Con el año 2030 como horizonte, Las Palmas de Gran Canaria busca reducir un 40% las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en los próximos años. Para ello, el Ayuntamiento aprobó en la última sesión plenaria del año el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, un extenso informe que incluye una amplia batería de medidas con el objetivo de mitigar y adaptar la ciudad a las consecuencias que produzca el cambio climático.
La concejala del área de Sostenibilidad Ambiental, Belén Hidalgo, apuntó durante su intervención en el pleno que este plan busca «con acciones directas y no con simple retórica». El plan tuvo que ser aprobado por la vía de urgencia, puesto que, según la edila, el plazo para enviarlo a la Comisión Europea expiraba este viernes. Para ello, el informe desgrana hasta 59 medidas de mitigación y 17 de adaptación en materia de limpieza, alumbrado, aguas, urbanismo, transportes, turismo o administraciones públicas. Un paquete de proyectos con un presupuesto estimado de 424 millones de euros a realizar en la próxima década en distintas fases.
El plan forma parte del Pacto de las Alcaldías, una iniciativa alentada por la Comisión Europea y a la que se han adherido 10.500 localidades de 61 países. Hidalgo matizó que el resto de municipios de la Isla ya han materializado sus respectivos planes pero «ninguno tan amplio y ambicioso como este». La idea será que la ejecución del mismo este monitorizada cada dos años, indicó. Habrá especial hincapié en la modernización del ciclo del agua, la movilidad sostenible o la eficiencia energética en los edificios públicos.
Según el informe incluido en el plan, la ciudad lanzó a la atmósfera 1.489.605,19 toneladas de dióxido de carbono en 2017, un 0,5% menos que en 2012, cuando la cantidad ascendió a 1.497.012,74. Dentro de esta cantidad, el transporte supone el 39% de las emisiones; los edificios residenciales el 27,7%; los establecimientos turísticos, la hostelería y el comercio un 11,2%; y los residuos un 9,5%.
Los técnicos, para realizar el informe utilizaron como año de referencia 2012. Esto provocó las críticas de la oposición en el debate plenario, por haber quedado atrás en el tiempo. Además, criticaron las prisas de la tramitación -se modificó el orden de la sesión por la vía de urgencia- y que haya ido a pleno sin pasar por Comisión de Pleno previamente, tal y como apostilló el viceportavoz popular Ángel Sabroso.
«Nos trae un plan que, en gran medida, señala que tiene que dirigirlo la Agencia Local de la Energía (ALGE), cuando han anunciado que va a desaparecer», señaló el portavoz de CC, Francis Candil. A juicio de Sabroso, esto supone un «fracaso absoluto» en la política medioambiental del tripartito. Aún así, el plan contó el voto favorable de los dos ediles de Coalición Canaria y con la abstención de los populares, Ciudadanos y los tres ediles no adscritos.
