La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha denunciado este miércoles que ha sido eliminada del orden del día del próximo pleno una moción sobre el presunto caso de acoso sexual denunciado por una trabajadora del Ayuntamiento contra el exjefe de gabinete del alcalde, Pablo Quintero.

La concejala de la oposición ha señalado en rueda de prensa que fueron presentadas tres mociones y esta ha sido rechazada, lo que le hace pensar que el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), «no quiere que se hable de este tema».

Ante el «cese fulminante» del director de gabinete del alcalde, Pablo Quintero, los populares quieren conocer «los protocolos para gestionar estas situaciones» y «reforzar con medios técnicos el servicio de prevención de riesgo», así como «mostrar el apoyo y solidaridad del grupo» a la trabajadora afectada. «Defender a la mujer no va de ponerse un lazo malva una vez al año, sino de prevenir y condenar que este tipo de presuntos delitos se produzcan», ha dicho la portavoz del PP.

Para Luzardo, el rechazo a esta moción en el orden del día le «sorprende» ya que «tiene mucho que ver con el 25N, Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres» que se celebra este jueves. No obstante, ha advertido de que recurrirán «en la administrativa y en los juzgados para defender los derechos de la oposición».

En estos momentos, «no hay psicólogo asignado para el departamento y este servicio tiene tres puestos vacantes», asegura el PP, que considera que «debe reforzarse» para que los protocolos de actuación para detectar, prevenir e impedir el acoso laboral y sexual en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se cumplan.

Entre las iniciativas que defenderán en el pleno de noviembre se incluye una moción social sobre ayudas a las entidades de reparto que atienden a familias en situación de pobreza y exclusión social para que exista «una subvención directa», porque además tildan de «impresentable» que el Banco de Alimentos tenga una subvención «ridícula» de 20.000 euros, «congelada desde hace años» cuando el Ayuntamiento tiene recursos.

La segunda de las mociones hace referencia a «los problemas de inseguridad» que denuncian algunos vecinos de Tafira, relacionándolos con la utilización de viviendas unifamiliares del barrio como albergues para menores llegados en patera.

Luzardo ha explicado que el PP ha pedido datos sobre «qué requisitos debe tener los centros de menores», que no son «barracones como los que se dan en estas viviendas y donde los menores no tienen actividad, están todo el día en la calle y por tanto se están dando problemas de inseguridad».

Para la portavoz popular, «estas 13 viviendas unifamiliares no son centros de menores», están gestionadas por entidades que no tienen escolarizados a los menores y no les ofrecen inserción, ni talleres, ni cursos de idiomas, sino que -sostiene- «los sueltan en la calle».

Es una situación de «viviendas sin permisos y sin cumplir requisitos que están funcionando como centros de menores no acompañados» cuando el Gobierno de Canarias «tiene la tutela de estos menores».

«No se puede dar autorización a una vivienda para ser centro de menores no acompañados, sino que deben estar en centros habilitados para esta función», ha opinado la portavoz del PP.