El juicio contra un empresario de la construcción y su pareja que debía celebrarse ayer, fue suspendido por cuarta vez. Tal y como hizo en 2020, cuando también estaba señalada la vista oral, el principal acusado de delitos contra la Seguridad Social alegó que tenía coronavirus para no presentarse.

El letrado de Pedro M. sostuvo ante la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que su cliente estaba en cuarentena por sospechar que se había contagiado de coronavirus. Además, entregó un documento del Hospital Doctor Negrín que justifica su ausencia en el juicio y apostilló que era nuevo en la causa por lo que desconocía que su representado ya había padecido covid. Sin embargo, La Fiscalía señaló que esta ya era la segunda vez que se suspendía el juicio por la misma razón.

Pese a esto, requirió la suspensión al no poderse celebrar la vista oral sin la presencia de el acusado. El Tribunal, por su parte, manifestó que suman ya cuatro las ocasiones en las que han tenido que suspender el plenario, algo que cuesta dinero a la Administración de Justicia y, en consecuencia, a los ciudadanos. Es por ello, que aseveró que si el acusado vuelve a alegar estar contagiado de la covid-19, tendrá que comparecer por videoconferencia de comprobarse por medio de un médico forense que si padece el virus.

Y es que su pareja Carmen S., que también figura en la causa como acusada, ya viajado desde Sevilla en las cuatro ocasiones, por lo que ha perdido el viaje. Asimismo, la magistrada Pilar Parejo recordó que la suspensión significa una perdida de tiempo tomando en cuenta que tienen causas pendientes con presos y víctimas que esperan por la celebración de sus juicios.

La Fiscalía pide para Pedro M. una condena de 11 años de prisión por dos delitos contra la Seguridad Social y uno de alzamiento de bienes, así como una multa total de 2,3 millones de euros. Mientras que para la acusada requiere una condena de siete años de cárcel por un delito contra la Seguridad Social y otro de alzamiento de bienes, también interesa una multa de 763.408,29 euros. Igualmente, la acusación pública pide que el acusado, de resultar condenado, indemnice a la Administración con 767.359,64 euros por las cuotas no satisfechas por los trabajadores de dos se sus empresas.

Pedro M. creó, según el ministerio público, una serie de entidades mercantiles dedicadas a la construcción. Este no pagaba la cotización de sus trabajadores a la Seguridad Social y una vez que la Administración reclamaba, ponía en marc ha una nueva entidad con la que seguí prestando el mismo servicio. Todo ello con los mismos trabajadores y medios personales, así como con «una doble finalidad» de «desviar la facturación de esos servicios a una entidad diferente de la deudora para mantener a salvo los ingresos de su explotación y poder además seguir obteniendo los certificados de situación de cotización favorables emitidos por la Tesorería de la Seguridad Social.

Las primeras dos empresas las constituyó sólo y, posteriormente, decidió crear otra con su pareja con la misma finalidad. Además, la Fiscalía señala que el acusado ni ninguna de sus empresas figuran como titulares de algún bien en todo el territorio nacional, pese a que este adquirió una vivienda en Santa María de Guía en 2004.