La ciudad ha pagado ya 11,5 millones por suspender la tasa de cementerios

La suspensión de la tasa de mantenimiento de cementerios en 2007 le ha costado ya al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al menos 11,5 millones de euros, una cifra en la que se incluyen parte de los intereses de demora abonados, porque el pago se produce varios años después del ejercicio en que es reclamado por la concesionaria Canaricem, una vez que el juez ordena satisfacer la deuda.

Fuentes de la Concejalía de Cementerios, que dirige Luis Zamorano, aseguran que entre 2015 y 2021 «se han pagado otros 10 millones» y añaden que se está intentando «llegar a un acuerdo» con la concesionaria para «evitar las vías judiciales». Desde Canaricem confirman que se «está negociando» para retirar los recursos por impago presentados desde 2016.

Los 11,5 millones que se han pagado hasta ahora por orden judicial corresponden al periodo comprendido entre 2007 -año en el que la entonces concejala de Cementerios Nardy Barrios suspendió la tasa- y 2015, el último ejercicio que la empresa Canaricem ha ganado en los tribunales tras recurrir el impago.

Hasta ahora, un total de 19 sentencias judiciales le han dado la razón al concesionario y reconocen la «legitimidad» que le asiste al reclamar el dinero. El pleno municipal del pasado octubre autorizó el pago de 1,5 millones correspondiente a la tasa de 2015, tras la ratificación del Supremo. En dicha cantidad se incluye un total de 270.000 euros por los intereses devengados desde febrero de 2015 hasta ahora.

Desde que se suspendió la tasa de cementerios, en el mandato de Jerónimo Saavedra, el procedimiento es el mismo: el concesionario reclama en los tribunales la tasa y hasta la fecha todas las sentencias emitidas le han dado la razón.

La tasa de mantenimiento de unidades de enterramientos fue incluida en el pliego de condiciones técnicas que rigió el contrato de la concesión de la gestión del servicio de cementerios, que tiene vigencia hasta 2027.

La aplicación de la tasa fue aprobada en un acuerdo plenario el 27 de abril de 2006, cuando gobernaba Pepa Luzardo.

En 2007, Barrios decide suspender la tasa al considerar injusto cobrar a la ciudadanía por el mantenimiento de las tumbas y nichos, ya que son las familias las que se encargan de ese cometido.

Canaricem recurre la medida y reclama el pago de la tasa, argumentando que la no percepción de dichos ingresos ponen en peligro el equilibrio económico-financiero de la empresa. Y desde entonces, todas las sentencias, incluidas las del Supremo, le han dado la razón -sin entrar en el supuesto desequilibrio económico que esgrime la empresa- al considerar que el Ayuntamiento no puede suspender de manera unilateral una tasa que forma parte del contrato de una concesión.

Mantenimiento

El Ayuntamiento, por su parte, siempre ha argumentado en sus recursos judiciales que la supresión de la tasa nunca ha afectado al equilibrio económico-financiero de la empresa. El consistorio considera «improcedente» cuantificar el importe de la tasa porque no «se produce su hecho imponible, por cuanto la concesionaria no realiza el mantenimiento ni conservación de las unidades de enterramiento, sino que dichas actividades son realizadas por el particular titular del derecho funerario». Los letrados municipales subrayan que Canaricem no sólo no se ha visto afectada por un déficit económico, que «no ha acreditado», sino que «se ha visto beneficiada» porque ofreció en su oferta la creación de un quinto cementerio que nunca se ha realizado. Los jueces responden al Ayuntamiento que aunque tuviera razón en sus argumentos, lo que se está juzgando es la anulación unilateral de la tasa. En la última sentencia de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada el 18 de febrero de 2020, el ponente considera «inexplicable» el nuevo recurso de apelación del Ayuntamiento, dada la «claridad» de las múltiples sentencias dictadas con anterioridad.

La relación entre ambas partes parece haber cambiado según indican las fuentes de la Concejalía de Cementerios, que subrayan que «están valorando opciones para llegar a un acuerdo y evitar las vías judiciales como en el pasado, buscando en todo momento la óptima calidad del servicio para los ciudadanos y sin comprometer el estado financiero de la concesionaria, de forma que sea un servicio y gestión sostenible en el futuro». Añaden las fuentes que «se está trabajando en varios proyectos y acciones que ambas partes esperan que vean la luz lo antes posible». La relación entre las partes, sostienen, «se sitúan en el mejor momento».

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