La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como banco malo y propietaria de la vieja comisaría de la Policía Nacional de la calle Miguel Rosas, está pendiente de que el juez dicte la orden de lanzamiento de las personas que ocupan desde hace más de cinco años el edificio.
Así lo ha asegurado un portavoz de la sociedad, quien añadió que la Sareb denunció ante el juez la ocupación del inmueble hace un año. El Ayuntamiento ha abierto varios expedientes al banco malo, desde 2017, por el abandono en el que se encuentra el inmueble, cuyos ocupantes traen en jaque a los vecinos por las escandaleras, peleas, tráfico de drogas y las basuras que se acumulan en el edificio, que ya ha sufrido un incendio.
Los problemas de inseguridad y de salud pública que provocan los ocupantes del inmueble -más de una decena de personas que van cambiando según la época- protagonizaron ayer un debate en la comisión de pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General, tras la presentación de una moción del viceportavoz del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, para que el Ayuntamiento actúe de manera urgente y resuelva el problema, antes de que ocurra una desgracia.
El último incidente grave en el que intervino la Policía Nacional en la antigua comisaría tuvo lugar el pasado 2 de enero, cuando un joven fue detenido por agredir con un cuchillo y un serrucho a un ocupa de la antigua comisaría, provocándole cortes en el cuello y en la espalda, tras un enfrentamiento por una de las habitaciones.
Los vecinos aseguran que peleas como esta se producen con demasiada frecuencia y se muestran impotentes ante la falta de actuación del Ayuntamiento. La moción popular fue aprobada por unanimidad, incluidos los representantes del gobierno municipal porque, según aseguró el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, lo que plantean los populares va en la línea de lo que «está haciendo» su departamento.
Íñiguez aseguró que «ya hay una orden de desahucio que a última hora paralizó el juez y estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible».
En palabras del responsable de Seguridad, el Ayuntamiento le ha ha abierto un expediente a la Sareb por el abandono del edificio «desde 2016, con tres sanciones, la última de las cuales se ha impuesto a finales del pasado año».
Tras referirse a las «dificultades» del Ayuntamiento para contactar con los propietarios del inmueble, Íñiguez indicó que su departamento va a «liderar» la solución del problema, «trabajando temas de salud pública, protección del paisaje y seguridad. Hay una unidad especial desplegada en la calle, haciendo acopio de la documentación necesaria para darla a su señoría y poner solución a este problema y actuar de forma subsidiaria», cerrando y tapiando el inmueble, «si fuera necesario. Hemos intentado entablar conversaciones con la propiedad y ha sido infructuoso, aunque seguimos en ello».
El concejal estuvo de acuerdo con la afirmación de Sabroso de que la ocupación de esta vivienda no «tiene nada que ver con la búsqueda de una solución habitacional», al tiempo que se mostró «muy sensible» con el «drama que viven los vecinos» de la calle, quienes vienen denunciando la situación desde hace más de cinco años sin obtener solución. Algunos residentes se refieren a la comisaría como un centro de trapicheo de droga y delincuencia.
Por su parte, Sabroso consideró que «no se puede estar cinco largos años con esta situación y decir que se está en ello porque lo que padecen los vecinos del entorno es injustificable».
«No queremos», añadió, «sanciones a los propietarios. Entren con ellos allí y saquen a las personas que están dentro de forma temporal o coyuntural. Sáquenlos de allí por su propia seguridad. Limpien eso, déjenlo como una patena y tápienlo. Eso es lo que hay que hacer. Tienen razones más que sobradas para intervenir de manera urgente, aunque solo sea por la propia seguridad de los que están ahí dentro y también de los que viven en el entorno».
Sabroso añadió que el Ayuntamiento también se tiene que ocupar, una vez se resuelva el problema de la comisaría, de la «seguridad y condiciones de dignidad en la que viven las usuarios del centro de personas sin hogar Gánigo. Hay que mejorar las condiciones de vida de los residentes de Gánigo, que no reúne condiciones para seguir alojando a esas personas», sostuvo.
