurso público contrasta con las políticas de agenda verde y de ciudad sostenible que el Ayuntamiento promueve, especialmente desde la concejalía de Movilidad, al no abogar por arrendar vehículos eléctricos o en todo caso híbridos.
El Ayuntamiento de la capital grancanaria opta así por este tipo de vehículos tras descartar adquirir en régimen de alquiler híbridos o eléctricos «por múltiples factores», según detalla un informe solicitado por la Intervención General a la concejalía delegada de Seguridad y Emergencias, que lidera Josué Íñiguez. Y es que el principal requisito dentro del pliego de condiciones técnicas del contrato es que los coches tengan motor turbo diésel. El objetivo del concurso público será dar servicio al cuerpo con hasta cuatro tipos diferentes de vehículos: coches patrulla con mampara o sin mampara, de intervención y para los Agentes de Movilidad.
Un informe señala que las dependencias policiales carecen de una instalación eléctrica adecuada
Seguridad y Emergencias asegura en el informe que los vehículos eléctricos no alcanzan la autonomía necesaria para los fines a los que van destinados -patrullaje de la ciudad-. Según el documento, estos resultan «inapropiados» para la prestación del servicio durante las 24 horas del día. Es más, este factor, aseguran, «podría suponer perder un turno de ocho horas para su recarga».
Por otro lado, resaltan que las dependencias de la Policía Local donde se encuentran los vehículos «son muy antiguas y están obsoletas». De esta manera, carecen de una instalación eléctrica «con las debidas prestaciones», aclaran. El edificio, cuya central se encuentra en Miller Bajo, fue inaugurado en 1979 y estaría pendiente de reformas en este sentido.
El informe también especifica que actualmente no existe ningún tipo de vehículo eléctrico con homologación para kits de detenidos -es decir, el conjunto formado por la mampara, los asientos traseros donde van los arrestados y otros avances tecnológicos como cierres de seguridad de las puertas-. En este caso, no especifica si los híbridos adolecen de este mismo inconveniente; algo a lo que la concejalía no ha respondido por el momento al ser preguntada por este periódico.
Por último, el informe especifica que la opción de rentar vehículos diésel frente a uno de gasolina «obedece» a que sus motores son «normalmente más resistentes y el consumo de combustible es notablemente inferior», unido al precio inferior del gasoil en comparación al del otro carburante. El documento añade, además, que los vehículos de este tipo cuentan «con medidas rigurosas para disminuir la emisión de gases de efectos invernadero».
Lo cierto es que las últimas innovaciones han hecho que los coches con motor turbo diésel hayan disminuido notablemente sus emisiones. No obstante, las de NOx u óxido de nitrógeno, altamente perjudiciales para el sistema respiratorio, siguen siendo aún superiores a las de un vehículo de gasolina. Y, sin duda, todavía son más perjudiciales para la salud y el medioambiente que los híbridos y los eléctricos.
