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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Cuando Tafira quiso ser independiente

Un grupo de 68 vecinos del pueblo capitalino solicitaron en 1871 segregarse como municipio, sin éxito

Vista general de la zona de El Tanque de Tafira en 1900, hoy Tafira Alta. Fedac

Un grupo de 68 vecinos de Tafira y Marzagán intentaron en 1871, hace ahora 150 años, segregarse como municipio de la capital. El asunto llegó a Madrid, sin éxito, en los inicios de la I República.

Año 1871. España y Canarias en particular están sumidas en mitad de un cambio político, social y económico. Amadeo I de Saboya asume su primer año como rey, se escuchan tambores de republicanismo, el pleito insular enfrenta a las élites de Gran Canaria y Tenerife y el negocio de la cochinilla está en todo su esplendor. En este contexto, un grupo de 68 vecinos de los pagos de Tafira y Marzagán reclamaron el 19 de diciembre de dicho año, mediante escrito remitido a la Comisión Provincial de Canarias -con sede en Santa Cruz de Tenerife-, la segregación de su territorio del municipio de Las Palmas. Este proceso culminó sin éxito a comienzos de 1874 tras la intervención del Ministerio de la Gobernación, ya en plena I República; por lo que dejó a los impulsores de la iniciativa sin sus ansias de independencia.

Han pasado 150 años de tal efeméride y poco tiene que ver la Tafira actual con aquel pueblo de campesinos. Según la descripción que hacen los historiadores Candelaria González Rodríguez y Javier Sosa Henríquez en Aproximación al estudio poblacional de los pagos de Tafira y Marzagán en el siglo XIX, ambas localidades se distinguían por un carácter rural «más acentuado» que el resto del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, con un población dedicada a la agricultura y relativamente alejada de la ciudad, hecho que propició, indican, este fracasado proyecto de segregación.

Aquel 19 de diciembre de 1871, un grupo de vecinos de Tafira y Marzagán, encabezados por Tomás Suárez de la Coba, solicitó la segregación del terreno equivalente a la parroquia de Tafira -creada en 1847- y cuyos límites estaban en la Vega de San José, Barranco Seco y el Guiniguada; el municipio capitalino habría quedado restringido a la franja costera de Vegueta a La Isleta, ya que el resto correspondía al extinto San Lorenzo. Además, propusieron el núcleo de El Tanque -actual Tafira Alta- como cabeza del nuevo ayuntamiento.

Iglesia, escuela y ayuntamiento propios

Las ansias por lograr un gobierno local propio en Tafira venía de atrás. Javier Campos Oramas reseña en su libro La parroquia de Tafira (1847-1957) varios intentos en la primera mitad del siglo XIX, correspondientes con la petición a las autoridades para crear una parroquia en la localidad. Una de las primeras correspondería con la que hizo Miguel Magdaleno Sandoval en 1816, en la que solicitaron iglesia, escuela y ayuntamiento propios. «La idea era, si la Iglesia reconoce que tenemos autonomía, la administración debería hacer lo mismo», apunta.

El Ayuntamiento de la capital recurrió al Gobierno central para suspender el trámite de segregación de Tafira

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Los vecinos lograron parroquia propia en 1847, pero el resto de sus reivindicaciones quedaron en el cajón. Habría que esperar a la década de 1870 para que volvieran con fuerza, al calor de la Revolución Gloriosa de 1868. A diferencia de otras ocasiones, la petición de segregación de 1871 prosperó en su primer trámite. La Comisión Provincial solicitó al ayuntamiento de Las Palmas un informe que certificara el número de habitantes de la zona y la riqueza de estos pagos, datos necesarios para tramitar la segregación en base a la Ley municipal de 1868.

 La legislación establecía que una localidad podía segregarse de otra siempre y cuando: tuviera más de 200 vecinos -que no habitantes, pues solo se tenían en cuenta a los hombres con derechos-, que el pueblo justifique que podrá sufragar los gastos municipales, que la solicitud la haga la mayoría de la población y que se trate de caseríos o aldeas sitos a distancia de la cabeza municipal. González Rodríguez apunta que en los datos que aportaron tanto los segregacionistas como el Ayuntamiento capitalino «se observan desfases muy marcados», en favor de una u otra postura. Lo cierto es que el pueblo reclamaba entonces escuela pública y cementerio, pero dichas infraestructuras no llegaron hasta principios del siglo XX.

