El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha impuesto ya tres multas coercitivas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por el abandono en que se encuentra la antigua comisaría de la Policía Nacional, que además está ocupada por un grupo de personas que tienen en jaque a los vecinos de la calle Miguel Rosas, justo al lado de la playa de Las Canteras. Es lo que aseguró un portavoz de la Concejalía de Urbanismo, quien añadió que el «siguiente paso» será solicitar al juez que permita al consistorio intervenir en el inmueble para tapiarlo si el conocido como banco malo, el propietario del edificio ocupado, sigue ignorando los requerimientos de la dirección general de edificación y actividades clasificadas.
Los vecinos de la zona están recogiendo firmas para exigir al Ayuntamiento que desaloje de una vez la vivienda, que se ha convertido en un centro de trapicheo de droga, cansados de soportar las continuas peleas y escandaleras que provocan los habitantes de la antigua comisaría.
Según las fuentes de Urbanismo, Actividades Clasificadas «lleva requiriendo desde 2017» a los propietarios del edificio para que «ponga las instalaciones en condiciones». De hecho, añadieron, «se le han impuesto tres multas coercitivas por no atender los requerimientos del Ayuntamiento» en relación con las cuestiones urbanísticas. «La cuestión de los okupas», indican, «la tiene que resolver el propietario».
Tapiado
El Ayuntamiento señaló que el «siguiente paso» tras la tres multas coercitivas «será pedir permiso al juzgado para actuar por ejecución subsidiaria y luego se le pasaría la factura al banco malo».
La actuación municipal consistiría en el tapiado y adecentamiento del inmueble, algo parecido a lo que se hizo en 2019 con una casa de la calle Molino de Viento, propiedad de Bankia, cuyos ocupantes tenían también amargados a los vecinos por los múltiples incidentes que se producían.
Los vecinos de la antigua comisaría de Miguel Rosas ya no saben qué hacer para que el Ayuntamiento intervenga y acabe con las peleas y los gritos entre vendedores y compradores de droga que se producen casi a diario. Además de los enfrentamientos con machetes y cuchillos, los habitantes de la casa están provocando un problema de salud pública, debido a la acumulación de basuras en varios puntos del edificio, una situación que propicia además la presencia de moscas y mosquitos.
La casa sufrió un incendio en noviembre de 2020 y los bomberos tuvieron que desalojar a doce personas. En aquel momento se habló a los vecinos de un desalojo inminente del inmueble, pero al final sólo se inutilizó una parte y las cosas han seguido igual.
La policía ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones, debido a peleas y agresiones y a las llamadas de los vecinos, cansados de no poder dormir.
La Sareb indicó en abril de 2020 que estaba pendiente de la orden del juez para desalojar el edificio. Al respecto aseguraron las fuentes del banco malo que la ocupación de la antigua comisaría había sido denunciada en 2016 y que estaban a la espera de que finalizara el procedimiento penal para el desalojo de los okupas. Este periódico ha intentó hablar de nuevo, sin éxito, con la Sareb para conocer qué ha pasado con aquel procedimiento penal del que habló hace más de un año.
Mientras tanto, los vecinos no entienden como las autoridades no intervienen en un inmueble en el que es más que evidente que se trapichea con narcóticos. Hace unas semanas denunciaban que Miguel Rosas «se ha convertido en la calle sin ley, con puñaladas, atracos, amenazas, tráfico de drogas a plena luz del día, prostitución dentro de la comisaría y gente echándose los boliches en las puertas de nuestras casas». El edificio de la antigua comisaría de Miguel Rosas pasó a manos del Ayuntamiento en 2004 cuando se fue la Policía Nacional. El consistorio lo subastó por 2,3 millones a una inmobiliaria que quebró y terminó en manos del banco malo, que intentó venderlo en 2016 por 917.000 euros.
