La huelga convocada ayer por los letrados de la Administración de Justicia a nivel nacional, ha obligado a suspender cientos de juicios en Canarias. Los funcionarios pararon como medida de presión para que el Ministerio de Justicia acceda a negociar con ellos una subida salarial acorde a las nuevas funciones que les asignaron desde 2009.
Así lo ha informado el delegado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Carlos Sánchez, quien destacó que en la provincia de Las Palmas se aplazaron en su mayoría pleitos en los juzgados de lo Social, a excepción de tres de estos órganos que sí celebraron. De hecho, según los datos facilitados por la secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ), en la provincia de Las Palmas el 34% de los letrados se declararon en huelga.
Así, el total de funcionarios convocados en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura fue de 112, de los que 28 se encontraban de baja y/o ausentes. Mientras que, en servicios mínimos habían 30, 38 acudieron a la huelga 38 y 16 no participaron. En la capital grancanaria la reivindicación tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia, donde decenas de letrados, en su mayoría mujeres, se concentraron para exigir «dignidad y respeto» tal y como lo habían anunciado en un comunicado de prensa el pasado viernes.
«De nosotros depende que se celebren las vistas orales», señala Inés Herreras
Rebeca Parrado, letrada del Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, resaltó que han sido «múltiples los motivos» que les han llevado a realizar este parón. «El primero es la reclamación colectiva propia para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia», señaló, al tiempo que explicó que en la actualidad esta negociación colectiva la tienen «atribuida» los sindicatos de funcionarios de Justicia. Por tanto, defienden que estos «no representan nuestros intereses. Se centran fundamentalmente en los cuerpos generales de la Administración, como son los de los de los gestores y tramitadores de auxilio judicial». Por tanto, entienden que, «como responsables de los cuerpos y directores de la oficina judicial», deberían tener una «negociación colectiva propia, dado que puede existir un conflicto de intereses a la hora de que sean estos mismos sindicatos los que asuman nuestra representación».
Por su parte, Inés Herreras letrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, manifestó que la segunda reivindicación principal que hacen es la adecuación salarial. «Hay que dejar claro que no queremos una subida de sueldo, no pedimos eso, simplemente que se nos pague por las funciones que hemos venido asumiendo desde el año 2009», recalcó.
Y es que Herreras recordó que consiguieron que en la Ley 11/2020, de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.021, se les reconociera la adecuación salarial acorde a las nuevas funciones que han asumido tras la reforma. Asimismo, recalcó que de los letrados de la Administración depende que «se celebren los juicios», ya que son ellos quienes citan a las partes para la vista oral, los que se encargan de que estén las pruebas documentales y visuales preparadas para reproducirse, que las sentencias que los jueces dicten se notifique a las partes, que los fallos se cumplan. «Es nuestra responsabilidad que, si se condena una indemnización, esta se pague o se acuerde el embargos y/o subasta, también requerimos los ingresos en prisión. Llevamos el peso fundamental de los órganos judiciales y pedimos cobrar en función a eso», reiteró.
Las letradas destacaron que esta huelga es un «sentir general del colectivo» que ha sido apoyado por las asociaciones judiciales: Foro Judicial Independiente, Asociación Francisco de Vitoria y la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. De hecho, esta última, en su delegación de Canarias, envió un comunicado en el que destacan que «la relevancia de la función que desempeña el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia merece la máxima atención por parte del Ministerio de Justicia».
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se sumaron a la huelga el 36% de los 94 letrados convocados. Además, 24 estaban de baja y/o ausentes. 24 se encontraban cumpliendo con los servicios mínimos, 12 no participaron y 34 cumplieron con el paro. Finalmente, explicaron que su intención no es afectar al ciudadano, pero aseguraron que las protestas continuarán si el Ministerio de Justicia no se sienta a negociar con ellos.
