La Policía Nacional retoma los controles policiales en las inmediaciones de la antigua comisaría de Miguel Rosas, en pleno centro turístico de la capital grancanaria, después de los últimos altercados que denunció la población residente tanto el viernes como el lunes por la noche, y que se produjeron una vez los agentes abandonaron el lugar. Unas quejas ciudadanas que han ido in crescendo en los últimos tiempos respecto al recinto abandonado, en el que hay presencia okupa desde el año 2016, y que han provocado que los agentes hayan decidido incrementar su presencia en esta zona, a mitad de camino entre el parque Santa Catalina y la playa de Las Canteras.
El último de estos grandes controles rutinarios, al cierre de esta edición, se produjo el martes por la tarde-noche, cuando varios vehículos policiales se personaron en la puerta de la antigua comisaría y llevaron a cabo cacheos a quienes se encontraban en el interior. Según confirmaron este miércoles fuentes policiales, se trató de «labores propias de prevención» en las que participan, tanto la Unidad Ciudadana como los miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). «Como se están produciendo muchos sucesos y hay muchas quejas ciudadanas en esa zona, hemos incrementado la presencia y cada dos por tres estamos haciendo controles para garantizar la seguridad, evitar y prevenir robos y demás acciones», detallaron desde el Cuerpo de seguridad.
En el del martes, no obstante, no encontraron «nada relevante», por lo que fue un control rutinario más «de los muchos que se están haciendo, ahora con más asiduidad por la situación», explicaron las fuentes consultadas.
El Consistorio tardó en actuar cuatro años tras el primer requerimiento de un vecino de esta zona
La Policía Nacional ya estableció una vigilancia permanente ante la antigua comisaría ocupada de la calle Miguel Rosas tras una pelea con palos y piedras que tuvo lugar hace algo más de una semana. Y es que los vecinos han lamentado en los últimos tiempos que la situación en esta zona de la capital se ha vuelto insostenible, y que les resulta imposible vivir en la calle, no solo por las peleas y la insalubridad, sino también por las amenazas que aseguran haber recibido de los okupas.
De hecho, la población residente también critica que realmente la Policía estuvo «un par de noches» desde la gran trifulca de hace diez días, realizando cacheos a todas las personas que entraban o salían del recinto en estado de abandono, pero que este fin de semana volvió a haber «jaleo». También la noche del lunes al martes, por lo que los residentes volvieron a pasar la madrugada en vela, entre las 4.00 y las 5.00 horas.
Edificio en riesgo
Los problemas en el inmueble del número 25 de la calle Miguel Rosas se fueron desvelando a raíz de una primera denuncia vecinal en febrero de 2016, tras ser abandonado por la Policía. En aquella fecha, los residentes requirieron presencia policial por altercados con algunas personas que ocupaban el edificio, primer momento en el que salió a la luz que los okupas habían entrado dado su estado de abandono total. La antigua comisaría, que es propiedad del denominado ‘banco malo’, la Sareb, se construyó en 1944, por lo que tiene 78 años de antigüedad.
No es hasta 2020, cuatro años después, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realiza el primer informe técnico en el que detecta una serie de problemas en el inmueble que requieren una reparación urgente, por lo que notifica a la Sareb la necesidad de que los lleve a cabo a la mayor brevedad posible. Pero el ‘banco malo’, tras una visita de su personal al lugar, responde que, ante la presencia de ocupantes que «no son pacíficos» y que no permitirían llevar a cabo las actuaciones solicitadas, por lo que proceden a pedir un alzamiento judicial y que, una vez «disponga de la posesión del activo, procederá a realizar los trabajos inmediatamente».
Es decir, la Sareb no entrará a resolver los problemas encontrados en el inmueble hasta que no sea desalojado. Los desperfectos que tendrían que solucionar, según el informe municipal, tienen que ver con el saneamiento de volados y revestimientos de las fachadas, la impermeabilización de la cubierta y la revisión del estado de las instalaciones para la evacuación de aguas pluviales. De hecho, el Ayuntamiento llegó a tasar en unos 5.100 euros el coste de la actuación en la vieja comisaría. Además, ha impuesto hasta la fecha hasta diez sanciones al ‘banco malo’ por incumplir la orden de ejecución de las obras necesarias para asegurar el edificio, por valor de 509,07 euros, aunque únicamente se han llegado a girar cuatro de ellas.
Sendos informes de los Bomberos y de la Policía Local alertan desde 2020 del riesgo del inmueble
En noviembre de 2020, un incendio en el interior del edificio provocó el desalojo de hasta 12 personas en un inmueble contiguo, que alberga un centro de acogida. A raíz del siniestro, el cuerpo de Bomberos capitalino elaboró un informe en el que dejó claro que suponía un riesgo tanto para sus ocupantes como para el resto de vecinos colindantes. Según el documento, la vieja comisaría se encontraba en ese momento «deteriorada y en condiciones deficientes para su uso, sin condiciones de seguridad, salubridad y ornato, tanto por las lesiones que presenta como por la acumulación de basura en su interior». Y que esa abundancia de residuos, además de perjudicar las condiciones de habitabilidad del inmueble, también provocaba una propagación más rápida del fuego en caso de incendio.
También la Policía Local elaboró otro informe en el que reseñaba que en el interior del edificio viven «múltiples personas que se encuentran en la indigencia», y que el propio Cuerpo había tenido que acudir en varias ocasiones por «reyertas entre sus moradores, molestias ciudadanas y otros servicios de seguridad ciudadana». Igualmente, indicó que el número 25 de la calle Miguel Rosas «no cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad y salubridad, existiendo acumulación de basuras, maderas, trastos y restos de defecaciones animales en el patio», por lo que solicitó la actuación municipal en el mismo. Quince meses después, el Ayuntamiento todavía no ha intervenido.