Boletín Oficial de Canarias, 27 de febrero de 1874 LP/DLP

«Desde este primer momento el Ayuntamiento [de Las Palmas] muestra su oposición a esta tentativa segregacionista», indican los historiadores. Es más, el Consistorio dudó de la legalidad del proceso, de ahí que recurriera al Gobernador provincial. Tras varias peticiones, envió el informe en agosto, donde expresaba «su disconformidad». Negaron la afirmación de los vecinos, que aseguraban que Tafira estaba «sin autoridad» y que era una zona insegura; consideraron que la riqueza de los pagos «no da lo suficiente para cubrir un presupuesto municipal» y precisaron la necesidad de conocer «si realmente la mayoría» estaba a favor.

La encuesta llegó a finales de año. Los historiadores recogen que el 47,4% de los vecinos de Tafira estaba a favor y en Marzagán tan solo el 9,6%. Pero, «lo más significativo», puntualizan, es que los que realizaron el documento indicaron que «nadie estuvo en contra». Un dato que asocian «a la manipulación de la voluntad popular», algo tan corriente en los tiempos del caciquismo.

Las Palmas habría visto mermada su superficie y población, en detrimento de Santa Cruz de Tenerife

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El Ayuntamiento capitalino se vio así obligado a recurrir al Gobierno Supremo de la Nación y solicitar que decretara la suspensión del acuerdo de la Comisión Provincial. Y es que la segregación de Tafira habría mermado la superficie y el presupuesto de Las Palmas, poniéndola en detrimento de su rival, Santa Cruz de Tenerife. De hecho, las actas del pleno municipal de mayo de 1873, señalan que el Consistorio ya estaba en crisis y este se vio abocado a cortar el alumbrado público de gas de las calles al no poder sufragarlo. «La precariedad de las cuentas fue una constante durante todo el siglo XIX», precisa González Rodríguez.

«Arrepentidos de firmar semejante petición»

En ese mismo pleno de 1873, uno de los concejales resaltó que varios de los vecinos «estaban «arrepentidos de firmar semejante petición». Siete de los nueve ediles -contando con el alcalde, Hurtado de Mendoza- acordaron presentar un recurso de alzada al Gobierno central. Tan solo hubo un voto en contra, el del republicano federal Donato Oramas, quien apuntó que estaba a favor de «que no se le quiten los derechos individuales a cada pueblo». «La descentralización que favoreció el Sexenio Revolucionario propició este tipo de intentos de emancipación por diferentes localidades en toda España», precisa la historiadora González Rodríguez.

El Gobernador provincial apuntó en junio de 1873 que la Comisión carecía de competencias y el proceso empezó a desmoronarse. El Gobierno de la República declaró nulo el expediente el 25 de diciembre de 1873, hecho que recoge el Ayuntamiento de Las Palmas en acta en marzo de 1874. El Ministerio de la Gobernación manifestó así que el proceso «no debió pasar de los primeros trámites» por falta de acuerdo entre los interesados, que la urgencia del caso «no existía», que la Diputación Provincial -en Tenerife- no tenía competencias al respecto -estas eran de Madrid-; y que el Gobernador no debió comunicar el acuerdo de la Comisión para su cumplimiento, «debiendo haber declarado que no consentía la desmembración de Las Palmas».

La historiadora recalca, a modo de hipótesis, que este proceso respondió a «unos pocos vecinos» con intereses de «ascender» en la política desde lo municipal, y que entra dentro de las lógicas federalistas y de dar autonomías a los territorios de dicho periodo en la historia de España. Aún así, «es difícil creer que de una población rural como la de estos pagos surgiera tal iniciativa». Es más, buena parte de las tierras agrícolas de Tafira estaban en manos de familias pudientes de Vegueta y Triana, por lo que, sugiere González Rodríguez, «no les convendría» que fuera independiente; el trasfondo del pleito insular con Tenerife haría el resto para evitar la pérdida de territorio y de población.

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