Las demandas de ayudas para pagar el alquiler se dispararon el pasado año en la capital grancanaria debido a la crisis provocada por la pandemia. En total, la Concejalía de Urbanismo concedió en 2021 subvenciones a un total de 876 familias para abonar la renta, un 74% más de las 504 solicitudes que fueron atendidas en 2020.
El dinero destinado en 2021 a las familias vulnerables para pagar la renta alcanzó 1,36 millones el 30 de noviembre pasado, una cantidad que según el responsable de Urbanismo, Javier Doreste, rozó los 1,5 millones presupuestados cuando finalizó el ejercicio.
Los desahucios obligaron a conceder 43 ayudas extraordinarias, justo la mitad de las que se distribuyeron en 2020, en el que el Ayuntamiento intervino en 87 casos, un conjunto de situaciones dramáticas en las que cerca de 100 familias fueron expulsadas de sus hogares, en su mayoría alquilados.
Doreste indicó que en 2020 «hubo un repunte terrible de los desahucios, que bajó al año siguiente. En 2021 hemos concedido 43 ayudas extraordinarias», motivadas por los desalojos, «pero hay que tener en cuenta que los 87 casos excepcionales de 2020 han pasado a formar parte de las ayudas ordinarias que se concedieron el pasado año», mediante las cuales pueden hacer frente al abono de la renta desde el 1 de enero del ejercicio en curso. En el año en el que se desató la pandemia, las ayudas extraordinarias debido a los desahucios representaron el 13,31% del total de solicitudes recibidas.
En los últimos seis años, el Ayuntamiento ha intervenido en más de 500 casos de desahucios, bien evitándolos a través del pago de las deudas contraídas con las familias o ayudándoles a abonar la renta del nuevo inmueble tras ser expulsados.
«Sigue habiendo entre 45 y 50 casos de desahucios en los que intervenimos cada año. En algunos casos pedimos al juzgado que paralice la ejecución hasta encontrar una solución habitacional;en otras ocasiones conseguimos que el propietario acepte que se le pague la deuda y renueve el contrato», señala el edil. Sin embargo, en muchos casos el propietario se mantiene en su decisión de no renovar el contrato.
La mayoría de las subvenciones van dirigidas a mujeres, el colectivo que más sufre la falta de casa
Y es que, según el Diagnóstico Municipal sobre las Características Económicas y Demográficas de las Viviendas de la capital grancanaria que encargó el Ayuntamiento, muchos desahucios se producen no por falta de pago de los inquilinos sino porque los caseros quieren subir el precio del alquiler.
Dicho diagnóstico sostiene, basándose en los datos aportados por los servicios sociales, que las ayudas económicas en materia de vivienda registraron un aumento en 2017 y al siguiente año comenzaron a disminuir hasta que en 2020 volvieron a registrar un repunte, debido al covid.
La mayoría de las solicitudes de ayudas provienen de los equipos de atención a la familia y la infancia, así como de atención a mujeres. «Según el informe aportado por Servicios Sociales, se trata de familias con menores, mujeres víctimas de violencia de género y mujeres en general, por lo que son estas el colectivo más afectado» por la falta de vivienda.
Ayudas denegadas
Del total de 1.818 solicitudes recibidas, fueron denegadas un total de 944 porque no reunían los requisitos exigidos. Entre ellas, destacan los 421 solicitantes a los que se denegó la subvención por no completar la documentación requerida. Doreste subrayó que se trata de casos relacionados con picaresca, de personas que no están empadronadas en el municipio o que superan la renta mínima exigida. Una de las condiciones que se exige es llevar como mínimo un año empadronado en la capital grancanaria para evitar que vengan personas de otros municipios a acogerse a la ayuda. «Hubo gente que pidió la ayuda para alquilar una casa en Teror. Hay gente que no entrega los datos del padrón porque están registrados en otro municipio. Ono aportan los ingresos de la unidad familiar porque ganan más. Y luego están los que tienen un contrato de alquiler en negro. Cuando la gente no entrega la documentación es porque no reúne los requisitos», explicó.
El resto de las solicitudes rechazadas fue por superar los ingresos (168 casos); por no estar empadronados (137); superar el alquiler (38);por no presentar el contrato de alquiler (31) renuncia del peticionario (28), fallecimiento (2);por tener vivienda en propiedad (3) y por tener derecho a compra (2). También se rechazaron 108 solicitudes por haber cubierto el plazo de haber recibido la ayuda para pagar el alquiler durante dos años. Por haber cubierto el plazo extraordinario, se rechazó una petición y otra más a un solicitante porque era adjudicatario de una vivienda social.
El consistorio paga hasta el 90%
La Concejalía de Urbanismo ha mejorado las condiciones para acceder a las ayudas de alquiler, aumentando el porcentaje de alquiler que se paga a las personas que reciben la ayuda y también ha incrementado los niveles de renta, en relación al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), para posibilitar que se pueda acoger un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad social.
Así, en lugar del requisito que exigía a las familias no superar en más de un 0,25% el Iprem, ahora se permite hasta el 1,50% de este índice, establecido en 8.106 euros anuales. Además se aumentan los ingresos por miembro de la unidad y se incrementa también el porcentaje del alquiler que paga el Ayuntamiento desde el 75% actual hasta el 80%. En los casos excepcionales de vulnerabilidad social, el consistorio pagará hasta el 90%.
El plazo de presentación de solicitudes empezó el pasado 2 de enero y se mantendrá abierto hasta el 28 de febrero, salvo en las situaciones de urgencias como la pérdida de la vivienda habitual, procedimientos judiciales o situaciones sobrevenidas, en las que las ayudas se podrán pedir durante todo el año. La subvención se conceden durante seis meses, aunque se pueden prorrogar en los casos más urgentes hasta dos años.
