Los representantes de seis entidades de reparto del Banco de Alimentos reclamaron este jueves al alcalde Augusto Hidalgo que les permita volver a utilizar los locales municipales en los que la mayoría distribuían alimentos a las personas necesitadas hasta que el Ayuntamiento les notificó el cierre de los locales y la entrega de llaves sin «notificación previa».
Las organizaciones atendían hasta ahora, según aseguran, a unas 1.500 familias de los barrios del Barranquillo de Don Zoilo, Arenales, Zárate, La Isleta y Las Coloradas y Schamann y Las Torres entre otros. La mayoría de estas ONG continúan adelante con su labor de reparto de alimentos, alquilando por su cuenta los locales, mientras que otros han conseguido la ayuda de empresas privadas.
«No podemos dejar de repartir porque vemos la gravedad de la situación. Pagamos el transporte y el alquiler. Somos todos voluntarios y solo pretendemos ayudar a mejorar la sociedad», aseguraron. «Lo más incomprensible», consideraron este jueves en una rueda de prensa en el parque de Don Benito, es que «el Ayuntamiento nos sigue derivando personas». Añadieron que además de entregar alimentos están realizando labores de inserción.
Algunos locales, como el de Zárate, lo cerraron hace meses, pero en la actualidad están clausurados los 120 locales municipales por el nivel tres de la pandemia, un argumento que las ONG no comparten. «Durante el confinamiento nos mantuvimos todos abiertos repartiendo comida y se hizo una gran labor. No entendemos a qué viene este cierre ahora», subrayaron.
Isabel Alfaro, portavoz de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, señaló que no son sólo dos entidades, como ha dicho el alcalde Augusto Hidalgo. «Somos muchas más. Representamos a mucha gente que está necesitada. Lo único que pedimos al gobierno municipal es que nos tenga en cuenta y que reconsidere el error que está cometiendo cerrando los locales, algo que afecta a la población más necesitada, porque la comida no está llegando a muchos hogares, una situación que se ha agravado a consecuencia de la pandemia», aseveró Alfaro, quien añadió que «no sólo están cerrando locales de reparto de comida, también de ocio y de reunión de personas mayores. Sin embargo, hay otros que están abiertos. Queremos decirle al concejal de Participación», Prisco Navarro, que «nosotros también formamos parte de esta sociedad».
Se quejó de que su local del Barranquillo de Don Zoilo fue cerrado «sin previo aviso, quedando documentación dentro de mucha importancia para la regularización de muchas personas».
Las entidades se quejaron también de que ningún responsable del Ayuntamiento «se ha dignidad» a recibirles para darles alguna explicación.
«Ellos se creen», denunció José Antonio Martín, portavoz de la Asociación de Pensionistas y Jubilados y la asociación de vecinos de La Isleta, «que los locales sociales son del Ayuntamiento. Son administradores de los bienes del pueblo. Lo que no pueden hacer es mandar una circular para que le entreguemos la llave, con documentación de cada colectivo dentro. Esto es de juzgado de guardia».
Por su parte, Israel Medina, de la asociación cultural Cofiris relató: «A nosotros nos expulsó en octubre pasado del local que teníamos en Zárate. El Ayuntamiento ha prohibido que nos deriven familias. No aclaran por qué ni nos responden por escrito. Durante el confinamiento triplicamos el número de familias que nos derivaban los servicios sociales. Pero ahora dicen que el local está en ruinas y que se van a hacer obras y el local sigue cerrado. Si está mal, por qué no lo arreglan. Es el mismo argumento para todos los colectivos» a los que se ha retirado el local. «Somos muchos más de dos asociaciones y representamos a mucha población. Es lo que quiero que le quede claro al alcalde y a la concejal de Servicios Sociales, que no da la cara», dijo Medina.
El local de reparto de la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales (Avesar) ha sido cedido por una empresa privada. «LLevamos cinco años reclamando un local», aseguró José Antonio Silva, presidente de Avesar. «La concejala nos prometió un local, pero seguimos esperando. Nos dijo que si fuera para una murga lo tendría mañana.
"Sólo se han cerrado dos locales porque no reunían las condiciones. Ahora están todos clausurados debido al nivel tres de la pandemia. Todas las personas que necesitan una ayuda la reciben"
Por su parte, el alcalde Augusto Hidalgo rechazó las denuncias de las ONG. Destacó que en la capital hay «más de 70 entidades de reparto. Sólo se han cerrado los locales de dos asociaciones porque no tenían permiso para ello y no estaban habilitadas para repartir comida en condiciones. Además, ahora están todos cerrados» por el nivel 3 de la pandemia. Hidalgo añadió que las asociaciones que reparten alimentos tienen que suscribir un convenio en el que garantizan al Banco de Alimentos en el que «su solvencia económica y su capacidad para transportar y tener un local propio».
«Garantizamos», sostuvo, «que absolutamente todas las personas que necesitan una ayuda urgente de alimentos la reciben por la vía de la tarjeta o derivados a los 70 centros que están funcionando. Nadie se queda sin ser atendido. Nosotros somos los que derivamos a a los centros».
Alquileres y donaciones
Barranquillo de Don Zoilo: 160 familias
La Federación Nacional de asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, Isabel Alfaro, asegura que atiende a 160 familias, que representan a 460 personas. Desde que le cerraron el local tiene que alquilar un cuarto cuando hacen el reparto, que les cuesta 50 euros al día, una cifra que se eleva a 130 eros con el transporte.
Arenales: 840 familias
La Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales asegura atender a 840 familias. Nunca ha tenido local municipal. En la actualidad reparte en un local cedido por una empresa privada
La Isleta: 400 familias
José Antonio Martín señala que atiende a 400 familias y asegura haber recibido una notificación donde le instaban a la entrega de las llaves.
Zárate: 50 familias
La asociación Cofiris sigue atendiendo todavía a familias que el Ayuntamiento les envió en su momento, antes del cierre, porque la carta de derivación no ha vencido aún. La Caixa les ha cedido un furgón para hacer el reparto. «Las que me derivaban a mí, tienen que ir ahora a El Fondillo», asegura Israel Medina.
