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La ciudad debe pagar casi 900.000 euros a un centro comercial tras anular la juez su ampliación

Urbanismo dio permiso en 2007 para reformar una galería en Escaleritas como gran superficie en una zona prohibida para ello

Galería comercial Escaleritas 54 La Provincia

El Ayuntamiento de la capital grancanaria tiene que indemnizar con 892.669 euros, más intereses, a la empresa propietaria de un centro comercial en Escaleritas número 54, por los daños económicos que esta sufrió tras la anulación de la licencia del proyecto de reformado que le concedió el consistorio en diciembre de 2007.

Tanto la licencia inicial, concedida en 2005, como el permiso de ampliación y nueva construcción de 2007 -que supone un aumento de ocupación y del aprovechamiento permitido- incumplen la normativa urbanística porque daba vía libre a la construcción de un centro comercial de más de 4.500 metros cuadrados, cuando el planeamiento de la zona sólo permite un supermercado no superior a 2.500 metros cuadrados.

El gobierno municipal lleva hoy a un pleno extraordinario la aprobación de una modificación de crédito con cargo a los remanentes para pagar estos casi 900.000 euros a la empresa Kattekymas S. A., propietaria de la galería comercial, donde hay un Mercadona, además de otros comercios.

 Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, dictada el pasado 18 de mayo de 2021, estima parcialmente el recurso presentado por Kattekymas S. A., que reclamó 1,40 millones de indemnización al Ayuntamiento por el daño emergente y el lucro cesante.

La magistrada María Olimpia del Rosario  considera que el Ayuntamiento es responsable «patrimonialmente» de los daños sufridos por la empresa a consecuencia de la concesión de la licencia de obra mayor de diciembre de 2007 y de primera ocupación de 29 de febrero de 2008.

Rechaza, sin embargo, la indemnización por lucro cesante, al entender que la compañía no ha acreditado ni probado «debidamente» que haya dejado de obtener ganancia como consecuencia de la pérdida de uso comercial de una de las plantas de su propiedad, para destinarla a sala de máquinas.

Fueron los vecinos del edificio los que denunciaron la construcción en las zonas comunes del inmueble de varios cuartos para instalar las salas de máquinas de refrigeración del supermercado.

El juez le da la razón al propietario que reclama por daños, tras tener que derribar una obra

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La empresa argumentó que esa ocupación ilegal de la azotea estaba amparada en una licencia municipal y, tras ser obligada a derribar esas salas de máquinas, reclamó al Ayuntamiento por el dinero gastado en construir y demoler dichas instalaciones y por el lucro cesante.

En la sentencia se reconoce que Kattekkymas «incurrió en dolo», por cuanto «presentó un proyecto de reformado cuando en realidad se trataba de un nuevo proyecto de obras. Ahora bien, esta conducta dolosa terminó cuando la Administración dictó sendas resoluciones concediendo las licencias pretendidas y contraviniendo así sus propias normas urbanísticas».

Según afirma la resolución, el supuesto proyecto de reformado incluía, entre otras intervenciones, un cambio en la distribución de los locales, «que conlleva el traslado de la superficie alimentaria del sótano 2 al sótano 1», lo cual, al modificar, entre otros aspectos, «el uso comercial autorizado va más allá de la distribución de locales».

Las licencias de 2007 fueron anuladas en 2013, una resolución que fue ratificada en 2015 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. A raíz de dicha sentencia, el Ayuntamiento emitió una orden de cierre del centro, que fue paralizada por el juez. Según la juez la licencia de 2005 es firme porque no fue impugnada, pese a permitir un centro comercial en un sótano, no contemplado por el PGO.

La sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar al centro comercial es firme porque el Ayuntamiento renunció a recurrir, al entender que un nuevo recurso exponía al Ayuntamiento a pagar una mayor cantidad de dinero.

Por otro lado, el pleno extraordinario de hoy tiene previsto aprobar otra modificación de crédito de 7,38 millones para pagar a la compañía Emalsa por el transporte de lodos.

Otro asunto que va es el cambio del plan plurianual de inversión de los 10,8 millones que cuesta el edificio de 148 viviendas de Las Rehoyas, que hay que modificarlo de nuevo porque no es posible invertir este año el millón previsto, debido al retraso en el inicio de la obra.

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