La corporación aprobó ayer por unanimidad liberar dinero procedente de los remanentes para pagar 7,38 millones a Emalsa y poder dar cumplimiento a una sentencia que condena al Ayuntamiento a abonar dicha cantidad a la compañía mixta del agua por la tasa que hay que abonar al Cabildo por depositar los lodos de las plantas depuradoras en el Ecoparque Norte.
Esta es la segunda vez que la Justicia obliga al Ayuntamiento a asumir el pago de dicha tasa, después de que Emalsa recurriera a los tribunales. En la primera ocasión, la ciudad tuvo que pagar más de tres millones por el periodo comprendido entre 2014 y 2017. Los 7,38 millones de la modificación de crédito aprobada ayer son para pagar la tasa desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2020. Según explicó el coordinador general de Economía y Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda, la última sentencia establece que el pago de la tasa era «un sobrecoste adicional que Emalsa no tenía que soportar» tras el cambio de gestión del vertedero del Salto del Negro, que pasó de manos del Ayuntamiento al Cabildo cuando se creó el ecoparque, lo que implicó para el municipio y para Emalsa la obligación de pagar una tasa por depositar la basura.
El viceportavoz del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, criticó que el Cabildo de Gran Canaria siga sin compensar económicamente a la ciudad por el impacto que supone el ecoparque, cuyos terrenos pertenecen además al Ayuntamiento. En 2013 ambas administraciones firmaron un convenio para compensar a la ciudad, sin cuantificación económica. A principios de 2015 se habló de un presunto acuerdo, por el que el Cabildo pagaría a la ciudad 6,4 millones por el traspaso del terreno y 200.000 euros anuales en concepto de cánon por el impacto del complejo.
Más de seis años después, el Cabildo se resiste a compensar a la ciudad y el concejal popular criticó al alcalde Augusto Hidalgo por no exigir a la institución insular que compense a la ciudad. «Haga valer señor alcalde la posición de la ciudad y remate ese convenio antes de concluir su etapa, que lleva ya seis años gobernando», le echó en cara.
En la misma línea se pronunció el viceportavoz de Coalición Canaria (CC), David Suárez, quien criticó a la concejala de Aguas, Inmaculada Medina, por anunciar desde 2015 que se está intentando firmar un convenio del que todavía no hay nada. «Estamos negociando», insistió Medina, «con Medio Ambiente del Cabildo para llegar a un acuerdo sobre el coste del suelo y tener esa compensación económica de 300.000 euros todos los años».
Además del pago a Emalsa de la tasa de lodos, el pleno aprobó también otra modificación de crédito para abonar 892.669 euros, en cumplimiento también de otra sentencia firme que obliga a la ciudad a indemnizar con dicha cantidad al propietario de una galería comercial de Escaleritas 54, tras la anulación de una licencia de ampliación ilegal que concedió el Ayuntamiento en 2007.
Las Rehoyas
Por otro lado, el pleno aprobó también, con la abstención de la oposición, una nueva redistribución del plan de inversión plurianual de los 11,8 millones que cuesta la construcción del primer edificio de la reposición del barrio de Las Rehoyas. El inmueble de 148 viviendas se adjudicó en junio pasado, pero las obras aún no se han iniciado. Todos estos retrasos, que el concejal de Urbanismo Javier Doreste atribuyó a «diversos problemas administrativos que han impedido cumplir con el calendario», han obligado por un lado a renovar la prórroga del convenio firmado con el Gobierno de España en 2017, por el que concedió cuatro millones, y una vez realizado ese trámite, volver a modificar el reparto del dinero debido a que este año es imposible gastar el millón de euros previsto inicialmente para 2021.
En el reparto aprobado ayer se incluyen 328.536 euros para 2021, algo más de cinco millones para 2022 y 6,5 millones para 2023. La cifra global contrasta con los 10,8 millones por los que se adjudicó el inmueble a la empresa Construplan.
El responsable de Urbanismo espera que las obras puedan iniciarse antes de que termine el año.
El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, criticó el gran retraso que sufre la obra, que atribuyó a un «enorme déficit de gestión». «Después de firmado el convenio con el Estado tardaron dos años y medio en hacer el proyecto de obra. Luego se adjudica en junio de 2021 y en estos momentos aún no se ha firmado el contrato» con la empresa adjudicataria, criticó Sabroso.
El Cabildo inyecta 700.000 euros para ayudas
La capital dispondrá de 715.000 euros más para financiar las ayudas de emergencia a las familias desfavorecidas, gracias a un convenio por el que el Cabildo inyectará ese dinero. La formalización del convenio fue aprobada ayer por unanimidad en el pleno extraordinario y urgente. Estos 715.000 euros se suman al millón que inyectó el Ayuntamiento en junio pasado, procedente de los remanentes, para garantizar la respuesta a todas las demandas de ayudas. La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, destacó que la firma del convenio permite contar el próximo año desde el 1 de enero de ese dinero con carácter estable. «Esto nos va a dar oxígeno administrativo», aseguró, a la hora de responder a las demandas de la población necesitada. Frente a las críticas de la oposición, que reprochó que el Cabildo destine este año un millón menos a ayudas de emergencia que el año pasado, Vargas indicó que el reparto entre los municipios se ha basado en los criterios de la ordenanza insular. «Todas las peticiones de ayuda son atendidas y si no llegara con el dinero previsto, lo buscaríamos», sostuvo. | T. G. S.
